Este año las Naciones Unidas, de las cuales formamos parte, celebramos el Día Internacional contra la Corrupción con el lema “Unidos contra la corrupción para el desarrollo la paz y la seguridad”. Además este año el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) han aunado fuerzas en la campaña internacional contra la corrupción, centrándose en cómo la corrupción tiene un impacto en la educación, la sanidad, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo.
De acuerdo a NNUU “la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades. Ningún país, región o comunidad es inmune. Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo…”
Posibles efectos de la corrupción en Panamá
Nuestro PIB en los últimos diez años fue de 287,400 millones de balboas. Pero de acuerdo a estimaciones globales del PNUD, el 5% pudo haberse quedado en los bolsillos de los políticos corruptos. Esa cifra equivale 14,400 millones balboas en los últimos diez años. Imaginemos el impacto negativo que la corrupción tiene en la un impacto en la educación, la sanidad, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo…
Sobre este tema escribí una publicación a principios de este año en el diario La Prensa y manifestaba que a pesar de las denuncias cotidianas de corrupción en nuestro país, los panameños nos la hemos arreglado para soportar, sin llegar a la violencia colectiva, los abusos de cometidos por nuestros gobernantes. No nos detenemos a pensar en la inmensa deuda externa que tendrán que pagar nuestros hijos, ni en el desarrollo que pudiéramos tener, si los recursos de esa bonanza no fueran expoliados como lo son, beneficiando principalmente el gobierno de turno, conformado la mayoría de las veces, por los millonarios de nuestra sociedad y sus aliados.
Pero en este último decenio, la desvergüenza y pérdida de pudor de nuestros políticos, supera con creces nuestros ya penosos antecedentes. Es probado y conocido públicamente que el pago de sobrecostos por las obras, la aceptación de coimas y la confección de contratos ilegítimos, han constituido el principal “modus operandi” utilizado por elementos de los tres Poderes del Estado para desfalcar al País. Para ello se han valido del nefasto clientelismo político, colocando en muchos altos cargos públicos a funcionarios inescrupulosos sin reparos a la hora de permitir y ser parte de la apropiación de los recursos pertenecientes al pueblo panameño. Como lo demuestra la historia reciente y es motivo de titulares casi diarios en nuestros medios de comunicación.
Esta descomposición institucional ha trascendido las fronteras y nuestro país es visto en el escenario internacional, como un país propicio para los negocios ilegales y el enriquecimiento ilícito. Las grandes potencias agrupadas en diversos organismos internacionales nos han etiquetado como “paraíso fiscal”, figuramos para nuestro descrédito en listas negativas y muchos nos acusan de no cooperar en la lucha internacional contra el blanqueo de dinero.
Necesitamos con urgencia romper la cultura de corrupción e impunidad, desarrollando, como afirma el PNUD, un enfoque de gobernanza total que incluya, entre otras cosas, la creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles; el fortalecimiento del Estado de derecho, garantizar el acceso equitativo a la justicia y el acceso público a la información.
Llamado a la acción contra la corrupción
Para finalizar los invito a conocer los componentes del “Llamado a la Acción” que nos hace NNUU para que cada sociedad, cada sector y cada ciudadano se una contra la corrupción en la vida cotidiana. Destaco la necesidad de “sensibilizar al público, los medios de información y los gobiernos en cuanto a los gastos que ocasiona la corrupción en servicios clave como la educación y la salud. Toda la sociedad se beneficia cuando los servicios básicos funcionan bien…”
El 3 de diciembre se celebró el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”. El tema del Día Internacional de este año es “Transformación hacia una sociedad sostenible y resiliente para todos“.
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, se estima que el 15% de la población, alrededor de mil millones de personas en todo el mundo, vive con una discapacidad. En la Región de las Américas, alrededor de 140 millones de personas viven con cualquier tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad enfrentan barreras para la inclusión en todos los aspectos de la vida: educación, empleo, vida social y política y salud. Como consecuencia, muchas personas con discapacidad no tienen acceso a la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En ocasiones, el estigma y la discriminación son la mayor barrera para la participación plena e igualitaria de las personas con discapacidad, incluido el acceso a los servicios de salud.
Si aplicamos estos porcentajes a Panamá obtenemos que 600,000 compatriotas viven con alguna discapacidad. Por su parte las cifras que ofrece la Contraloría General de la República a través de Instituto Nacional de Estadística y Censo, corresponden información obtenida durante el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, levantado el 16 de mayo del 2010 y están muy por debajo del estimado antes señalado, lo que hace suponer un serio subregistro de la información correspondiente a la discapacidad en Panamá.
Por su parte Naciones Unidas nos recuerda que la discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. Las personas con discapacidad, la «minoría más amplia del mundo», suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a la información o al transporte) y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados. Agrego que en Panamá ese no es el caso pues tenemos leyes y decretos vinculados a la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias, siendo la más reciente la Ley 15 del 31 de mayo de 2016.
Agrega Naciones Unidas que está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas discapacitadas, estas pueden participar activa y productivamente a la vida social y económica de sus comunidades. Por ello es necesario eliminar las barreras de la asimilación de los discapacitados a la sociedad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la existencia de estas barreras es un componente esencial de su marginación. La Convención subraya que la discapacidad es un concepto evolutivo «resultado de la interacción de las personas con disfunciones y de problemas de actitud y de entorno que socavan su participación en la sociedad».
La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Son las condiciones sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos. La Convención (artículo 9) pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. Solicita a los Estados que tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración.
Adicionalmente la Agenda 2030 se compromete a «no dejar a nadie atrás». Las personas con discapacidades, como beneficiarios y como agentes de cambio, pueden acelerar el avance hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, así como promover unas sociedades resilientes para todos, incluidos los ámbitos de la reducción del riesgo de desastres y la acción humanitaria, además del desarrollo urbano. Es necesario que los gobiernos, las personas con discapacidades y las organizaciones que las representan, las instituciones académicas y el sector privado trabajen en equipo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Lamentablemente no encontré información sobre la celebración en nuestro país. No obstante, hago votos porque el SENADIS, la población y todas las instituciones involucradas, aporten su grano de arena por la “Transformación hacia una sociedad sostenible y resiliente para todos” ¡porque más de medio millón de panameños viven con algún grado de discapacidad!
Este año el Día Mundial del Sida subrayará la importancia del derecho a la salud y los desafíos que enfrentan las personas que viven con el VIH para satisfacer ese derecho. En ese sentido, Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA, nos dice en su mensaje central que: “El derecho a la salud es un derecho humano fundamental…consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El mundo no alcanzará los Objetivos de Desarrollo Sostenible —entre ellos el de poner fin a la epidemia de SIDA para 2030…” Y agrega que “el derecho a la salud significa muchas cosas diferentes: que ninguna persona tenga mayor derecho a la salud que cualquier otra; que exista una infraestructura de servicios de atención sanitaria adecuada; que los servicios de atención sanitaria sean respetuosos y no discriminatorios, y que la atención sanitaria sea la adecuada en términos médicos y de buena calidad…”
Para complementar la campaña del Día Mundial del Sida 2017, la Organización Mundial de la Salud destacará la necesidad de que los 36,7 millones de personas infectadas por el VIH, y quienes son vulnerables o están afectados por la epidemia alcancen el objetivo de la Cobertura Universal de Salud, CSU. Bajo el lema «Cada persona cuenta», la OMS abogará por el acceso universal a servicios de atención sanitaria y a medicamentos seguros, eficaces, de calidad y asequibles, así como a medios diagnósticos y otros productos básicos para la salud, al mismo tiempo que se garantiza su protección frente a los riesgos financieros. Adicionalmente, en su nota 10 datos sobre el VIH/sida la OMS nos ofrece datos actualizados sobre la enfermedad y el modo de prevenirla y tratarla. (más…)
