Institucionalidad para el desarrollo: ¡avancemos sin demoras!

Desde los Acuerdos de la Concertación hasta Panamá 2030, construyendo la institucionalidad para nuestro desarrollo.Comparto con ustedes artículo que publiqué en La Prensa, en el cual llego a la conclusión que probablemente hayamos llegado todos, de que “tenemos suficientes elementos para fortalecer los cambios y la modernización de las instituciones, implantar la transparencia y rendición de cuentas en todo el aparato estatal”. Nos está faltando vencer la apatía y velar por el fortalecimiento de nuestra institucionalidad para el desarrollo con equidad de nuestro país. Pero vayamos sin más preámbulos al artículo.

Antecedentes

Ya en el año 2008 el PNUD subrayó en su III Informe Nacional de Desarrollo Humano Panamá 2007-2008 que: “Panamá tiene la singular oportunidad de dar un salto cualitativo al crecimiento económico con equidad y de enrumbarse hacia el desarrollo humano sostenible. No obstante, debe reconocerse, actuar frente a desafíos existentes y romper con una dependencia en la senda que ha estado vigente desde la época colonial y que, además, está probando ser insostenible”. Esas afirmaciones cobran especial vigencia en estos tiempos en los que gracias al Canal Ampliado y a la reciente relación con China para la promoción del comercio y las inversiones, nuestro crecimiento económico parece ir “viento en popa”. Pero, como destacaba el mismo Informe: “¿de qué vale el crecimiento económico si el mismo no va de la mano de la equidad, la participación, la ampliación de capacidades de la población y un mayor bienestar en la calidad de vida de los panameños y panameñas?

Casi diez años después, el doctor Carlos Guevara Mann en su excelente publicación, “Panamá: Luces y sombras en torno a la institucionalidad democrática”, nos recuerda la gran tarea pendiente al manifestar que “La expansión económica, a partir de las actividades de servicios, ha creado una bonanza para algunos pero no ha logrado un mejoramiento significativo en las condiciones sociales del país. Bajo la apariencia de prosperidad se esconden situaciones de consideración que pudiesen minar la estabilidad política que ha disfrutado el país durante dos décadas de democracia. En particular, el clientelismo y la corrupción, rasgos perdurables del sistema político, menoscaban el derecho de la ciudadanía a una buena representación, coartan las aspiraciones de justicia e impiden la selección de personal idóneo para enfrentar los importantes retos que se le presentan al país”.

Sin duda, como ya señalaba aquel informe de 2008, “en la base de nuestros desafíos está la institucionalidad del Estado como tal. La pobreza, la desigualdad y la exclusión social son consecuencia de un cierto tipo de instituciones y de una cierta manera de hacer las cosas”. Y agregaba que “Por sobre los intereses particulares, debe prevalecer la visión de Estado-Nación sin la cual es impensable una auténtica democracia. Pareciera entonces claro que “superar la desigualdad, es sin duda, un gran desafío para el país” y que para ello será menester modificar el contrato social panameño que nos mantiene atados a un pasado “cuyo velo debemos romper si realmente aspiramos al desarrollo humano del país…

Acuerdos nacidos en el seno de la Concertación

Para ayudarnos a enfrentar este desafío los panameños hemos producido al menos cuatro documentos que solo esperan ser llevados a la práctica para hacer prevalecer los intereses de la población:

Los “Acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo (2007)”, en los cuales definimos “el Panamá que queremos y podemos tener”; el documento “Apoyo al Mecanismo de Verificación y Seguimiento de los Acuerdos y Metas de la CND de Panamá”, donde se pone en evidencia el lento proceso de cumplimiento de las metas, y en particular un claro retroceso en materia de: Institucionalidad, Fortalecimiento de la democracia, Transparencia, Rendición de cuentas, Eficiencia en el servicio público, Participación ciudadana. Y reitera que “persisten todavía graves debilidades estructurales que han excluido de los beneficios del crecimiento económico a un sector importante de la población”; la “Estrategia Panamá 2027”,que es el resultado final del Proceso de Revisión, Actualización y Priorización de los Acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo que se empezó en el año 2012.

Finalmente este desafío es abordado nuevamente en el “Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado “Panamá 2030”, cuando nos recuerda que la institucionalidad es un “sistema de reglas formales y no formales, que caracterizan la interacción entre las personas mediante diversos incentivos y restricciones decisivas para el desarrollo económico, social y político que alcance una nación en aras de ampliar las oportunidades y las opciones de las actuales y futuras generaciones. Es decir, la institucionalidad opera como un sistema cuyas partes interactúan y se afectan mutuamente en lo relativo a su organización, funcionamiento y resultados”. Y propone establecer criterios precisos para la asignación de recursos y la evaluación de la gestión. Subraya el documento que “cualquier proceso de cambio institucional, centrado en el incremento de la equidad y el desarrollo, requiere que funcionen las normas y que el Estado vele por el bien común, controlando las inequidades y asimetrías. Entre ellas se encuentran: representatividad (reformas electorales); profundización de la democracia (participación ciudadana); y gestión pública (servicio civil por mérito y descentralización)

Entonces, ¿qué esperamos?, ¿otro documento? Opino que tenemos suficientes elementos para fortalecer los cambios y la modernización de las instituciones, implantar la transparencia y rendición de cuentas en todo el aparato estatal. ¡Hagámoslo!

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Día Internacional contra la Corrupción

pintura-bertaniEste año las Naciones Unidas, de las cuales formamos parte, celebramos el Día Internacional contra la Corrupción con el lema “Unidos contra la corrupción para el desarrollo la paz y la seguridad”. Además este año el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) han aunado fuerzas en la campaña internacional contra la corrupción, centrándose en cómo la corrupción tiene un impacto en la educación, la sanidad, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo.

De acuerdo a NNUU “la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades. Ningún país, región o comunidad es inmune. Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo…”

Posible situación en Panamá

Nuestro PIB en los últimos diez años fue de 287,400 millones de balboas. Pero de acuerdo a estimaciones globales del PNUD, el 5% pudo haberse quedado en los bolsillos de los políticos corruptos. Esa cifra equivale 14,400 millones balboas en los últimos diez años. Imaginemos el impacto negativo que la corrupción tiene en la un impacto en la educación, la sanidad, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo…

Costo de la corrupción en Panamá

Sobre este tema escribí una publicación a principios de este año en el diario La Prensa y manifestaba que a pesar de las denuncias cotidianas de corrupción en nuestro país, los panameños nos la hemos arreglado para soportar, sin llegar a la violencia colectiva, los abusos de cometidos por nuestros gobernantes. No nos detenemos a pensar en la inmensa deuda externa que tendrán que pagar nuestros hijos, ni en el desarrollo que pudiéramos tener, si los recursos de esa bonanza no fueran expoliados como lo son, beneficiando principalmente el gobierno de turno, conformado la mayoría de las veces, por los millonarios de nuestra sociedad y sus aliados.

Pero en este último decenio, la desvergüenza y pérdida de pudor de nuestros políticos, supera con creces nuestros ya penosos antecedentes. Es probado y conocido públicamente que el pago de sobrecostos por las obras, la aceptación de coimas y la confección de contratos ilegítimos, han constituido el principal “modus operandi” utilizado por elementos de los tres Poderes del Estado para desfalcar al País. Para ello se han valido del nefasto clientelismo político, colocando en muchos altos cargos públicos a funcionarios inescrupulosos sin reparos a la hora de permitir y ser parte de la apropiación de los recursos pertenecientes al pueblo panameño. Como lo demuestra la historia reciente y es motivo de titulares casi diarios en nuestros medios de comunicación.

Esta descomposición institucional ha trascendido las fronteras y nuestro país es visto en el escenario internacional, como un país propicio para los negocios ilegales y el enriquecimiento ilícito. Las grandes potencias agrupadas en diversos organismos internacionales nos han etiquetado como “paraíso fiscal”, figuramos para nuestro descrédito en listas negativas y muchos nos acusan de no cooperar en la lucha internacional contra el blanqueo de dinero.

Necesitamos con urgencia romper la cultura de corrupción e impunidad, desarrollando, como afirma el PNUD, un enfoque de gobernanza total que incluya, entre otras cosas, la creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles; el fortalecimiento del Estado de derecho, garantizar el acceso equitativo a la justicia y el acceso público a la información.

Llamado a la acción

Para finalizar los invito a conocer los componentes del “Llamado a la Acción” que nos hace NNUU para que cada sociedad, cada sector y cada ciudadano se una contra la corrupción en la vida cotidiana. Destaco la necesidad de “sensibilizar al público, los medios de información y los gobiernos en cuanto a los gastos que ocasiona la corrupción en servicios clave como la educación y la salud. Toda la sociedad se beneficia cuando los servicios básicos funcionan bien…”

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Hacia una sociedad sostenible y resiliente para todos

Arte Down busca "generar un espacio en que niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down puedan expresar libremente sus sentimientos a través del Arte" para avanzar hacia una sociedad sostenible y resiliente para todos.El 3 de diciembre se celebró el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”. El tema del Día Internacional de este año es “Transformación hacia una sociedad sostenible y resiliente para todos“.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, se estima que el 15% de la población, alrededor de mil millones de personas en todo el mundo, vive con una discapacidad. En la Región de las Américas, alrededor de 140 millones de personas viven con cualquier tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad enfrentan barreras para la inclusión en todos los aspectos de la vida: educación, empleo, vida social y política y salud. Como consecuencia, muchas personas con discapacidad no tienen acceso a la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En ocasiones, el estigma y la discriminación son la mayor barrera para la participación plena e igualitaria de las personas con discapacidad, incluido el acceso a los servicios de salud.

Si aplicamos estos porcentajes a Panamá obtenemos que 600,000 compatriotas viven con alguna discapacidad. Por su parte las cifras que ofrece la Contraloría General de la República a través de Instituto Nacional de Estadística y Censo, corresponden información obtenida durante el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, levantado el 16 de mayo del 2010 y están muy por debajo del estimado antes señalado, lo que hace suponer un serio subregistro de la información correspondiente a la discapacidad en Panamá.

Por su parte Naciones Unidas nos recuerda que la discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. Las personas con discapacidad, la «minoría más amplia del mundo», suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a la información o al transporte) y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados. Agrego que en Panamá ese no es el caso pues tenemos leyes y decretos vinculados a la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias, siendo la más reciente la Ley 15 del 31 de mayo de 2016.

Agrega Naciones Unidas que está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas discapacitadas, estas pueden participar activa y productivamente a la vida social y económica de sus comunidades. Por ello es necesario eliminar las barreras de la asimilación de los discapacitados a la sociedad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la existencia de estas barreras es un componente esencial de su marginación. La Convención subraya que la discapacidad es un concepto evolutivo «resultado de la interacción de las personas con disfunciones y de problemas de actitud y de entorno que socavan su participación en la sociedad».

La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Son las condiciones sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos. La Convención (artículo 9) pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. Solicita a los Estados que tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración.

Adicionalmente la Agenda 2030 se compromete a «no dejar a nadie atrás». Las personas con discapacidades, como beneficiarios y como agentes de cambio, pueden acelerar el avance hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, así como promover unas sociedades resilientes para todos, incluidos los ámbitos de la reducción del riesgo de desastres y la acción humanitaria, además del desarrollo urbano. Es necesario que los gobiernos, las personas con discapacidades y las organizaciones que las representan, las instituciones académicas y el sector privado trabajen en equipo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Lamentablemente no encontré información sobre la celebración en nuestro país. No obstante, hago votos porque el SENADIS, la población y todas las instituciones involucradas, aporten su grano de arena por la “Transformación hacia una sociedad sostenible y resiliente para todos” ¡porque más de medio millón de panameños viven con algún grado de discapacidad!

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