Hablar de sistemas unificados de salud no es un debate técnico menor. Es, en esencia, una discusión sobre equidad, eficiencia y cohesión social. En países con sistemas fragmentados —como Panamá— la forma en que se organiza la provisión y el financiamiento de la salud determina quién vive más, quién se enferma menos y quién paga el costo de las fallas del Estado.
En ese contexto, el próximo año traerá nuevas discusiones; ojalá también decisiones, porque no habrá salud universal sin integración, ni integración sin voluntad política real.
Subrayo de entrada que la separación de funciones en el sector salud es un elemento clave para el buen funcionamiento de los sistemas de salud. Se refiere a la división de responsabilidades entre diferentes actores del sistema de salud para evitar conflictos de interés, promover la eficiencia y mejorar la calidad de la atención. Si bien su implementación puede ser compleja, los beneficios en términos de eficiencia, calidad y equidad hacen que sea un objetivo importante para los países que buscan mejorar la salud de su población.
Los panameños llevamos casi medio siglo preguntándonos si es necesario el sistema integrado de salud. Todo comenzó a partir del momento en que nuestra Constitución Política vigente, estableció en su Artículo 115 “Los sectores gubernamentales de salud, incluyendo sus instituciones autónomas y semiautónomas, intégrense orgánica y funcionalmente. La Ley reglamentará esta materia”. Y fue justamente esa última oración, la que ha permitido el debate de cinco décadas, pues la ley nunca reglamentó esa materia. No obstante. Los sistemas integrados de salud florecieron en el territorio nacional hasta 1990, cuando el gobierno de turno, acabó con ellos y retomó el modelo organizacional del pasado.