El terremoto del 9 de octubre y la inmediata declaración de emergencia por parte del ejecutivo nos obligan a reflexionar sobre un asunto que va mucho más allá de la respuesta inmediata al terremoto: la capacidad del Estado panameño para proteger a la población, administrar responsablemente los recursos públicos y demostrar que sus decisiones responden al interés general.
En ese sentido comparto en esta entrega el contenido ampliado de mi columna en Destino Panamá, y los invito a profundizar en sus implicaciones desde varias perspectivas, especialmente las de la gobernanza, la gestión pública, la equidad y la rendición de cuentas.
