Conviene recordar que el debate y las primeras acciones para integrar los servicios públicos de salud en Panamá no son nuevos. El país lleva más de cinco décadas debatiendo y ensayando distintas fórmulas de integración. De hecho, el artículo 115 de la Constitución Política vigente establece que los sectores gubernamentales de salud, incluidas sus instituciones autónomas y semiautónomas, se integran orgánica y funcionalmente, y dispone que la ley reglamentará esta materia.

Sin embargo, Panamá tiene ahora una nueva oportunidad que no debería desaprovechar: la creación de la Comisión para la Integración de los Servicios Públicos de Salud, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 26 del 26 de noviembre de 2025.

Comparto el contenido de mi columna de opinión en Destino Panamá y subrayo de entrada que, la conformación de esta Comisión es una iniciativa necesaria y merece respaldo. Pero también exige seguimiento, evaluación y transparencia. La pregunta fundamental no es cuántas reuniones se han celebrado o cuántas instalaciones se han visitado, sino cuánto está mejorando la atención que reciben las personas.

Integrar los servicios públicos de salud: es mucho más que compartir instalaciones

La fragmentación de los servicios públicos de salud es uno de los problemas estructurales que Panamá debe resolver si aspira a garantizar el derecho a la salud en condiciones de equidad. Durante décadas, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social han desarrollado sus propias redes de instalaciones, mecanismos administrativos y sistemas de información, con insuficiente articulación entre ellos. Esta separación ha contribuido a duplicar capacidades, desaprovechar recursos y dificultar la continuidad de la atención.

Una verdadera integración exige construir una red de servicios organizada alrededor de las necesidades de las personas, y no de las fronteras administrativas entre instituciones. El reto es convertir la coordinación institucional en una red que garantice atención oportuna, continua y de calidad para todos, con reglas claras para acceder a los servicios disponibles en ambas redes según las necesidades de cada persona.

Esto supone fortalecer la atención primaria como puerta de entrada al sistema, con capacidad para resolver los problemas de salud más frecuentes, promover la prevención, detectar riesgos y acompañar a las personas a lo largo de su vida. También requiere mecanismos efectivos de referencia y contrarreferencia que garanticen la atención en el nivel correspondiente y su seguimiento.

La integración necesita, además, políticas coordinadas de medicamentos, tecnologías sanitarias y recursos humanos, así como sistemas de información interoperables que apoyen las decisiones clínicas y administrativas, protejan la confidencialidad y permitan evaluar resultados.

El desafío del financiamiento y la gobernanza

Es fundamental establecer reglas transparentes para financiar los servicios que cada institución presta a los usuarios de la otra. La compensación de costos debe apoyarse en información confiable, criterios de valoración previamente definidos y mecanismos de auditoría. No basta con acordar pagos entre instituciones: hay que demostrar que los recursos se utilizan eficientemente y que las transferencias son oportunas.

Más allá de compensar servicios, el financiamiento debe responder a las necesidades de salud de la población y evitar que se reproduzca la fragmentación. La autonomía administrativa de la CSS y la rectoría sanitaria del MINSA deben coexistir con una obligación compartida: garantizar el acceso efectivo y proteger el interés público.

Para ello, la Comisión necesita una hoja de ruta pública, objetivos verificables, responsabilidades definidas, plazos de cumplimiento y mecanismos para resolver desacuerdos y rendir cuentas. La coordinación debe traducirse en decisiones operativas y compromisos evaluables.

Medir para corregir y avanzar

Panamá necesita un sistema público de seguimiento que permita comparar una línea de base con metas y resultados en plazos definidos. Entre los indicadores prioritarios deben figurar los tiempos de espera para consultas y cirugías, la disponibilidad de medicamentos, la continuidad de los tratamientos, las referencias completadas, la utilización de la capacidad instalada, los costos por servicio y la satisfacción de los usuarios.

Los indicadores deben desagregarse por provincia, territorio, edad y otras condiciones relevantes, para determinar si la integración reduce las desigualdades o si persisten poblaciones excluidas. También deben publicarse periódicamente los compromisos de la Comisión, su grado de cumplimiento, los recursos utilizados y las dificultades pendientes. La transparencia no debilita el proceso: permite corregirlo y fortalece la confianza ciudadana.

Integrar los servicios públicos de salud: la salud de la población como punto de partida

Panamá tiene la oportunidad de transformar dos redes históricamente fragmentadas en un sistema público coordinado, solidario y centrado en las personas. Para lograrlo, debemos mantener un principio rector: el dinero debe seguir a la gente, no a las instituciones. Los recursos deben responder a las necesidades de salud de la población, con criterios de equidad, eficiencia, calidad y transparencia.

La responsabilidad de la Comisión va mucho más allá de coordinar actividades administrativas. Debe contribuir a crear las condiciones institucionales, financieras, tecnológicas y operativas para garantizar atención continua y de calidad, independientemente de la condición de aseguramiento de cada persona.

El éxito no se medirá por la cantidad de instalaciones incorporadas a un programa ni por la firma de nuevos acuerdos. Se medirá por las consultas que se consiguen oportunamente, los medicamentos disponibles, los tratamientos que no se interrumpen, las complicaciones que se previenen y las vidas que se protegen.

Integrar los servicios públicos de salud no es el fin. Es el instrumento para garantizar el derecho a la salud.