Integrar nuestros servicios de salud es una obligación pendiente. Y cuanto antes lo hagamos mejor será. Debemos hacerlo porque lo ordena el artículo 115 de nuestra Constitución Nacional y porque abundan las evidencias que lo sustentan. En ese sentido comparto más adelante, del documento de la OPS Redes Integradas de Servicios de Salud cuya lectura considero obligatoria); aprobado por los países las Américas, entre ellos Panamá, en respuesta al gran desafío de la fragmentación de los servicios de salud y para dar cumplimiento a múltiples compromisos contraídos, entre ellos la Declaración de Montevideo y la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017.
En la política se estipula que las Redes Integradas de Servicios de Salud “contribuyen a lograr objetivos de desarrollo a nivel internacional, y al desarrollo de los sistemas de salud basados en la atención primaria de salud (APS) y, por ende, a la prestación de servicios de salud más accesibles, eficientes y de mejor calidad técnica y percibida por los usuarios, que tengan en cuenta las cuestiones de género y la competencia cultural. Como si fuera poco las Redes Integradas de Servicios de Salud, en adelante RISS contribuyen a mejorar la equidad en el acceso a los servicios de salud sin distinción de edad, género, raza, idioma, lugar de residencia, religión, orientación política, orientación sexual, nivel educativo y condición socioeconómica…”.
En ese contexto diversos estudios sugieren que las RISS pueden mejorar la accesibilidad del sistema, reducir la fragmentación del cuidado asistencial, mejorar la eficiencia global del sistema, evitar la duplicación de infraestructura y servicios, disminuir los costos de producción, y responder mejor a las necesidades y expectativas de las personas.
En resumen, es clarísima la pertinencia política, estratégica, técnica, humana, ética y moral subyacente a la necesidad y “obligación” de integrar nuestros servicios de salud, cumpliendo el mandato Constitucional y el compromiso adquirido en los diversos foros internacionales.
