Comparto resumen ejecutivo del Informe Final sobre el sitio minero Cobre Panamá. El documento consta de 35 páginas, fue elaborado por los ministerios de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas y Ambiente, y presentado al Presidente de la República. La información está cerrada al 30 de septiembre.
Este documento _de lectura obligatoria para todos los panameños_ cambia el eje de la discusión: ya no se limita a preguntar si Panamá quiere o no minería, sino qué hacer con un sitio minero de enorme escala que ya existe, cuánto cuesta mantenerlo, quién asumiría el costo de cerrarlo y bajo qué condiciones podría existir una nueva relación con la empresa.
Resumen ejecutivo del Informe Final sobre el sitio minero Cobre Panamá
El problema que enfrenta Panamá
La Comisión parte de un hecho jurídico: la Corte Suprema declaró inconstitucional, el 27 de noviembre de 2023, la Ley 406 que aprobó el contrato de concesión de Cobre Panamá. Pero, según el informe, la sentencia no resolvió qué hacer con el enorme complejo industrial que quedó en territorio panameño, incluidos los tajos, la instalación de manejo de relaves y las extensas áreas intervenidas.
Casi tres años después, el sitio continúa bajo un régimen de preservación y mantenimiento. Por eso, para la Comisión, la ausencia de una decisión también tiene un costo: se acumulan gastos de preservación, obligaciones ambientales y reclamaciones arbitrales.
La Comisión considera que ha llegado el momento de tomar una decisión.
La recomendación central: negociar, pero no simplemente reabrir la antigua concesión
Este es probablemente el elemento más importante del Informe Final sobre el sitio minero Cobre Panamá.
La Comisión recomienda autorizar el inicio de negociaciones formales con Cobre Panamá/First Quantum Minerals para evaluar la viabilidad de una nueva relación que permita:
- resolver los arbitrajes internacionales pendientes;
- establecer las condiciones para una eventual puesta en marcha;
- garantizar un cierre ordenado y autofinanciado;
- impedir prórrogas;
- reducir progresivamente la huella minera;
- proteger los intereses ambientales, sociales y económicos de Panamá;
- y actuar con absoluta transparencia.
Pero hay una precisión jurídica fundamental: la Comisión no propone restablecer el Contrato-Ley 406 ni otorgar un nuevo contrato de concesión minera. El informe insiste en que cualquier instrumento futuro debe respetar el fallo de la Corte y la Ley 407.
Además, autorizar las negociaciones no significa que el Estado haya decidido reabrir la mina. Significa iniciar conversaciones para determinar si existe una solución que cumpla las condiciones establecidas.
Seis condiciones que la Comisión considera no negociables
Criterios obligatorios
De acuerdo con el Informe Final sobre el sitio minero Cobre Panamá, el eventual acuerdo tendría que cumplir seis criterios obligatorios:
- Acatar el fallo de la Corte Suprema y la Ley 407.
- Mantener la titularidad de la Nación sobre los yacimientos minerales y la rectoría del Estado.
- Garantizar que no haya costo fiscal para los panameños.
- Establecer transparencia verificable y permanente.
- Dar prioridad a las comunidades y empresas panameñas afectadas por el cierre.
- Someter la operación y el cierre a estándares internacionales y verificación independiente.
No se trata de volver al modelo anterior con mejores regalías, sino de construir un modelo jurídicamente distinto y con mayores controles.
¿Qué está ocurriendo actualmente en el sitio?
El Informe Final sobre el sitio minero Cobre Panamá hace una distinción importante: no hay extracción minera nueva.
Actualmente se procesa roca que ya había sido extraída antes del cierre y que permanecía almacenada en el sitio. Según la Comisión, ese procesamiento tiene también una dimensión de seguridad ambiental, porque mantener expuestos determinados materiales y concentrado almacenado representaba riesgos.
El Informe Final señala, entre otros datos
- 121,000 toneladas métricas secas de concentrado almacenado fueron retiradas y exportadas;
- esas exportaciones generaron aproximadamente B/.30 millones en regalías;
- permanecían 31.6 millones de toneladas de roca extraída pendientes de procesamiento;
- la fase de preservación ha sido financiada por el operador, no por el Estado;
- y la actividad autorizada ha generado nuevas contrataciones.
El impacto económico y social del cierre
El informe dedica bastante espacio a cuantificar los efectos del cierre.
Entre los datos más relevantes
- más de 6,000 empleos directos y unos 30,000 indirectos se perdieron abruptamente;
- unas 27,187 personas con capital humano especializado resultaron afectadas;
- alrededor de 144,000 personas dependían de esa actividad considerando los hogares;
- existían unos 2,000 proveedores registrados, 75% de ellos micro, pequeñas y medianas empresas;
- las ventas perdidas por proveedores llegaron a B/.2,004.7 millones en dos años;
- Coclé y Colón dejaron de recibir aproximadamente B/.484.3 millones de circulación económica;
- el aporte sectorial al producto nacional cayó 45.6% en 2024;
- y el informe estima B/.2,344 millones en impuestos directos no percibidos entre 2024 y 2028.
La Comisión también destaca una fuerte desigualdad territorial: la región que aportaba más de un tercio de los trabajadores recibía apenas 8.45% de las compras, frente al 90.58% que se concentraba en Panamá, Panamá Oeste y Darién.
Esto lleva a otra recomendación importante: si existe una nueva actividad, los beneficios económicos deben llegar de manera mucho más efectiva a las comunidades de la región minera.
El hallazgo ambiental de la auditoría
Aquí el informe final sobre el sitio minero Cobre Panamá introduce uno de los elementos más relevantes para el debate público.
La auditoría integral evaluó los 370 compromisos ambientales del Estudio de Impacto Ambiental. El informe presenta tres lecturas:
- 98.92%: cumplimiento compromiso por compromiso.
- 97.5%: cumplimiento pleno cuando se consideran los nueve compromisos con algún nivel de no conformidad.
- 87.73%: calificación integral ponderada, incorporando riesgos y pasivos futuros.
Las cuatro no conformidades principales identificadas corresponden a flora, restauración ecológica y reforestación. El informe señala que no corresponden a estabilidad de relaves, calidad del agua ni emisiones atmosféricas, y las caracteriza como subsanables.
La Comisión también destaca que la auditoría fue objeto de una revisión independiente. Sin embargo, hace una precisión importante: a la fecha de cierre del informe final sobre el sitio minero Cobre Panamá, esa validación independiente todavía estaba pendiente.
La Corte Suprema: qué resolvió y qué no resolvió
El informe hace una distinción jurídica que puede ser muy útil para explicar el debate.
La Corte declaró inconstitucional la Ley 406 y el contrato de concesión asociado. Pero, según la Comisión, la sentencia no decidió el destino físico del sitio ni prohibió la actividad minera como tal.
Por tanto, el problema que queda abierto es cómo manejar jurídicamente el sitio y sus pasivos, respetando la sentencia y la legislación vigente.
Al mismo tiempo existen arbitrajes internacionales. El informe menciona reclamaciones que, sumadas en sus montos mínimos, superan los US$27,000 millones, pero hace una precisión esencial: no son una deuda reconocida por Panamá ni una obligación determinada por un tribunal. Son cuantías reclamadas por los demandantes y los procesos no han resuelto el fondo.
La Comisión recomienda que el finiquito de los arbitrajes sea condición para cualquier eventual acuerdo.
El costo de cerrar definitivamente el sitio
La Comisión sostiene que cerrar Cobre Panamá no significa simplemente dejar de operar. El cierre físico y ambiental implica décadas de manejo de relaves, estabilización de tajos, manejo de agua, restauración y monitoreo.
El MICI había estimado en 2024 que el cierre costaría entre US$800 y US$1,000 millones, durante siete a nueve años.
A ello se agregaría el mantenimiento posterior, estimado por First Quantum entre US$15 y US$20 millones mensuales durante al menos diez años.
El informe calcula, como orden de magnitud, entre B/.2,600 y B/.3,400 millones para cierre y mantenimiento durante 17–19 años.
Si el sitio no financia su propio cierre, el país tendría que financiarlo.
Por eso la Comisión propone que cualquier eventual modelo sea autofinanciado desde el comienzo, con un fondo o reserva para el cierre y un cierre progresivo.
El nuevo principio: la mina debe pagar su propio cierre
Esta es, quizás, la diferencia conceptual más importante respecto al pasado.
La Comisión propone
- un fondo para el cierre;
- financiamiento proveniente de la propia actividad;
- cierre progresivo mientras exista operación;
- reducción progresiva de la huella territorial;
- fechas definidas para el cierre;
- verificación independiente;
- y una regla expresa según la cual ninguna partida del Presupuesto General del Estado se destinará al cierre.
Es decir, el cierre deja de ser una obligación que se resuelve al final y pasa a formar parte del modelo económico desde el primer día.
Comunidades, municipios y ambiente
El informe intenta ir más allá de la discusión estrictamente minera.
Propone que las comunidades del área de influencia sean beneficiarias prioritarias, con atención inicial en agua, saneamiento, salud y electrificación. También recomienda fortalecer el monitoreo ambiental participativo.
Para los municipios, la Comisión plantea una asignación fija y permanente de recursos, pero acompañada de fortalecimiento de sus capacidades técnicas y administrativas. La experiencia comparada utilizada por la Comisión muestra que transferir recursos sin capacidad de ejecución no garantiza obras.
Y hay una propuesta de largo plazo que me parece especialmente interesante para un artículo: utilizar parte de los ingresos vinculados al sitio para construir un legado ambiental permanente, destinado a conservación, restauración, ciencia, formación de técnicos y educación ambiental.
¿qué propone realmente el Informe Final sobre el sitio minero Cobre Panamá?
“La Comisión no propone simplemente “reabrir Cobre Panamá”; propone evaluar una nueva relación jurídica y económica con la empresa, condicionada a resolver los arbitrajes, respetar el fallo de la Corte, garantizar que la operación y su cierre sean autofinanciados, reducir progresivamente la huella minera, fortalecer la supervisión ambiental, asegurar transparencia y convertir una parte de los beneficios en desarrollo territorial y patrimonio ambiental.
El informe no toma la decisión. Recomienda al Presidente autorizar negociaciones para determinar si esas condiciones pueden concretarse.
Lecturas complementarias
Informe Final de la Comisión Interministerial
Artículos en blog sobre minería metálica
Descubre más desde El Blog de Jorge Prosperi
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.