En su reciente informe a la Nación, el presidente confirmó que el país deberá avanzar hacia una decisión sobre el futuro del proyecto Mina Cobre Panamá, una vez concluida la auditoría integral y con base en la información técnica disponible. Con ello, el debate nacional entra en una nueva etapa. La pregunta ya no es si Panamá debe decidir, sino cómo debe hacerlo para que esa decisión sea legítima, sostenible y aceptada por la sociedad.

En ese sentido, comparto las ideas centrales de mi columna en Destino Panamá, subrayando de entrada que tenemos una oportunidad para convertir esa decisión en un ejemplo de buena gobernanza.

Una decisión sobre el futuro del proyecto Mina Cobre Panamá

hoy corresponde dar un paso más. La verdadera pregunta ya no es quién debe decidir ni cuál debería ser el futuro de la minería metálica en Panamá. La pregunta es cómo debe construirse esa decisión para que sea técnicamente sólida, democráticamente legítima y socialmente sostenible. Ese es el desafío que enfrenta Panamá.

La auditoría cumplió un propósito fundamental. Aportó información independiente sobre el estado del proyecto, sus riesgos, sus pasivos ambientales y las condiciones que deberían considerarse en cualquier escenario futuro. En otras palabras, el país dispone hoy de una línea base técnica que reduce el espacio para la especulación y permite que el debate se centre en la evidencia.

El propio Gobierno ha señalado que la decisión deberá sustentarse en esa información técnica. Ese es un punto de partida indispensable. Pero, en decisiones de esta magnitud, la evidencia por sí sola no basta. También es necesario construir legitimidad mediante procedimientos transparentes, participación informada y reglas previamente conocidas.

Las grandes decisiones de Estado deben superar una doble prueba: ser técnicamente correctas y democráticamente legítimas. Si falla cualquiera de las dos, difícilmente serán sostenibles en el tiempo.

El camino de Panamá

Las democracias maduras no toman decisiones estratégicas únicamente porque existen datos técnicos. Utilizan esos datos como punto de partida para desarrollar procesos transparentes, participativos y orientados al interés público. Ese debería ser también el camino para Panamá.

• El primer paso para garantizar una decisión legítima consiste en poner toda la información a disposición de la ciudadanía en un lenguaje comprensible. La transparencia no significa únicamente publicar informes técnicos; significa hacer posible que cualquier ciudadano comprenda cuáles son las alternativas, cuáles son los riesgos de cada una y cuáles serían sus implicaciones económicas, sociales y ambientales.
• El segundo paso debe ser abrir un proceso nacional de deliberación. No para repetir la confrontación que vivió el país en 2023, sino para construir una conversación basada en evidencia. Universidades, centros de investigación, gremios empresariales, organizaciones ambientales, comunidades locales, pueblos indígenas, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil deberían tener la oportunidad de aportar sus perspectivas dentro de un proceso ordenado y con reglas claras.

Deliberar no significa prolongar indefinidamente la discusión. Significa mejorar la calidad de la decisión. Precisamente porque el Ejecutivo ha manifestado su intención de avanzar hacia una definición sobre el futuro de la mina, resulta oportuno definir también el procedimiento mediante el cual esa decisión será construida. No se trata de retrasarla. Se trata de fortalecer su legitimidad.

• El tercer paso consiste en transformar ese diálogo en una Política de Estado para la gestión sostenible de los recursos naturales estratégicos. La experiencia reciente demuestra que Panamá no puede seguir enfrentando proyectos de esta magnitud sin criterios previamente acordados. El país necesita definir principios, estándares ambientales, mecanismos de participación, capacidades institucionales y reglas de transparencia que orienten las decisiones presentes y futuras.

Solo entonces correspondería adoptar una decisión legítima sobre el futuro del proyecto Mina Cobre Panamá.

Algunos podrían considerar que este proceso toma demasiado tiempo. Sin embargo, la experiencia demuestra que las decisiones improvisadas suelen generar conflictos mucho más prolongados y costosos. Una decisión construida con evidencia, participación y reglas claras tiene mayores posibilidades de ser aceptada, incluso por quienes no compartan el resultado final.

No decidir también es decidir

Existe además una realidad que no puede ignorarse: no decidir también es decidir.

Cada mes de incertidumbre implica costos ambientales asociados al mantenimiento del sitio, costos económicos derivados de activos improductivos, costos jurídicos vinculados a los arbitrajes internacionales y costos institucionales que erosionan la confianza ciudadana. La inacción tampoco es neutral.

La legitimidad de una decisión no depende únicamente de su resultado. Depende, sobre todo, de la legitimidad del proceso mediante el cual fue construida.

Una reflexión final

Ahora que el Presidente ha señalado que el país debe avanzar hacia una definición sobre el futuro de la mina, existe una oportunidad para convertir esa decisión en un ejemplo de buena gobernanza. La evidencia que ofrece la auditoría realizada ya está disponible. Corresponde ahora construir un proceso transparente, participativo y técnicamente sólido que fortalezca la confianza ciudadana y permita adoptar una verdadera decisión de Estado.

Porque el verdadero desafío ya no consiste únicamente en decidir el futuro de una mina. Consiste en demostrar que Panamá ha desarrollado la madurez institucional necesaria para tomar decisiones complejas sobre los recursos naturales que pertenecen a todos los panameños y, sobre todo, a las generaciones futuras.

“La legitimidad de una decisión no depende únicamente de su resultado. Depende, sobre todo, de la legitimidad del proceso mediante el cual fue construida“