Hace algunos años escribí sobre la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales en ciencias del comportamiento, comenzando por su incorporación a las políticas de salud.

La idea partía de una premisa sencilla pero frecuentemente ignorada: las personas no toman decisiones únicamente a partir de la información que poseen. Sus comportamientos están influidos por sus experiencias, emociones, percepciones, relaciones sociales, incentivos, condiciones económicas y por el entorno en el que viven.

Por eso, conocer una enfermedad no garantiza que una persona adopte conductas saludables; conocer los riesgos de conducir a exceso de velocidad no garantiza que disminuya la velocidad; conocer las consecuencias del tabaquismo no garantiza que alguien deje de fumar; y recibir información sobre la importancia de vacunarse tampoco asegura que una persona se vacune.

Ciencias del Comportamiento para una Mejor Salud

En 2023, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución sobre Ciencias del Comportamiento para una Mejor Salud, reconociendo que comprender los factores psicológicos, sociales y ambientales que influyen en las decisiones humanas puede contribuir a mejorar las políticas y los resultados sanitarios.

Tres años después, el concepto ha dado un paso importante.

Los doce indicadores RECAPPS

En mayo de 2026, la Organización Mundial de la Salud presentó un nuevo marco para incorporar las ciencias del comportamiento en las instituciones responsables de la salud pública. El marco incluye 12 indicadores RECAPPS que permiten evaluar y seguir el desarrollo de capacidades institucionales para generar evidencia, desarrollar competencias, involucrar actores, aplicar conocimientos y convertirlos en estrategias y políticas.

El marco fue presentado durante la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, el 20 de mayo de 2026, y sus indicadores están diseñados para que los Estados Miembros puedan seguir el avance de la incorporación de las ciencias del comportamiento en la práctica de salud pública.

Este cambio es importante porque transforma la pregunta.

Ya no se trata solamente de preguntarnos cómo conseguir que las personas adopten comportamientos saludables. Se trata de preguntarnos si el país posee las capacidades necesarias para comprender el comportamiento de las personas y utilizar sistemáticamente ese conocimiento en sus decisiones públicas.

Y aquí aparece una oportunidad para Panamá.

De la información a la comprensión

Durante mucho tiempo hemos supuesto que una política pública funciona cuando las personas conocen sus beneficios. Pero la experiencia demuestra que no es así.

Una campaña contra el dengue puede explicar perfectamente cómo eliminar los criaderos y, sin embargo, no lograr que todos los hogares lo hagan. Una campaña de alimentación saludable puede explicar qué alimentos conviene consumir y, aun así, no modificar los hábitos. Un programa de prevención de enfermedades crónicas puede ofrecer información abundante y producir resultados modestos.

El problema no siempre está en la falta de información.

Puede estar en que no comprendemos suficientemente qué determina el comportamiento.

Las ciencias del comportamiento aportan precisamente esa mirada. Integran conocimientos de disciplinas como la psicología, la economía, la sociología, la antropología y otras ciencias sociales para estudiar cómo las personas toman decisiones y qué factores facilitan o dificultan determinados comportamientos.

Pero su utilidad va mucho más allá de la salud.

Una capacidad para todo el Estado

Pensemos, por ejemplo, en la educación. ¿Por qué algunos estudiantes abandonan la escuela? ¿Qué factores determinan la asistencia? ¿Cómo influyen las expectativas de las familias, los docentes y los propios estudiantes? ¿Qué intervenciones consiguen realmente mejorar la lectura, la permanencia y el aprendizaje?

Pensemos en la seguridad vial. ¿Por qué seguimos conduciendo a velocidades peligrosas, utilizando el teléfono mientras manejamos o incumpliendo determinadas normas aun cuando conocemos sus consecuencias?

Pensemos en el ambiente. ¿Por qué resulta tan difícil cambiar comportamientos relacionados con el consumo de agua, la disposición de residuos, la contaminación o la protección de los ecosistemas?

Pensemos en las finanzas públicas. ¿Qué factores favorecen el cumplimiento tributario? ¿Cómo influyen la confianza en las instituciones, la percepción de justicia y la facilidad de los procedimientos?

Y pensemos finalmente en el propio Estado. ¿Por qué algunas instituciones aprenden y se adaptan mientras otras repiten los mismos errores? ¿Cómo influyen los incentivos, el liderazgo, la cultura organizacional y los sesgos en las decisiones públicas?

En todos estos casos, comprender el comportamiento puede hacer que las políticas sean más eficaces.

Por eso, el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades nacionales en ciencias del comportamiento no debería convertirse en una especialidad confinada al Ministerio de Salud. Debe comenzar a entenderse como parte de las capacidades nacionales necesarias para diseñar mejores políticas públicas.

Panamá tiene una oportunidad

Esta propuesta coincide con un momento particularmente oportuno para nuestro país.

Panamá cuenta ahora con una Política Nacional de Salud 2026-2035, orientada a mejorar el acceso universal con equidad, eficiencia y calidad, y a fortalecer la promoción de la salud, la modernización de los servicios y la capacidad de respuesta del sistema.

También acaba de validar su Agenda Nacional de Prioridades de Investigación en Salud 2026-2035, concebida como una hoja de ruta para orientar la investigación hacia las necesidades nacionales. La agenda incorpora áreas como la transformación digital, Una Sola Salud y el cambio climático.

A ello se suman avances en información y transformación digital. En abril de este año, por ejemplo, MINSA y OPS realizaron una primera datatón para fortalecer la planificación sanitaria utilizando información sobre miles de funcionarios y puestos de trabajo del sector público.

Tenemos, por tanto, varios de los elementos necesarios para construir una nueva capacidad: investigación, datos, talento humano, instituciones, tecnología y políticas públicas que necesitan evidencia para ser efectivas.

Lo que falta es integrarlos deliberadamente.

Del conocimiento a la capacidad nacional

Aquí está el verdadero desafío.

No basta con que Panamá tenga algunos investigadores capaces de realizar estudios de comportamiento. Tampoco basta con contratar ocasionalmente expertos internacionales para diseñar una campaña.

La existencia de capacidades nacionales en ciencias del comportamiento significa que el país pueda identificar comportamientos relevantes; generar y analizar datos sobre ellos; comprender sus determinantes; diseñar intervenciones; probarlas; evaluar sus resultados; aprender de la experiencia y utilizar ese conocimiento para mejorar las políticas públicas.

Eso requiere formar profesionales, fortalecer la investigación, desarrollar capacidades dentro de las instituciones, establecer mecanismos de colaboración entre universidades y gobierno y, sobre todo, crear una cultura pública que valore la evidencia.

La experiencia internacional demuestra que esta institucionalización ya está comenzando. La OMS ha desarrollado herramientas para diagnosticar las capacidades existentes, establecer funciones de ciencias del comportamiento dentro de las organizaciones y medir los avances hacia su incorporación sistemática. Su nuevo marco RECAPPS busca precisamente contribuir al paso de proyectos aislados hacia capacidades institucionales sostenibles.

Panamá debería aprovechar ese conocimiento.

El próximo paso

Panamá podría comenzar por realizar un diagnóstico nacional de sus capacidades en ciencias del comportamiento, utilizando como referencia el nuevo marco de la OMS.

A partir de allí sería posible identificar las capacidades existentes en universidades, centros de investigación, MINSA, CSS y otras instituciones públicas; determinar las brechas de formación y de investigación; promover alianzas entre academia y gobierno; y establecer una función nacional que ayude a incorporar evidencia sobre comportamiento en el diseño y evaluación de políticas.

No se trata de crear otra institución por crearla.

Se trata de conectar capacidades que ya existen y orientarlas hacia problemas nacionales concretos.

La lucha contra las enfermedades crónicas, la vacunación, la salud mental, la nutrición, la educación, la seguridad vial, el cumplimiento tributario, la protección ambiental, la prevención de desastres y muchos otros desafíos nacionales tienen una dimensión conductual que no podemos seguir ignorando.

La ciencia puede ayudarnos a comprenderla.

Pero convertir ese conocimiento en una capacidad permanente del Estado es una decisión de desarrollo.

Panamá necesita pasar de tener conocimiento sobre el comportamiento a tener capacidad nacional para utilizarlo.

Esa puede ser una de las capacidades estratégicas que necesitamos para construir el país del siglo XXI.