Panamá suele exhibir con orgullo uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina, sin embargo tenemos una deuda educativa que limita el desarrollo. Miles de estudiantes continúan asistiendo a escuelas deterioradas, recibiendo clases en instalaciones provisionales o esperando que culminen reparaciones que llevan años pendientes.

Comparto a continuación mi más reciente columna de opinión publicada en Destino Panamá. En ella planteo una contradicción que debería preocuparnos como país: mientras aspiramos a competir en una economía basada en el conocimiento, miles de estudiantes continúan aprendiendo en condiciones que no garantizan una educación de calidad.

Asignar recursos es indispensable, pero no suficiente

El asunto de la deuda educativa que limita el desarrollo trasciende el problema de la infraestructura escolar. En realidad, pone en evidencia una pregunta mucho más profunda: ¿qué tan capaz es el Estado panameño de transformar los recursos públicos en resultados concretos para la población?

Cada año se anuncian inversiones, programas de rehabilitación, licitaciones y presupuestos multimillonarios destinados a la educación. Sin embargo, la experiencia cotidiana de estudiantes, docentes y familias parece contar una historia distinta. Escuelas que esperan reparaciones durante años, proyectos inconclusos y comunidades educativas que observan cómo las soluciones avanzan mucho más lentamente que las necesidades.

La pregunta ya no es únicamente cuánto dinero se asigna a la educación. También debemos preguntarnos cuánto de ese dinero llega efectivamente a donde más se necesita, con qué oportunidad se ejecuta y qué resultados produce.

Panamá mantiene desde hace años el compromiso legal de destinar el 7% del Producto Interno Bruto a la educación. Sin embargo, el debate no puede limitarse únicamente al monto presupuestario. La experiencia demuestra que asignar recursos es indispensable, pero no suficiente.

Lo verdaderamente importante es la capacidad de transformar esos recursos en escuelas seguras, infraestructura adecuada, docentes capacitados y mejores aprendizajes. Cuando miles de estudiantes continúan aprendiendo en condiciones que distan de ser las adecuadas, la pregunta inevitable es si el problema radica únicamente en la disponibilidad de fondos o también en la capacidad institucional para ejecutarlos con eficiencia y transparencia.

La educación que necesitamos para el desarrollo

La educación constituye la inversión pública más importante para el desarrollo de un país. No solo desarrolla el talento humano; también fortalece la cohesión social, reduce desigualdades, impulsa la productividad y amplía las oportunidades de movilidad social. Cuando falla la educación, terminan debilitándose también la competitividad económica, la gobernabilidad democrática y las posibilidades de construir una sociedad más justa.

Esta realidad adquiere una dimensión aún más preocupante si se observa a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS 4 compromete a los países a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. No se trata solamente de aumentar la cobertura escolar, sino de asegurar que los estudiantes dispongan de entornos de aprendizaje seguros, accesibles y eficaces. Las aulas deterioradas, la infraestructura insuficiente y las interrupciones prolongadas del proceso educativo representan obstáculos concretos para alcanzar ese objetivo y limitan la capacidad del país para construir el capital humano que requiere su desarrollo futuro.

Resulta preocupante que todavía existan dudas sobre la disponibilidad real de los recursos destinados al sector educativo. Cuando distintas instituciones manejan cifras diferentes sobre los fondos asignados, modificados o ejecutados, se erosiona la confianza ciudadana y se dificulta la rendición de cuentas. La transparencia no es un requisito administrativo; es una condición indispensable para garantizar que los recursos públicos cumplan el propósito para el cual fueron aprobados.

Pero incluso la transparencia, siendo fundamental, no resolverá por sí sola el problema. El fondo del desafío remite a una cuestión más amplia: la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales. Planificar inversiones, priorizar proyectos, gestionar contratos, supervisar obras, ejecutar presupuestos y rendir cuentas son capacidades que determinan si una política pública produce resultados o se queda atrapada en los trámites, los retrasos y las promesas incumplidas.

Durante los últimos años hemos debatido ampliamente sobre la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado. La situación de muchas escuelas demuestra que esta discusión no es teórica. Se trata de una realidad que afecta diariamente a miles de estudiantes y condiciona las oportunidades de desarrollo del país.

La pregunta de fondo

La discusión sobre la deuda educativa que limita el desarrollo en Panamá no debería reducirse a una controversia sobre cifras presupuestarias. Lo que está en juego es la capacidad del país para formar el talento humano que necesitará para competir, innovar y prosperar durante las próximas décadas. Ninguna estrategia de crecimiento económico, transformación productiva o reducción de las desigualdades será sostenible si continúa acumulándose una deuda educativa con las nuevas generaciones.

Al final, la situación de nuestras escuelas plantea una pregunta que trasciende el ámbito educativo. ¿Qué tan capaz es el Estado panameño de transformar los recursos públicos en resultados concretos para la población? La respuesta a esa pregunta no se encuentra en los presupuestos aprobados ni en los anuncios oficiales, sino en la capacidad de convertir las inversiones públicas en servicios de calidad y oportunidades reales para los ciudadanos.

Mientras miles de estudiantes sigan esperando las condiciones mínimas para aprender, esa seguirá siendo una pregunta pendiente de responder, y el desarrollo seguirá siendo más una aspiración que una realidad.