El terremoto del 9 de octubre y la inmediata declaración de emergencia por parte del ejecutivo nos obligan a reflexionar sobre un asunto que va mucho más allá de la respuesta inmediata al terremoto: la capacidad del Estado panameño para proteger a la población, administrar responsablemente los recursos públicos y demostrar que sus decisiones responden al interés general.

En ese sentido comparto en esta entrega el contenido ampliado de mi columna en Destino Panamá, y los invito a profundizar en sus implicaciones desde varias perspectivas, especialmente las de la gobernanza, la gestión pública, la equidad y la rendición de cuentas.

La emergencia pone a prueba la capacidad real del Estado

Un desastre natural no solo pone a prueba la resistencia de las infraestructuras. También revela la preparación para desastres y emergencias de las instituciones para actuar de manera coordinada, oportuna y eficaz.

En una situación como esta, el Estado debe ser capaz de:

• Identificar rápidamente a las personas y comunidades afectadas.
• Evaluar los daños en viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y servicios básicos.
• Priorizar la atención según las necesidades y la vulnerabilidad de cada familia.
• Movilizar recursos humanos, financieros y materiales sin duplicar esfuerzos ni dejar comunidades desatendidas.
• Restablecer los servicios esenciales y organizar la recuperación.

Aquí aparece una distinción fundamental: movilizar instituciones y anunciar recursos no equivale necesariamente a producir resultados.

La calidad de la respuesta debe medirse por lo que efectivamente ocurre en la vida de las personas: si reciben agua potable, si pueden regresar a sus hogares con seguridad, si recuperan sus medios de subsistencia y si disponen de atención sanitaria y protección social.

Esta distinción entre actividad administrativa y resultados concretos es esencial para evaluar cualquier política pública, pero adquiere una importancia extraordinaria durante una emergencia.

La transparencia no puede esperar hasta que termine la emergencia

Este es, a mi juicio, el punto central de la declaración de emergencia.

La urgencia puede justificar procedimientos de contratación más rápidos y flexibles. No justifica, sin embargo, la opacidad, la ausencia de controles ni la imposibilidad de conocer cómo se utilizan los recursos públicos.

Conviene distinguir tres conceptos que a veces se confunden:

• Transparencia: conocer qué se compra, a quién se contrata, cuánto se paga y por qué se toma cada decisión.
• Fiscalización: verificar que las contrataciones cumplan las reglas aplicables, que los precios sean razonables y que los bienes y servicios se entreguen.
• Rendición de cuentas: explicar los resultados, identificar a los responsables y establecer consecuencias cuando existan irregularidades.

En otras palabras, publicar información no basta si nadie verifica su exactitud; fiscalizar tampoco es suficiente si las conclusiones no se conocen y las responsabilidades no se hacen efectivas.

La información publicada en Gaceta Oficial sobre la emergencia señala que los fondos autorizados podrán llegar hasta los B/.100 millones, que serán administrados mediante un fideicomiso en el Banco Nacional y que los desembolsos estarán sujetos al refrendo de la Contraloría. También se ha indicado que se utilizarán recursos según las necesidades comprobadas.

Son mecanismos relevantes, pero su eficacia dependerá de cómo se apliquen y de la información que se ponga efectivamente a disposición de la ciudadanía.

Un tablero de control

En este sentido, propongo que Panamá publique un tablero de control de la emergencia, actualizado periódicamente y accesible a cualquier ciudadano, con al menos seis componentes:

• Monto autorizado, comprometido, contratado y efectivamente pagado.
• Identificación de las entidades responsables y de los proveedores contratados.
• Objeto, justificación, precio y plazo de cada contratación.
• Comunidades, infraestructuras y poblaciones beneficiadas.
• Avance físico y financiero de las obras y servicios.
• Resultados de las auditorías, observaciones de los órganos fiscalizadores y medidas correctivas adoptadas.

Así podríamos pasar de una rendición de cuentas fundamentalmente documental a una rendición de cuentas basada en resultados verificables.

La equidad debe orientar la distribución de la ayuda

Hay otra implicación que considero especialmente importante para Panamá.

La información disponible nos dice que el terremoto golpeó a comunidades del interior donde muchas familias dependen de la agricultura, del pequeño comercio y de sus ingresos cotidianos. Para ellas, una vivienda dañada o la interrupción de una carretera puede representar mucho más que una pérdida material: puede significar quedarse sin ingresos, alimentos, atención sanitaria o acceso a la educación.

Por eso, la respuesta no debería distribuirse únicamente según la magnitud visible de los daños o la capacidad de cada comunidad para reclamar atención.

Debe considerar también la vulnerabilidad social y económica de las familias.

Una vivienda destruida no tiene las mismas consecuencias para una familia que dispone de ahorros, seguros y otras propiedades que para un hogar que depende de un ingreso diario y carece de mecanismos de protección.

De igual manera, una comunidad rural aislada puede necesitar una intervención prioritaria para recuperar el acceso al agua potable, los servicios de salud, la escuela o los mercados donde vende su producción.

Esto exige cruzar la evaluación de daños con información sobre pobreza, discapacidad, edad, condiciones de salud, acceso a servicios básicos y medios de subsistencia.

Desde esa perspectiva, la gestión de la emergencia también es una prueba de la capacidad del Estado para reducir desigualdades, en lugar de reproducirlas.

La ayuda debe llegar primero a quienes más la necesitan, con criterios públicos, verificables y aplicados de manera consistente.

La emergencia también es una prueba de gobernanza

Aquí encontramos una cuestión de fondo: ¿quién decide, quién ejecuta, quién supervisa y quién responde por los resultados?

La declaratoria de emergencia establece mecanismos extraordinarios para acelerar la contratación pública. La información disponible indica que la Resolución de Gabinete N.º 108 autoriza contrataciones especiales hasta el 31 de diciembre de 2026 y que los pagos estarán sujetos al refrendo de la Contraloría.

El problema no es que existan procedimientos excepcionales. En una emergencia, la rapidez puede ser indispensable. El problema sería que la excepción se convierta en una forma habitual de administrar los recursos públicos. Si los procedimientos extraordinarios se utilizan repetidamente, debemos preguntarnos si estamos ante emergencias que requieren respuestas excepcionales o ante debilidades institucionales que no estamos resolviendo.

La distinción importa porque las emergencias no deberían sustituir la planificación, ni las excepciones debilitar de manera permanente los mecanismos de competencia y control.

La buena gobernanza exige, por tanto, tres cosas: responsabilidades claramente definidas, coordinación interinstitucional efectiva y mecanismos de supervisión independientes de quienes ejecutan el gasto.

De la reconstrucción a la prevención: la lección que no debemos perder

El terremoto también debería llevarnos a pensar en el Panamá que queremos construir después de la emergencia. No basta con reparar las estructuras dañadas. Hay que evaluar la seguridad de las edificaciones, fortalecer los sistemas de protección civil, mejorar la preparación comunitaria y revisar la capacidad de respuesta de los servicios esenciales.

Esto incluye hospitales y centros de salud, escuelas, sistemas de agua potable, carreteras, puentes y redes de electricidad y comunicaciones.

También exige revisar los instrumentos de ordenamiento territorial y las normas de construcción, así como fortalecer los sistemas de información sobre riesgos y vulnerabilidad.

La reconstrucción debería incorporar criterios de resiliencia: no reconstruir simplemente lo que se perdió, sino reducir la probabilidad de que un evento futuro produzca daños similares.

Y para lograrlo, cada inversión debe responder a una evaluación técnica del riesgo, tener objetivos verificables y formar parte de una estrategia nacional de reducción de desastres.

La prevención puede parecer costosa mientras no ocurre una catástrofe. Después de ella, descubrimos que el costo de no prevenir puede ser muchísimo mayor.

Mi reflexión final: la confianza pública también debe reconstruirse

Finalmente subrayo que la respuesta a una emergencia tiene dos obligaciones inseparables: atender a las personas con rapidez y administrar los recursos públicos con integridad.

No debemos contraponerlas. La transparencia no tiene por qué retrasar la ayuda, del mismo modo que la urgencia no debe servir para debilitar los controles.

El desafío consiste en diseñar procedimientos que permitan actuar rápidamente, documentar las decisiones, identificar a los responsables y verificar los resultados.

Y hay algo más: la rendición de cuentas no debe comenzar cuando termine la emergencia. Tiene que acompañar todo el proceso, desde la identificación de las necesidades hasta la ejecución de las obras, la recuperación de los servicios y la evaluación final.

Cuatro compromisos finales

• Respuesta oportuna: ninguna familia debería quedar desatendida por falta de coordinación institucional.
• Equidad: la asistencia debe priorizar a las personas y comunidades más vulnerables.
• Transparencia: la ciudadanía debe poder conocer cómo se decide y se utiliza cada balboa.
• Responsabilidad: los resultados deben evaluarse y las irregularidades deben investigarse y sancionarse cuando corresponda.

La prueba definitiva no será cuánto dinero se autorizó, cuántas instituciones participaron ni cuántos comunicados se publicaron. Será si el Estado consiguió proteger a la población, recuperar las condiciones de vida de las comunidades afectadas y demostrar que administró los recursos con eficiencia, transparencia y responsabilidad.

La emergencia terminará. La obligación de rendir cuentas, no.