En seguimiento a mi artículo previo le dedico este a reflexionar sobre la importancia de los “bienes comunes de la salud”, presentados por la OMS como los “Common Goods for Health”, principalmente como un marco para orientar la inversión pública y fortalecer los sistemas de salud.
Sostengo además que estos bienes comunes constituyen el patrimonio estratégico del sistema de salud. Son activos, en su mayoría intangibles, que rara vez ocupan titulares, pero de ellos depende la resiliencia del sistema sanitario, su capacidad para responder a las crisis y, en última instancia, el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
De los bienes públicos a los bienes comunes para la salud
Durante décadas, los sistemas de salud han sido evaluados por indicadores visibles: el número de hospitales construidos, la cantidad de camas disponibles, las consultas realizadas o las cirugías practicadas. Estos indicadores siguen siendo importantes, pero ya no son suficientes para medir la verdadera fortaleza de un sistema sanitario.
Sin embrago, la experiencia de la pandemia de COVID-19 llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a impulsar una evolución conceptual que hoy comienza a orientar las reformas sanitarias en numerosos países: pasar de la visión tradicional de los bienes públicos para la salud al concepto más amplio de los bienes comunes para la salud (Common Goods for Health). No se trata simplemente de un cambio de terminología. Es una nueva manera de entender cómo se construye y protege la salud de una sociedad.
Su importancia radica en que el mercado difícilmente los proveería de manera suficiente. Todos nos beneficiamos de ellos, independientemente de quién los financie. Un bien público es aquel cuyos beneficios alcanzan a toda la población y del cual nadie puede ser excluido. La vigilancia epidemiológica, el control de epidemias, la regulación sanitaria, la calidad del agua potable o los programas nacionales de vacunación son ejemplos bien conocidos.
Sin embargo, la experiencia acumulada durante las últimas décadas mostró que esta definición resultaba demasiado estrecha para explicar todo aquello que hace posible proteger la salud de una población. Por ello, la OMS propone hablar ahora de bienes comunes para la salud, entendidos como las capacidades, instituciones, conocimientos, normas y recursos que una sociedad debe proteger y fortalecer colectivamente porque hacen posible alcanzar el mayor nivel posible de salud para toda la población.
Atributos de los bienes comunes para la salud
Para facilitar su comprensión, la OMS agrupa estos bienes comunes en cinco grandes categorías que abarcan desde la gobernanza hasta los servicios esenciales para la población. Más que una clasificación académica, representan los pilares sobre los que descansa un sistema de salud moderno.
- Planificación y coordinación: la formulación de políticas nacionales, capacidades institucionales y mecanismos de coordinación entre sectores y niveles de gobierno. Estos deben ser inclusivos para todos los grupos y deberán ser monitoreados y vinculados formalmente con los procesos presupuestarios nacionales.
- Reglamentación y legislación: se refiere al uso del poder coercitivo del gobierno para imponer restricciones a organizaciones e individuos. Incluye toda la gama de instrumentos legales (como leyes, decretos, órdenes, códigos, normas y directrices administrativas).
- Impuestos y subsidios: instrumentos financieros que influyen en el comportamiento individual y del mercado, lo que puede tener un impacto considerable en la salud de la población.
- Recopilación, análisis y comunicación de información: implica la recopilación y el análisis de información, así como el seguimiento de los cambios a nivel poblacional a través de un sistema de información integral y coordinado centralmente.
- Servicios de población: servicios que afectan a toda la sociedad y que son fundamentales para la salud pública (como el agua y el saneamiento, la gestión de residuos, el control de vectores y las operaciones de respuesta a emergencias), pero que los mercados no proporcionan o proporcionan de forma insuficiente.
Aunque la OMS organiza los bienes comunes para la salud en cinco grandes categorías, considero que todas ellas descansan sobre un elemento transversal que merece destacarse explícitamente: la confianza pública. Sin ella, la regulación pierde legitimidad, la información pierde credibilidad y la coordinación institucional se debilita.
Un cambio de paradigma
Este nuevo enfoque modifica profundamente la forma de entender los sistemas de salud. Mientras los bienes públicos se concentran en los servicios que deben ofrecerse, los bienes comunes ponen el énfasis en las capacidades que hacen posible ofrecerlos de manera permanente y con calidad.
La diferencia puede parecer sutil, pero tiene enormes implicaciones. Pongo solo dos ejemplos:
- Ya no basta con disponer de un programa nacional de vacunación. Es indispensable contar con una cadena de frío segura, sistemas de información confiables, personal capacitado, mecanismos de compra eficientes, vigilancia epidemiológica y la confianza de la población para que las vacunas sean aceptadas.
- Los hospitales, los medicamentos y la tecnología representan únicamente la parte visible del sistema. Detrás de ellos existe una compleja red de instituciones, normas, capacidades técnicas y formas de cooperación que sostienen todo el funcionamiento del sistema sanitario.
Una responsabilidad compartida
Otra de las grandes aportaciones de este enfoque consiste en reconocer que la salud no depende exclusivamente del ministerio de Salud o de las instituciones prestadoras de servicios. Muchos de los bienes comunes para la salud pertenecen, en realidad, a toda la sociedad.
- La calidad del agua requiere la participación de las empresas responsables del suministro, de las autoridades ambientales y de los gobiernos locales.
- La seguridad vial depende del transporte, la infraestructura, la educación y el cumplimiento de las normas.
- La prevención de enfermedades crónicas involucra a las escuelas, las comunidades, los medios de comunicación, las empresas y las familias.
La salud deja así de entenderse como la responsabilidad exclusiva del sector sanitario para convertirse en una tarea colectiva que exige coordinación entre múltiples actores públicos y privados.
¿Qué significa este enfoque para Panamá?
Para Panamá, este cambio de paradigma resulta particularmente relevante.
Durante años, buena parte del debate sanitario se ha concentrado en la construcción de hospitales, la compra de equipos o la ampliación de la cobertura de servicios. Aunque estos esfuerzos son necesarios, por sí solos no resolverán los problemas estructurales del sistema.
Fortalecer los bienes comunes para la salud implica avanzar en prioridades que muchas veces permanecen fuera del debate público.
Significa consolidar la rectoría del Ministerio de Salud; integrar efectivamente las capacidades del MINSA y la Caja de Seguro Social; desarrollar un sistema nacional interoperable de información en salud; fortalecer los laboratorios nacionales y la vigilancia epidemiológica; profesionalizar la gestión pública; impulsar la investigación aplicada y garantizar mecanismos estables de financiamiento para las funciones esenciales de salud pública.
Ninguna de estas acciones genera titulares tan llamativos como la inauguración de un hospital. Sin embargo, todas ellas fortalecen la capacidad del país para proteger la salud de la población, responder a futuras emergencias y utilizar con mayor eficiencia los recursos disponibles.
Del bien común a los bienes comunes para la salud
Esta evolución conceptual también permite establecer un puente entre la salud pública y una visión más amplia del desarrollo. Podríamos resumirlo en una idea sencilla: “El bien común es el propósito; los bienes comunes para la salud son los instrumentos que hacen posible alcanzarlo”.
Por ello deben entenderse como un patrimonio de toda la sociedad. Igual que protegemos nuestros recursos naturales, nuestra democracia o nuestro patrimonio cultural, también debemos proteger las instituciones, el conocimiento, la cooperación y la confianza que sostienen el sistema de salud.
En última instancia, la fortaleza de un país no depende únicamente de los hospitales que construye, sino de su capacidad para preservar esos bienes comunes que permiten prevenir enfermedades, responder a las crisis y garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de vivir una vida más larga, saludable y digna.
Porque los edificios pueden levantarse en pocos años. Las instituciones, el conocimiento, la confianza y la cooperación social requieren décadas para construirse. Y una vez que se deterioran, recuperarlos suele ser mucho más difícil que construir un nuevo hospital.
Quizá esa sea la mayor enseñanza que deja este nuevo enfoque: la salud no se sostiene únicamente sobre la atención médica; se sostiene, sobre todo, sobre aquellos bienes comunes que una sociedad decide proteger porque reconoce que pertenecen a todos y benefician a todos.

