Nueva Política nacional de salud

Marco que exprese lo que el país decide hacer _y cómo hacerlo_ para proteger y mejorar la salud de la población panameña en el contexto del mandato Constitucional.

jorgeprosperi

hace 2 meses

Panamá tiene una política nacional de salud que culmina su vigencia al final de este año 2025; por lo que el MINSA ha iniciado el proceso para la formulación de un nuevo marco que exprese lo que el país decide hacer _y cómo hacerlo_ para proteger y mejorar la salud de la población panameña en el marco del mandato Constitucional de velar por la salud de la población, integrando las funciones de prevención, curación y rehabilitación.

En ese ámbito, le dedico esta publicación a ofrecer algunos argumentos y lecturas complementarias sobre el significado de una nueva política nacional de salud. Subrayo _para que no lo perdamos de vista_ que la actual política nacional de salud, evaluado en detalle su cumplimiento, debe ser un referente obligado para el nuevo documento.

¿Qué significa una política nacional de salud?

En términos generales, una política nacional de salud no es un documento técnico más. Es una declaración estratégica de prioridades, valores y compromisos. Cuando está bien diseñada, se convierte en el mapa que ordena al sistema de salud, alinea a los actores y orienta la asignación de recursos. Cuando no existe (o existe solo en papel), el sistema navega por inercia, sujeto a intereses fragmentados y a cambios políticos fortuitos.

¿Qué debe definir la política nacional de salud?

En ese sentido, una política nacional de salud define al menos cinco cosas esenciales:

El rumbo: la visión y el propósito del sistema

Una política nacional de salud debe responder la pregunta más importante: ¿para qué existe el sistema de salud? No se trata de una frase bonita para un documento oficial; es la brújula que orienta todas las decisiones.

Define el modelo de país en salud: universalista, basado en derechos, o centrado en servicios mínimos.
Fija el nivel de protección financiera: cuánto debe pagar la gente de su bolsillo y qué debe estar garantizado.
Anticipa el futuro: el envejecimiento poblacional, la carga de enfermedades crónicas, nuevas amenazas epidémicas y los cambios tecnológicos.
Da continuidad política: protege al sistema de los vaivenes administrativos al blindar una dirección estratégica.

En Panamá, este rumbo debería dejar claro si el país avanzará hacia un sistema integrado, mixto, con predominancia pública, basado en atención primaria, con enfoque de abordaje de los determinantes de salud, o si se continuará con un modelo fragmentado hospitalocéntrico y reactivo.

Las prioridades: aquello que el Estado decide que es primero

Una política nacional obliga a tomar decisiones difíciles.

Identifica los problemas de salud más relevantes (por carga de enfermedad, inequidades, costos, impacto social).
Define poblaciones prioritarias (niñez, adultos mayores, mujeres, pueblos originarios, migrantes).
Selecciona intervenciones clave que generen el máximo impacto con recursos disponibles.
Evita la dispersión programática: múltiples programas pequeños sin masa crítica son una enfermedad común en sistemas fragmentados.

Para Panamá, esto implicaría, por ejemplo, decidir si la prioridad es fortalecer APS, resolver la segmentación MINSA–CSS, digitalizar el sistema, o modernizar la salud pública. No se puede hacer todo a la vez.

Los instrumentos: el “cómo” se vuelve real

Una política sin instrumentos es poesía. Los mecanismos concretos que harán posible lo que se promete incluyen:

Modelos de financiamiento: capitación, presupuestos globales, pagos por desempeño, compras estratégicas.
Modelos de atención: redes integradas, equipos interdisciplinarios, puerta de entrada, continuidad de cuidados.
Recursos humanos: formación, regulación, incentivos, redistribución territorial.
Infraestructura y tecnología: digitalización, interoperabilidad, vigilancia, infraestructura física.
Regulación y rectoría: reglas claras para el sector público, privado y aseguradoras.
Participación social: mecanismos de control ciudadano y participación comunitaria.

En Panamá, los instrumentos son clave porque el país tiene capacidad técnica, pero carece de un “marco común” que obligue a las instituciones a coordinarse y rendir cuentas.

El marco ético: los valores que sostienen el contrato social

Una política también es un pacto moral. Define qué considera justo el país en materia de salud.

Equidad: reducir desigualdades injustas y evitar que el lugar de residencia (capital, provincias, comarcas) determine la calidad de atención.
Solidaridad: distribuir costos y beneficios de manera justa entre generaciones y grupos sociales.
Transparencia y anticorrupción: reglas claras en compras, gestión y uso de recursos.
Participación: el derecho de la ciudadanía a influir en decisiones que afectan su bienestar.
Interculturalidad: respeto a las cosmovisiones y prácticas culturales, especialmente en poblaciones originarias.

En Panamá, este componente es crítico para garantizar que la política no sea solo un diseño técnico, sino un proyecto de país con legitimidad social.

La rendición de cuentas: cómo se mide, quién responde y qué se corrige

Una política sin evaluación es una declaración de intenciones. Por lo tanto, debe establecer:

Metas claras y verificables, alineadas con indicadores nacionales e internacionales.
Responsables definidos, no de manera genérica (“el MINSA”), sino con nombres de instituciones y unidades.
Mecanismos de seguimiento, transparencia de datos y auditorías sociales.
Espacios de corrección: ajustes periódicos en función de evidencia, resultados y aprendizajes.

En Panamá, los problemas de fragmentación, duplicación de servicios y rezagos en medicamentos muestran que la falta de rendición de cuentas es un obstáculo estructural. Una política nacional de salud _de cumplimiento obligatorio_ permite cerrar esa brecha.

Qué implica una nueva Política nacional de salud para Panamá

Las cinco arriba descritas, convierten a una política nacional de salud en algo más que un documento. La transforman en el proyecto de salud del país, capaz de dar coherencia al sistema, producir resultados sostenibles y fortalecer la confianza ciudadana. En nuestro caso, necesitamos con urgencia definir _o redefinir_ una política nacional de salud. Veamos algunas razones.

Un sistema fragmentado y dual. Coexisten dos subsistemas (MINSA y CSS) que funcionan con lógicas distintas, estructuras paralelas y escasa articulación. Sin una política nacional que ordene la integración progresiva, cualquier reforma queda incompleta.
Un perfil epidemiológico complejo. Enfermedades crónicas crecientes, rezagos en enfermedades transmisibles (como la amenaza del sarampión), brechas en salud mental, y desigualdades profundas entre regiones urbanas y comarcales. Sin una política clara, las respuestas son parciales y reactivas.
La urgencia de transformar el modelo de atención. Panamá declara la atención primaria como estrategia, pero opera un sistema hospitalocéntrico. Una política nacional es el instrumento que permitiría fijar el mandato de construir Redes Integradas de Servicios de Salud, reorganizar la puerta de entrada al sistema, abordar los determinantes sociales de la salud y reorientar recursos hacia lo preventivo.
Gobernanza y rectoría. La autoridad sanitaria necesita más capacidad normativa, datos interoperables, mayor transparencia, criterios comunes de compras, y liderazgo sobre todo el sistema —incluyendo CSS, sector privado y aseguradoras—. Eso solo se logra con un marco político explícito.
Sostenibilidad del financiamiento. Los costos de la inacción ya se sienten: crisis en medicamentos, presión sobre hospitales, duplicación de servicios, desigualdad territorial. Una política nacional bien diseñada permitiría ordenar las fuentes de financiamiento, promover eficiencia, y asegurar que “el dinero siga a la gente”, no a las estructuras.
La oportunidad histórica. Panamá tiene capital humano, instituciones capaces, una economía que —con altibajos— permite invertir, y una ciudadanía cada vez más vocal. Lo que falta es una brújula nacional que dé coherencia, continuidad y legitimidad política.

Conclusión

Una política nacional de salud no es un documento técnico más. Como ya se señaló: marca el rumbo, ordena el sistema, asigna prioridades, establece valores, y exige resultados.

Para Panamá, representa la oportunidad de dejar atrás décadas de descoordinación y construir un sistema moderno, equitativo y sostenible, capaz de responder a los desafíos epidemiológicos, económicos y sociales del país. Una política bien diseñada no solo mejora la salud: fortalece la gobernabilidad democrática y la confianza pública.