La crisis del agua en Panamá es una crisis de gestión… y también de responsabilidad colectiva.

Panamá no enfrenta una escasez de agua, sino una crisis de gestión, planificación y responsabilidad colectiva. La inestabilidad en el IDAAN, las pérdidas masivas en la red, el desperdicio doméstico y la falta de visión de largo plazo revelan un problema estructural que amenaza la calidad de vida, el desarrollo y la gobernabilidad del país. Resolverlo exige mucho más que reparar tuberías: requiere transformar la manera en que el Estado y la sociedad entienden, administran y valoran el agua.

Comparto a continuación las ideas centrales de mi artículo de opinión en La Estrella de Panamá, en el cual concluyo que necesitamos fortalecer la gestión, visión de largo plazo y una ciudadanía consciente de que el agua no puede seguir tratándose como si fuera infinita.

¿Cómo administramos el agua?

El problema no es únicamente la cantidad de agua. El problema es cómo la administramos.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) atraviesa una crisis que ya no puede explicarse como una suma de fallas aisladas. La reciente cadena de renuncias y cambios en la dirección de la entidad refleja algo más profundo: inestabilidad institucional, pérdida de continuidad y una creciente presión pública frente al deterioro del servicio.

En pocos meses han salido directivos, se han producido reestructuraciones y el país ha vuelto a escuchar el mismo diagnóstico de siempre: décadas de desorganización, falta de mantenimiento, debilidad administrativa y ausencia de planificación. Incluso el propio Presidente reconoció que la situación del IDAAN es “verdaderamente preocupante” y cuestionó prácticas de ocultamiento o “maquillaje” de cifras.

En ese contexto, como he señalado antes en este blog, modernizar el IDAAN es un imperativo nacional. Y no hay que ser un ingeniero experto en gestión de los recursos hídricos para dar fe de la necesidad urgente de mejorar la cobertura y calidad del servicio que brinda nuestra institución responsable por dotación de los servicios de agua potable en nuestro territorio. Baste con padecer los cortes frecuentes producto de daños en esta o aquella potabilizadora o; la observancia impotente de las fugas de agua en cañerías de gran calibre, medidores o hidrantes; que, junto con el mal uso que hace la población, ocasionan un desperdicio cercano al 50% del agua potable producida, y provocan pérdidas millonarias al Estado.

¿Cuándo comenzó la crisis del agua en Panamá?

Pero la crisis actual no comenzó este año. Tampoco comenzó con este gobierno.

Desde hace décadas Panamá viene postergando decisiones estructurales sobre su sistema de agua potable. Las administraciones cambian, los directores cambian, los discursos cambian… pero los problemas permanecen. Infraestructura envejecida, mantenimiento insuficiente, pérdidas masivas de agua, expansión urbana sin planificación y una institucionalidad fragmentada siguen definiendo el panorama.

Las cifras ayudan a entender la dimensión del problema. Se estima que más del 40% del agua producida se pierde entre fugas, conexiones ilegales y deficiencias de medición. Es decir, casi la mitad del agua potabilizada nunca llega al usuario final. A eso se suman problemas financieros acumulados, cuentas sin respaldo claro y limitaciones presupuestarias que afectan directamente el mantenimiento y modernización de la red.

La dimensión ciudadana de la crisis del agua

Pero sería un error reducir toda la responsabilidad al Estado.

Existe también una dimensión ciudadana que pocas veces se discute con suficiente honestidad. Panamá ha vivido durante años bajo la percepción de que el agua es un recurso infinito y barato. Y cuando algo se percibe como ilimitado, se desperdicia.

Llaves abiertas innecesariamente, fugas domésticas ignoradas durante meses, lavado excesivo de autos y aceras, consumo poco responsable y baja cultura de ahorro forman parte de la ecuación. El problema es que millones de pequeños desperdicios terminan generando una enorme presión sobre un sistema ya debilitado.

Esto no significa culpar al ciudadano para absolver al Estado. Significa reconocer que la crisis tiene múltiples dimensiones. Cada litro que se pierde por una tubería rota refleja una falla institucional. Cada litro desperdiciado en los hogares refleja una falla cultural.

El camino a seguir: ambas deben corregirse simultáneamente

El primer paso es reconocer que el agua no puede seguir siendo administrada bajo lógicas políticas de corto plazo. El IDAAN necesita una gobernanza técnica, estable y con verdadera rendición de cuentas. No se trata de privatizar el servicio, sino de profesionalizarlo y garantizar continuidad en las decisiones estratégicas.

Panamá también requiere un plan nacional de agua que articule la gestión hídrica con la planificación urbana, la protección de cuencas y la estrategia de desarrollo nacional. En un contexto de cambio climático, crecimiento poblacional y presión sobre las fuentes hídricas, improvisar ya no es una opción.

También es necesario revisar el modelo tarifario. Durante años se evitó discutir el tema por razones políticas, pero un sistema que no recupera costos difícilmente podrá sostener inversiones, mantenimiento y expansión. La solución no es aumentar tarifas indiscriminadamente, sino construir un esquema más inteligente: subsidios focalizados para quienes realmente los necesitan y tarifas que incentiven el consumo responsable.

A esto debe sumarse una ofensiva nacional contra las pérdidas de agua. Modernizar redes, reparar fugas, incorporar tecnología de medición y fortalecer el mantenimiento debe convertirse en prioridad de Estado, no en respuesta temporal a cada crisis.

Pero el desafío no es solo rescatar una institución. El verdadero desafío es decidir qué modelo de país queremos construir.

Porque el agua no es únicamente un servicio público. Es salud, productividad, estabilidad social, desarrollo económico y seguridad nacional. Un país que no puede garantizar agua potable de manera confiable empieza a debilitar las bases mismas de su gobernabilidad.

Panamá todavía tiene una ventaja enorme: el recurso existe. Lo que falta es gestión, visión de largo plazo y una ciudadanía consciente de que el agua no puede seguir tratándose como si fuera infinita.