Ahora que finalmente tenemos el informe final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre, es el momento de formular y aplicar una Política de Estado para la gestión sostenible de los recursos naturales estratégicos y garantizar el desarrollo sostenible para todos.

Después de años de confrontación, incertidumbre y posiciones encontradas, Panamá dispone finalmente de una evaluación técnica independiente sobre el estado del proyecto, sus niveles de cumplimiento, los riesgos identificados y los desafíos ambientales, operativos y regulatorios asociados a su futuro.

Para ampliar sobre este tema, comparto a continuación mi más reciente columna de opinión publicada en Destino Panamá. En ella planteo que sería un error pensar que la auditoría resuelve el debate nacional sobre la minería. En realidad, la auditoría no responde la pregunta fundamental que enfrenta el país. Esa decisión sigue pendiente.

Tomar decisiones basadas en la evidencia

El Informe Final de la Auditoria Integral de la Mina Cobre Panamá – 2026 aporta evidencia; pero no debe conducirnos únicamente a decidir qué hacer con la mina, sino a definir cómo Panamá tomará decisiones sobre sus recursos naturales estratégicos en el futuro.

Durante demasiado tiempo, la discusión se desarrolló en medio de percepciones contrapuestas. Para unos, la mina representaba una fuente indispensable de empleo, inversión y crecimiento económico. Para otros, constituía un riesgo ambiental incompatible con el modelo de desarrollo sostenible que el país necesita. La auditoría permite ahora trasladar la conversación desde las opiniones hacia los hechos.

Y eso es precisamente lo que debe hacer una democracia madura: tomar decisiones basadas en evidencia.

El verdadero desafío comienza ahora

No obstante, el verdadero desafío comienza ahora. La pregunta ya no es solamente qué ocurrió en el pasado ni quién tenía razón durante la crisis que culminó con el cierre de la operación minera. La pregunta es qué debe hacer Panamá a partir de este momento para llevar a cabo una gestión sostenible de los recursos naturales estratégicos.

La respuesta no es sencilla. La mina existe. Sus instalaciones fueron construidas. Hay infraestructura industrial, sistemas de manejo de agua, depósitos de relaves, áreas intervenidas y compromisos ambientales que seguirán requiriendo atención independientemente de que la operación se reactive o permanezca cerrada.

Un cierre definitivo tendría costos económicos, sociales y ambientales que deben ser evaluados con responsabilidad. Una eventual reapertura también implicaría exigencias mucho más rigurosas en materia de supervisión, transparencia, cumplimiento ambiental y rendición de cuentas.

Ninguna de las opciones está libre de riesgos o consecuencias. Por ello, la decisión que adopte el país debe responder a una visión estratégica de largo plazo y no únicamente a consideraciones coyunturales.

Una lección importante

Pero existe una lección aún más importante. La principal enseñanza de esta experiencia con la minería metálica, no es minera. Es institucional.

La crisis dejó en evidencia las limitaciones del Estado para gestionar proyectos de gran complejidad técnica, ambiental y financiera. También reveló la ausencia de consensos nacionales sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales estratégicos.

Durante años discutimos sobre un proyecto específico sin haber definido previamente cuáles son las reglas del juego para garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales estratégicos.

• ¿Qué actividades extractivas está dispuesto a desarrollar Panamá?
• ¿En qué condiciones?
• ¿Qué estándares ambientales deben cumplirse?
• ¿Cómo se garantiza la participación ciudadana?
• ¿Qué beneficios deben recibir las comunidades y el país?
• ¿Cómo se distribuyen los riesgos y las responsabilidades?

La ausencia de respuestas claras ha contribuido a la polarización y a la incertidumbre.

Una Política de Estado para la gestión sostenible de los recursos naturales estratégicos

Por ello, la decisión sobre el futuro de la mina debería ser acompañada por una iniciativa mucho más ambiciosa: la construcción de una Política de Estado para la gestión sostenible de los recursos naturales estratégicos.

No se trata únicamente de minería. Se trata también del agua, los bosques, la biodiversidad, las cuencas hidrográficas, la energía y todos aquellos activos naturales cuyo manejo determinará el futuro del país.

Una política que garantice la gestión sostenible de los recursos naturales estratégicos debería establecer criterios claros para la evaluación de proyectos de interés nacional, fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones responsables de la regulación y fiscalización, garantizar la transparencia y la participación ciudadana, y asegurar que los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos naturales contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible y al bienestar colectivo.

La auditoría ofrece una oportunidad excepcional para avanzar en esa dirección. No porque indique cuál debe ser la decisión final sobre la mina, sino porque proporciona información objetiva para construir decisiones mejor fundamentadas.

Los países que gestionan exitosamente sus recursos naturales no son aquellos que evitan los conflictos. Son aquellos que cuentan con instituciones sólidas, reglas claras y mecanismos confiables para resolverlos. Panamá tiene ahora la oportunidad de dar ese paso.

La auditoría integral no responde por sí sola qué debe hacer el país con la mina. Lo que sí hace es algo indispensable para cualquier democracia madura: sustituir la especulación por evidencia.

Ahora corresponde a Panamá decidir

Pero quizás la decisión más importante no sea únicamente qué hacer con la mina. Quizás la verdadera decisión estratégica sea definir cómo administraremos, de ahora en adelante, los recursos naturales que pertenecen a las generaciones presentes y futuras.

Porque el verdadero reto ya no es auditar la mina. El verdadero reto es demostrar que Panamá es capaz de tomar decisiones de Estado basadas en conocimiento, transparencia, responsabilidad y visión de futuro; y desarrollar una gestión sostenible de los recursos naturales estratégicos.