El verdadero contrato social que necesita Panamá en el siglo XXI no consiste únicamente en redefinir la relación entre el Estado y los ciudadanos. Consiste en acordar que el desarrollo para el bien común sea el propósito superior de la República y el criterio que oriente todas las decisiones públicas.

En un artículo reciente sostuve que, antes de discutir una nueva Constitución, Panamá debe definir el proyecto de país que aspira a construir. Esa reflexión conduce inevitablemente a una segunda pregunta: ¿qué contrato social necesita Panamá para hacer posible ese proyecto nacional?

Comparto contenido ampliado de mi artículo original en mi columna del diario digital Destino Panamá, y los invito a definir qué país queremos construir, cuáles serán nuestras prioridades y qué responsabilidades estamos dispuestos a asumir para alcanzarlas.

Un gran acuerdo nacional

La respuesta no puede limitarse a un nuevo reparto de competencias entre los órganos del Estado ni a una actualización del catálogo de derechos y deberes ciudadanos. El desafío es mucho más profundo. Se trata de construir un gran acuerdo nacional sobre el desarrollo que queremos alcanzar y las responsabilidades compartidas para hacerlo realidad.

Hace poco más de un año, al comentar el Informe Social Mundial de las Naciones Unidas, señalaba que el mundo necesitaba renovar su contrato social para responder al aumento de las desigualdades, la pérdida de confianza en las instituciones, la transformación tecnológica y la transición demográfica. Aquellas reflexiones mantienen plena vigencia. Sin embargo, Panamá enfrenta hoy el desafío adicional de traducirlas en una visión propia de desarrollo, capaz de responder a nuestras fortalezas, limitaciones y aspiraciones como país.

El nuevo contrato social que necesita Panamá

Ese nuevo contrato social debería partir de una convicción fundamental: el desarrollo para el bien común debe convertirse en el propósito superior del Estado y de la sociedad. Sin embargo, la experiencia demuestra que un país puede mostrar sólidos indicadores macroeconómicos de crecimiento sin reducir las desigualdades, sin fortalecer sus instituciones y sin mejorar la calidad de vida de toda su población. El crecimiento sigue siendo indispensable, pero deja de ser el fin para convertirse en el medio que hace posible el bienestar colectivo. El verdadero desarrollo comienza cuando ese crecimiento se traduce en oportunidades, confianza, cohesión social y bienestar para todos.

Entendido así, el desarrollo deja de ser una meta exclusivamente económica. Pasa a ser un compromiso nacional con la prosperidad compartida, la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la sostenibilidad ambiental, la buena gobernanza y la confianza en las instituciones. En otras palabras, el crecimiento crea riqueza; el contrato social decide cómo esa riqueza se convierte en desarrollo para el bien común.

Construir ese nuevo contrato social que necesita Panamá exige reconocer que el desarrollo no depende exclusivamente del Estado. Es una responsabilidad compartida entre gobierno, sector privado, trabajadores, academia, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía. Cada uno tiene un papel insustituible en la construcción del bien común. El contrato social del siglo XXI debe ser, precisamente, el acuerdo que articule esas responsabilidades y alinee los esfuerzos de todos hacia objetivos compartidos. Construir una visión compartida de país y asumir el desarrollo como una responsabilidad de todos los sectores de la sociedad.

¿Cuáles deberían ser esos grandes acuerdos nacionales?

1. En primer lugar, igualdad de oportunidades a lo largo de todo el ciclo de vida, asegurando educación de calidad, salud, nutrición, protección social y acceso al conocimiento desde la primera infancia hasta la vejez.
2. En segundo lugar, construir una economía más productiva, innovadora y sostenible, capaz de generar empleo digno, incorporar tecnología, agregar valor y fortalecer la competitividad del país sin comprometer el patrimonio natural.
3. En tercer lugar, fortalecer instituciones profesionales, transparentes y orientadas a resultados, capaces de recuperar la confianza ciudadana y de gestionar eficazmente los recursos públicos.
4. En cuarto lugar, promover la cohesión social mediante la reducción de las desigualdades territoriales, económicas y generacionales, fortaleciendo el sentido de pertenencia a un proyecto nacional compartido.
5. Y, finalmente, asumir un compromiso explícito con las futuras generaciones. La transición demográfica, el cambio climático, la revolución digital y la gestión responsable de los recursos estratégicos obligan a pensar más allá del próximo período de gobierno. Las decisiones que adoptemos hoy condicionarán las oportunidades de los panameños durante las próximas décadas.

Ninguno de estos acuerdos será fácil. Pero todos son indispensables si aspiramos a construir un Panamá más próspero, equitativo, democrático y sostenible.

El Contrato social que necesita Panamá: un acuerdo sobre el futuro que queremos

En el fondo, un contrato social no es otra cosa que un acuerdo sobre el futuro. Define qué país queremos construir, cuáles serán nuestras prioridades y qué responsabilidades estamos dispuestos a asumir para alcanzarlas. Solo después de responder esas preguntas tiene sentido diseñar las instituciones y las políticas públicas que harán posible ese proyecto nacional.

Alcanzar estos acuerdos no dependerá únicamente de la voluntad política. Exigirá desarrollar las capacidades institucionales, técnicas, científicas y humanas necesarias para gestionar los recursos estratégicos del país en beneficio del desarrollo para el bien común.

El debate sobre el contrato social que necesita Panamá en el siglo XXI no es, por tanto, un ejercicio académico ni una discusión exclusivamente constitucional. Es una invitación a construir una visión compartida de país que oriente nuestras decisiones durante las próximas décadas. Si logramos ese consenso, la Constitución encontrará naturalmente su lugar como el marco institucional que lo haga posible. Pero, sobre todo, habremos dado el paso más importante: acordar que el desarrollo para el bien común sea el propósito superior que oriente la acción del Estado, fortalezca la economía y movilice a toda la sociedad hacia un proyecto nacional compartido.