La Asamblea Nacional de Panamá vuelve a debatir la obligatoriedad del bioetanol (E10) en las gasolinas de Panamá, impulsada por una narrativa poderosa: reactivar el sector agrícola, generar empleo rural y reducir el costo del combustible. El planteamiento no es nuevo, pero regresa con fuerza en un contexto de presión económica y búsqueda de soluciones rápidas.

La promesa es atractiva. Pero el uso obligatorio de bioetanol en Panamá plantea preguntas clave sobre costos reales, sostenibilidad y quién termina pagando la cuenta. La política pública no puede evaluarse por su narrativa, sino por su viabilidad.

En este artículo desarrollo argumentos sobre costos, empleo y riesgos. Actualizo hoy, invitándolos a la lectura complementaria, de la excelente publicación de Destino Panama sobre el tema del Bioetanol E10 en Panamá, la cual informa sobre los riesgos técnicos reales en un clima tropical húmedo, y nos ofrece tres infografías interactivas que no podemos perdernos. 

El argumento económico: ¿ahorro real o escenario ideal?

El principal atractivo del bioetanol en Panamá es su potencial para reducir el precio del combustible. Se afirma que, de haberse mantenido esta política, el galón de gasolina sería hoy más barato. Sin embargo, este tipo de afirmaciones suele basarse en modelos que asumen condiciones ideales: eficiencia productiva, estabilidad en los costos agrícolas y ausencia de distorsiones en la cadena de suministro.

La realidad, como suele ocurrir, es menos predecible.

Panamá no cuenta hoy con una industria de bioetanol consolidada ni con economías de escala que permitan producir a costos competitivos frente a mercados internacionales. Esto implica que, para sostener la política, podrían ser necesarios subsidios directos o indirectos, o mecanismos de protección que terminen trasladando costos al consumidor.

La pregunta clave es simple, pero incómoda: si el bioetanol en Panamá no es competitivo por sí mismo, ¿quién paga la diferencia?

Empleo rural: ¿motor de desarrollo o costo oculto?

El segundo gran argumento es el empleo. Se proyecta la creación de miles de puestos de trabajo y una revitalización del campo panameño. Sin duda, el desarrollo rural es una prioridad estratégica para el país. Pero no todas las formas de generar empleo son igualmente sostenibles.

El riesgo está en confundir empleo generado con empleo eficiente.

Si los puestos de trabajo dependen de una política obligatoria y de precios protegidos, lo que se crea no es una ventaja competitiva, sino una estructura artificial sostenida por regulación. En estos casos, el costo por empleo suele ser elevado y, a largo plazo, difícil de sostener sin intervención estatal continua.

La política pública responsable no solo debe preguntarse cuántos empleos crea, sino cuánto cuesta cada uno de ellos y quién financia ese costo.

El argumento ambiental: más allá del escape del vehículo

El bioetanol suele presentarse como una alternativa más limpia a los combustibles fósiles. Y en efecto, puede reducir ciertas emisiones en el punto de consumo. Pero el análisis ambiental no puede detenerse ahí.

El verdadero balance se mide a lo largo de toda la cadena productiva: cultivo, procesamiento, transporte y uso final.

En ese ciclo completo, emergen variables críticas:

• Uso intensivo de agua
• Aplicación de fertilizantes
• Cambios en el uso del suelo
• Expansión de la frontera agrícola

En un país como Panamá, donde la seguridad hídrica ya es un tema estratégico, promover cultivos intensivos para producir combustible abre un debate necesario: ¿es esta la mejor asignación de recursos naturales escasos?

La comparación inevitable: Brasil no es Panamá

El caso de Brasil suele citarse como ejemplo exitoso del uso de bioetanol. Y lo es. Pero ese éxito no es casual ni fácilmente replicable.

Brasil cuenta con:

• Escala agrícola masiva
• Infraestructura industrial desarrollada
• Décadas de políticas consistentes
• Un mercado interno capaz de absorber la producción

Panamá, en cambio, enfrenta limitaciones estructurales en tierra disponible, escala productiva y capacidad industrial. Pretender replicar el modelo sin estas condiciones no es una estrategia, sino una apuesta. Y en política pública, las apuestas sin respaldo suelen salir caras.

¿Política energética o política sectorial?

El proyecto de ley sobre el bioetanol en Panamá introduce un elemento adicional: no solo propone la mezcla obligatoria de etanol, sino que prioriza la compra de producción nacional. En la práctica, esto significa que el Estado no solo impulsa el consumo, sino que también define el origen del producto.

Esto puede ser válido como política de desarrollo. Pero debe decirse con claridad: implica intervenir el mercado y redistribuir costos.

Aquí surge la distinción clave: ¿Estamos ante una política energética orientada al interés nacional o ante una política sectorial orientada a beneficiar a un grupo específico?

La diferencia no es menor. En el primer caso, el objetivo es eficiencia y sostenibilidad. En el segundo, el riesgo es captura de políticas públicas.

Seguridad energética: el argumento estratégico

Panamá es altamente dependiente de combustibles importados, lo que la hace vulnerable a la volatilidad internacional. En ese contexto, diversificar la matriz energética es una necesidad legítima.

El bioetanol podría formar parte de esa estrategia. Pero convertirlo en obligatorio sin condiciones adecuadas puede generar más rigidez que resiliencia.

Una política energética moderna no se construye sobre una sola solución, sino sobre un portafolio diversificado: eficiencia, electrificación, energías renovables y, eventualmente, biocombustibles competitivos.

La ruta responsable: evidencia antes que imposición

Nada de lo anterior implica descartar el bioetanol. Implica, más bien, abordarlo con seriedad.

La ruta responsable no es la imposición inmediata, sino la experimentación controlada:

• Programas piloto
• Mezclas graduales
• Evaluaciones independientes
• Transparencia en costos y resultados

Antes de convertir una política en mandato, el país debe comprobar que funciona en condiciones reales, no en modelos teóricos.

Una decisión que define más que el combustible

El debate sobre el bioetanol en Panamá no es solo técnico. Es, en el fondo, una discusión sobre cómo se diseñan las políticas públicas en Panamá.

• ¿Se prioriza la evidencia o la narrativa?
• ¿La eficiencia o la intención?
• ¿El interés general o el sectorial?

La discusión en la Asamblea Nacional de Panamá representa una oportunidad. No para revivir políticas del pasado, sino para elevar la calidad del debate público y construir una estrategia energética coherente con los desafíos del país.

Porque al final, la pregunta no es si el bioetanol en Panamá suena bien. La pregunta es quién paga la cuenta.

Bioetanol E10 en Panamá:riesgos técnicos reales en un clima tropical húmedo

De acuerdo con la conclusión del artículo en Destino Panamá, “el bioetanol no es una sustancia inestable ni peligrosa per se. En las condiciones correctas de producción, almacenamiento y distribución, la mezcla E10 funciona en motores compatibles sin provocar daños significativos, tal como lo demuestran décadas de uso en múltiples países. Sin embargo, la naturaleza higroscópica del etanol convierte el clima tropical húmedo de Panamá —con humedad relativa sostenida entre el 80% y el 100%— en una variable técnica que no puede ignorarse ni minimizarse. Los riesgos de absorción de agua, separación de fases, corrosión en componentes y reducción de rendimiento no son hipótesis alarmistas: son mecanismos fisicoquímicos documentados que se intensifican con la humedad ambiental. La pregunta pertinente para Panamá no es si el E10 puede funcionar en climas tropicales, sino si existe la infraestructura técnica y regulatoria necesaria para garantizar que funcione sin consecuencias adversas sobre un parque automotor heterogéneo y en un entorno de humedad extrema. La respuesta a esa pregunta, hoy por hoy, aún está pendiente…”

No dejen de leer el artículo completo, en especial las excelentes infografias interactivas que nos ofrece.