La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido recientemente que los trastornos por consumo de drogas se han convertido en una preocupación creciente de salud pública en las Américas. Lejos de tratarse únicamente de un problema de seguridad o de orden público, la OPS subraya que estamos frente a una crisis sanitaria prevenible y tratable, con impactos profundos en la mortalidad, la discapacidad, la salud mental y la cohesión social .

En términos comparativos, Panamá no se encuentra entre los países con mayores tasas de consumo o mortalidad por drogas en la región. Sin embargo, esta aparente “ventaja” puede resultar engañosa. El propio contexto nacional revela señales de alerta que no deben subestimarse.

Trastornos por consumo de drogas

De acuerdo con la nota de prensa de la OPS publicada el 14 de enero de 2026, millones de personas en la región viven con algún trastorno por consumo de drogas, y decenas de miles mueren cada año por causas directamente atribuibles, como sobredosis, enfermedades hepáticas, trastornos cardiovasculares y suicidio. La situación es particularmente grave en relación con los opioides, incluidos los sintéticos, que concentran la mayor parte de las muertes relacionadas con drogas en el continente .

Un problema de salud pública, no solo de drogas

Uno de los mensajes centrales de la OPS es que estos trastornos no deben abordarse únicamente desde el enfoque penal, sino como parte integral de las políticas de salud pública. El consumo problemático de drogas suele coexistir con depresión, ansiedad, violencia, exclusión social y pobreza, lo que exige respuestas integrales, continuas y basadas en evidencia.

La OPS insiste en que los trastornos por consumo de drogas son prevenibles y tratables, siempre que los sistemas de salud cuenten con servicios accesibles, personal capacitado, integración con la atención primaria y políticas que reduzcan el estigma. La experiencia internacional demuestra que criminalizar el consumo sin ofrecer tratamiento adecuado no solo es ineficaz, sino que agrava la exclusión y dificulta la recuperación.

¿Dónde queda Panamá en este escenario?

En términos comparativos _como señalé al inicio_, Panamá no se encuentra entre los países con mayores tasas de consumo o mortalidad por drogas en la región. Sin embargo, esta aparente “ventaja” puede resultar engañosa. El propio contexto nacional revela señales de alerta que no deben subestimarse.

En Panamá, el consumo de sustancias ilícitas se concentra principalmente en hombres jóvenes, especialmente en edades productivas. A esto se suma un consumo perjudicial de alcohol y tabaco, sustancias legales que, aunque a menudo quedan fuera del debate sobre drogas, generan una carga de enfermedad mucho mayor y actúan como puerta de entrada a otros consumos problemáticos.

Además, la ubicación geográfica del país —clave en las rutas internacionales del narcotráfico— expone a la población a mayor disponibilidad de sustancias, incluidas drogas sintéticas, cuyo impacto sanitario suele ser más severo y menos predecible. Aunque el consumo interno no sea masivo, la experiencia regional demuestra que la disponibilidad sostenida termina traduciéndose en mayor riesgo, especialmente en contextos de desigualdad social y fragilidad institucional.

Avances, pero con límites claros

Panamá ha desarrollado en los últimos años normativas, planes y servicios orientados a la prevención y atención de los trastornos por consumo de sustancias. Existen rutas de atención en salud mental, servicios especializados, programas comunitarios y articulación con organizaciones de la sociedad civil. Estos esfuerzos son valiosos y deben reconocerse.

Sin embargo, persisten limitaciones estructurales. La atención sigue estando concentrada en niveles especializados, con débil integración en la atención primaria de salud, lo que dificulta la detección temprana y el seguimiento continuo. A esto se suma la fragmentación institucional y la insuficiente articulación entre salud, educación, desarrollo social y justicia.

Otro desafío central es el estigma. Muchas personas con consumo problemático evitan buscar ayuda por miedo al rechazo social o a consecuencias legales. Esto retrasa el tratamiento y aumenta el riesgo de complicaciones graves. La OPS es clara al señalar que reducir el estigma es una intervención de salud pública, no un asunto accesorio.

El problema de los datos sobre el consumo de drogas: una excusa peligrosa

Es cierto que uno de los grandes obstáculos en Panamá —y en la región— es la desactualización de las estadísticas nacionales y regionales. Las encuestas de consumo no se realizan con la frecuencia necesaria y los sistemas de vigilancia presentan vacíos importantes. Pero esta carencia no puede convertirse en una excusa para la inacción.

La OPS subraya que, aun con información imperfecta, las tendencias son claras: aumento de la carga de enfermedad, mayor complejidad de los consumos y creciente impacto en jóvenes y poblaciones vulnerables. En este contexto, esperar datos “perfectos” para actuar equivale a llegar tarde.

Una agenda pendiente para Panamá

El llamado de la OPS es particularmente pertinente para Panamá en un momento en que el país debate la sostenibilidad de su sistema de salud y la necesidad de fortalecer la atención primaria de salud. Integrar de manera efectiva la prevención y el tratamiento de los trastornos por consumo de drogas en el primer nivel de atención es una oportunidad estratégica, no un costo adicional.

Esto implica invertir en capacitación del personal de salud, fortalecer la atención comunitaria, garantizar el acceso a tratamientos basados en evidencia y avanzar hacia enfoques de reducción de daños, aún incipientes en el país. También requiere políticas intersectoriales que aborden los determinantes sociales del consumo, desde la exclusión educativa hasta el desempleo juvenil.

Trastornos por consumo de drogas: una advertencia que conviene escuchar

La nota de prensa de la OPS no es un ejercicio académico ni una alarma abstracta. Es una advertencia clara: los trastornos por consumo de drogas están creciendo como problema de salud pública en las Américas, y ningún país está inmunizado.

Para Panamá, el mensaje es directo: actuar ahora, consolidando y profundizando las políticas existentes, es mucho más costo-efectivo —y éticamente responsable— que reaccionar cuando el problema sea más visible, más grave y más difícil de controlar.