Le dedico ésta entrega a ofrecer más información sobre el significado y principales características para el desarrollo de un buen proyecto de interés público. Son condiciones que actúan como una especie de filtro de calidad, ayudando a distinguir un verdadero proyecto de interés público de uno que solo se declara como tal para favorecer intereses políticos o empresariales.

Tiene mucha importancia para ejercer con propiedad nuestro derecho y deber de ejercer el control social de la gestión pública, pues en Panamá tenemos una tendencia a declarar proyectos como “de interés público”, pero muchas veces _en el pasado_ han fallado en una o más condiciones clave —especialmente en equilibrio de derechos y sostenibilidad— lo que genera desconfianza ciudadana y conflictos sociales.

Proyecto de interés público

¿De qué estamos hablando?

A continuación comparto _con algunos complementos_ el contenido de mi columna de opinión en La Estrella de Panamá. Pero antes de seguir adelante, recordemos que un proyecto de interés público es toda iniciativa, obra, programa o política impulsada por el Estado (o autorizada a privados bajo regulación estatal) que responde a necesidades colectivas y busca el bienestar general de la sociedad, por encima de intereses particulares. Además _y esto es fundamental para el ejercicio del control social_, en términos jurídicos, el “interés público” es un principio rector de la acción estatal: todo lo que hace el gobierno debe justificarse porque atiende una necesidad social legítima; como salud, agua, educación, vivienda, seguridad, infraestructura, energía o ambiente.

Ocho condiciones esenciales de un buen proyecto de interés publico

En este contexto, un proyecto de interés público se distingue por cumplir al menos con ocho condiciones esenciales que garantizan su legitimidad y beneficio colectivo.

Finalidad social comprobable

El centro del interés público es el bien común. Un proyecto debe mejorar de manera tangible la vida de las personas y resolver una necesidad colectiva, no generar lucro privado como fin principal. Construir escuelas donde hay déficit, ampliar centros de salud o garantizar acceso al agua potable son ejemplos claros de esta finalidad.

Necesidad demostrada

No basta con tener buenas intenciones: debe existir un diagnóstico sólido que muestre el problema real que se busca atender. Cuando se construye una obra innecesaria o duplicada, se pierde el sentido de interés público y se convierte en despilfarro.

Beneficio colectivo amplio

Un proyecto merece llamarse de interés público si sus beneficios llegan a la mayoría de la población y no a un grupo reducido. Una carretera que conecta comunidades aisladas cumple esta condición, mientras que una obra diseñada para favorecer a un enclave privado difícilmente lo hace.

Legitimidad democrática y legalidad

El respaldo legal e institucional es indispensable. Esto evita que los proyectos nazcan de decisiones arbitrarias y asegura que se enmarquen en políticas públicas, planes de desarrollo y leyes vigentes. Declarar por ley ciertos proyectos de infraestructura estratégica es un ejemplo de cómo se garantiza esta legitimidad.

Equilibrio de derechos

Algunos proyectos implican limitaciones a derechos individuales: expropiaciones de tierras, restricciones de uso o afectaciones económicas. El interés público exige que esas medidas sean proporcionales y que exista compensación justa. De lo contrario, se corre el riesgo de atropellar a los ciudadanos en nombre del bien común.

Participación ciudadana y transparencia

Un verdadero proyecto de interés público no se impone, se construye con información clara y espacios de consulta. La transparencia y la participación legitiman el proyecto, reducen conflictos y fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones.

Sostenibilidad integral

El interés público no se mide solo por los beneficios inmediatos, sino por la capacidad de mantenerlos en el tiempo. Eso exige viabilidad económica (sin comprometer la estabilidad fiscal), cohesión social (inclusión y equidad) y responsabilidad ambiental (proteger ecosistemas y garantizar recursos para futuras generaciones).

Supervisión y rendición de cuentas

Finalmente, todo proyecto debe estar sujeto a control. La supervisión y la rendición de cuentas evitan corrupción, sobrecostos y desvíos hacia intereses privados. Recordemos que un proyecto puede tener gran finalidad social, pero si se ejecuta mal o sin control, pierde legitimidad y confianza pública.

Ejemplos de tres proyectos de interés público

Dicho todo lo anterior, le dedico la parte final de esta glosa a darle un examen preliminar _sin ser exhaustivo_ a tres proyectos concretos en Panamá y los invito a hacer lo mismo con todos los proyectos de interés público que tenemos en nuestro territorio.

• El embalse del Río Indio, por ejemplo, cumple claramente con la finalidad social, la necesidad demostrada y el beneficio colectivo: garantizar agua para la población y el Canal. Sin embargo, tropieza en aspectos clave como la participación ciudadana, la sostenibilidad y la compensación a las comunidades que serían desplazadas. Su legitimidad institucional no está en duda, pero su legitimidad social aún requiere construirse.
• Por otro lado, la minería metálica a gran escala es probablemente el ejemplo más problemático. Aunque se defiende bajo el argumento de generación de ingresos y empleos, resulta difícil sostener que cumple con la mayoría de las características de interés público. El beneficio colectivo es limitado frente a los daños ambientales y sociales, la sostenibilidad está en entredicho, y la falta de consenso social mina su legitimidad democrática. Aquí, más que de interés público, hay quienes hablan de interés económico de corto plazo.
• Finalmente, los proyectos de vivienda social _por ejemplo la renovación urbana de Colón_ reflejan de manera clara una finalidad social y una necesidad urgente: reducir el déficit habitacional. Estos proyectos gozan de legitimidad democrática y aportan beneficios colectivos. Sin embargo, su éxito depende de factores como la calidad de las construcciones, la provisión de servicios básicos y la planificación urbana. Sin estos elementos, lo que se entrega como “solución” puede convertirse en un problema de sostenibilidad futura.

Conclusión

En todo caso, la etiqueta de “interés público” no debe usarse a la ligera. Un proyecto lo es en la medida en que cumple de forma simultánea las ocho características fundamentales: finalidad social, necesidad real, beneficio colectivo, legitimidad, respeto de derechos, participación, sostenibilidad y supervisión. Cuando falta una de ellas, el interés público se convierte en un argumento vacío. Por eso, la ciudadanía debe mantenerse vigilante y exigir que los proyectos se ajusten a estas condiciones, pues solo así se garantiza que realmente respondan al bien común y fortalezcan la confianza democrática.