Le dedico esta entrega a compartir sólidos argumentos en contra de la privatización de nuestro sistema de pensiones.

En particular ofrezco _a manera de recordatorio para ayudar al debate_ dos de las publicaciones que considero referencias obligadas para alejarnos de la improvisación y alcanzar el fin que satisfaga a todos los panameños.

Privatización de nuestro sistema de pensiones

Una introducción obligatoria

El último quinquenio ha sido prolijo en la publicación, por parte de prestigiosas instituciones, de sólidos y suficientes argumentos en contra de la privatización de los sistemas de pensiones. No obstante, aquí algunos grupos siguen insistiendo _posiblemente por sus intereses_ en la conveniencia de tal propuesta, y será sin duda, un tema que se debatirá en las reuniones convocadas por la Asamblea Nacional para analizar y proponer modificaciones al proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposiciones, presentada el pasado 6 de noviembre por el Ejecutivo.

Dos publicaciones necesarias y ojala suficientes

Cuatro décadas de privatizaciones de sistemas de pensiones en América Latina

Comienzo subrayando que hace cuatro años, la Fundación Friedrich Ebert publicó el transcendental libro de Carmelo Mesa-Lago titulado: “Cuatro décadas de privatizaciones de sistemas de pensiones en América Latina”. De acuerdo con el propio autor, y todos los que hemos tenido la oportunidad de leerla, “la obra se caracteriza por un esfuerzo en mantener la objetividad académica, con la esperanza de que este estudio estimule una profundización del debate de manera profesional y que sirva para extraer lecciones _de la diversa y rica experiencia latinoamericana_ a los países que están contemplando o pudieran considerar una reforma de sus sistemas de pensiones.

Para poner en contexto el asunto de la privatización de los sistemas de pensiones, Mesa-Lago nos recuerda que, “entre 1981 y 2008, once países latinoamericanos la mayoría con patrocino del BM, implementaron reformas estructurales en sus sistemas de pensiones, reemplazando total o parcialmente los sistemas públicos por sistemas de pensiones privados (aunque pueden tener un componente público). Estos no fueron iguales porque adoptaron tres modelos: a) el substitutivo, que cerró el sistema público y lo reemplazó por completo por el privado; b) el mixto, que mantuvo el sistema público como un pilar y agregó el privado como un segundo pilar (entre estos Panamá); y c) el paralelo que conservó el sistema público y agregó el sistema privado, los dos compitiendo entre sí.

Allí el autor ofrece _basado en estadísticas confiables y más de 200 fuentes bibliográficas_ una evaluación del desempeño de los nueve sistemas privados de pensiones latinoamericanos en las últimas cuatro décadas, basados en los cinco aspectos más importantes: 1) Cobertura de la población económicamente activa (PEA) o fuerza laboral y la población adulta mayor (65 años y más); 2) Solidaridad social e igualdad de género; 3) Suficiencia de las prestaciones; 4) Administración eficiente y costos razonables (competencia) y 5) Sostenibilidad financiera y actuarial.

La reversión de la privatización de las pensiones

Casi simultáneamente, la OIT en su documento titulado: “La reversión de la privatización de las pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)”; señala entre sus conclusiones que: considerando que el 60 por ciento de los países que habían privatizado los sistemas públicos de pensiones obligatorias han revertido la privatización, y teniendo en cuenta la evidencia acumulada de impactos negativos sociales y económicos, se puede afirmar que el experimento de la privatización ha fracasado.

De acuerdo con la OIT, la privatización de las pensiones no dio los resultados esperados. Las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los niveles de las pensiones se deterioraron, y se agravaron las desigualdades de género y de ingresos, lo que hizo que la privatización fuera muy impopular. El riesgo asociado a las fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a los individuos. Los costos administrativos se incrementaron, lo que resultó en menores niveles de prestaciones. Los altos costos de transición -a menudo infravalorados- crearon grandes presiones fiscales. Se suponía que la administración privada debía mejorar la gobernanza, pero, por el contrario, la debilitó. Se eliminó la participación de los trabajadores en la gestión. En muchos casos, las funciones de regulación y supervisión fueron capturadas por los mismos grupos económicos responsables de la gestión de los fondos de pensiones, lo que creó un grave conflicto de intereses; además, la industria de seguros, quien en última instancia se beneficia de los ahorros previsionales, avanzó hacia la concentración. Por último, las reformas de las pensiones tuvieron efectos limitados en los mercados de capitales y en el crecimiento en la mayoría de los países en desarrollo.

Privatización de nuestro sistema de pensiones: conclusión

En todo caso, cuidar del bienestar de las personas mayores debe ser uno de los desafíos centrales para nuestro sistema de pensiones. Para el 2050, cerca de 1.5 millones de panameños tendremos más de 60 años y esa cifra seguirá aumentando. Esta realidad conllevará un conjunto de demandas que plantearán grandes exigencias al gasto público, en especial en materia de salud y pensiones, y la evidencia disponible señala claramente que la privatización no es el camino.