El derecho universal a la salud integral fue reconocido por nuestros actuales gobernantes en su Plan Estratégico de Gobierno, afirmando que, “en Panamá la salud no es igual para todos, y enfatizando que, los problemas de salud pública no son solamente por falta de presupuesto, sino por una mala gestión administrativa. La falta de coordinación entre MINSA y Caja del Seguro Social CSS, el desorden, la falta de planificación y la corrupción”.

Por esa razón, subrayando que la salud era un tema de Estado y de derechos humanos, manifestaron su compromiso de garantizar el derecho universal a la salud integral con un sistema público de salud moderno, equitativo, eficiente, seguro y humano que avance por etapas coordinadas hacia un sistema integrado con servicios de calidad, con una gestión transparente, sin privatizarlo.

Como señalé en mi columna de opinión de La Estrella de Panamá, reitero que en este momento, a las puertas de otras elecciones, es evidente que no se cumplió con el compromiso de garantizar el derecho universal a la salud integral, y la mayoría de los ciudadanos de recursos financieros escasos o limitados, no están adecuadamente cubiertos por los servicios de salud esenciales, integrales y humanizados que necesitan.

Derecho universal a la salud integral: un desafío pendiente

En primer lugar es obligatorio subrayar que, esto no tiene por qué ser así, pues en este quinquenio el sector público de salud _Minsa y CSS_ ha contado con un presupuesto cercano a los 50 mil millones de balboas. Cifra más que suficiente para garantizar a todos en todos los lugares de nuestro territorio el prometido derecho universal a la salud.

Cierto es que la pandemia de COVID-19 y un contexto social y político muy complicado, tuvo un impacto significativo en el logro de esta cobertura en salud, agravando las desigualdades en salud, especialmente para las personas que viven en nuestras comarcas indígenas y provincias más pobres, quienes son más propensas a sufrir enfermedades y a tener dificultades para acceder a la atención médica.

¿De qué estamos hablando?

El derecho universal a la salud integral, de acuerdo con la más reciente actualización, implica que todas las personas puedan acceder a toda la gama de servicios de salud de calidad, cuando y donde los necesiten, sin sufrir dificultades económicas. Abarca toda la gama de servicios de salud esenciales, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos a lo largo del curso de la vida. La expresión engloba dos conceptos de cobertura relacionados entre sí:

• Acceso a un abanico completo de servicios de salud, incluida la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Estos servicios deberían ser de buena calidad.
• Protección frente a los riesgos financieros derivados de la asistencia sanitaria. Mediante algún tipo de prepago obligatorio que posteriormente se mancomuna para distribuir los riesgos.

Por consiguiente, la vigilancia de las desigualdades en materia de salud es esencial para identificar las poblaciones desfavorecidas y hacerle un seguimiento a fin de proporcionar a las instancias decisorias una base científica para formular políticas, programas y prácticas más orientados a la equidad, con miras a garantizar el prometido derecho universal a la salud integral.

Una consideración especial merece la Humanización de la atención. Se trata de un imperativo ético, pues la salud lleva implícito el sentido humanístico de contribuir al bienestar del ser humano. En ese sentido es obligatorio que le demos cumplimiento al Código de Ética del Colegio de Médicos de Panamá, publicado en Gaceta Oficial N°29843-A del 9 de agosto de 2023. El cual se fundamenta en el objetivo de concretar la combinación de la excelencia técnica y la ética humanista para el beneficio de la población que demande los servicios de salud. Del mismo modo, desarrolla una serie de deberes y derechos y procura constituirse como referente del buen comportamiento profesional del médico y, por lo tanto, fundamento del derecho universal a la salud integral.

Derecho universal a la salud integral recomendaciones prácticas inmediatas

Condiciones mínimas para la cobertura universal

En todo caso, aceptando los atenuantes que proporcionó el contexto global y nacional del quinquenio, el logro del derecho universal a la salud integral _contando con los recursos financieros, la erradicación del nefato clientelismo y una gestión eficiente y transparente_, sigue teniendo hoy las siguientes condiciones mínimas:

• el mejoramiento de la organización de los servicios de salud, desarrollando un modelo de atención de salud, centrado en las necesidades de personas y las comunidades;
• el fortalecimiento del primer nivel de atención mediante el desarrollo de equipos de salud multidisciplinarios y redes integradas de servicio de salud;
• la definición de los mecanismos para garantizar la coordinación efectiva de las instituciones de salud, para conformar estas redes integradas de servicios de salud, superando la fragmentación actual del sistema, y;
• el desarrollo de la necesaria coordinación intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud.

Una consideración a los determinantes sociales de la salud

Este asunto de los determinantes de la salud cobra especial relevancia cuando examinamos los indicadores que reflejan la persistencia de condiciones adversas de salud principalmente entre la población más pobre del país. Señalo tres ejemplos que demuestran esta aseveración.

En relación con la esperanza de vida, vemos que, los habitantes de nuestras provincias más ricas, viven casi diez años más y en mejores condiciones que los panameños de nuestras tres Comarcas indígenas. Peor ocurre con la mortalidad infantil, la cual es dos o tres veces mayor en las Comarcas que en las provincias más ricas. Y con la mortalidad materna que es cuatro veces mayor en las Comarcas que en las provincias con menor índice de pobreza.

Conclusión

Por consiguiente, es claro que no bastará con construir e inaugurar edificaciones, muchas veces innecesarias y, en no pocos casos, sin equipamiento ni recursos humanos. Para alcanzar ese derecho universal a la salud integral, debe ser una prioridad el abordaje efectivo de los determinantes sociales de la salud, el cual comienza con el desarrollo de un modelo económico centrado en el bienestar de la población.

En todo caso, la meta hoy sigue siendo la misma de siempre: “garantizar que todas las personas tengan acceso a un conjunto completo de servicios de salud, oportunos, humanizados y de buena calidad, incluida la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Esta nueva situación también debe garantizar protección frente a los riesgos financieros derivados de la asistencia sanitaria”.

En ese sentido, es propicio recordar _y ojala el nuevo gobierno la aproveche_ que, en la última reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los dirigentes mundiales _incluidos los nuestros_ aprobaron una nueva declaración política titulada “Cobertura sanitaria universal: ampliemos nuestras aspiraciones para la salud y el bienestar en un mundo pos-COVID”, la cual define claramente lo que tenemos que hacer para garantizar el derecho universal a la salud integral para todos los panameños.

Como señalé hace cinco años, reitero ahora que, la principal oportunidad para salvar el sistema de salud y alcanzar la cobertura universal de salud integral en Panamá son las elecciones de mayo del 2024. Elijamos los candidatos que hayan demostrado con su trayectoria poseer los elementos obligados de la ética pública, en especial la probidad en el uso de los recursos públicos y, no menos importante, que muestren y sustenten planes de Gobierno basados en el conocimiento científico disponible, trascendiendo los discursos elaborados con palabras agradables y convincentes.