Alcanzar el desarrollo sostenible será nuestro gran desafío para el próximo quinquenio, y no somos pocos los panameños que nos preguntamos si vamos a poder enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la declaración de inconstitucionalidad de la nefasta Ley 406 por parte de la Corte Suprema de Justicia. A lo cual se le suma el desgobierno que ha caracterizado muchas de las intervenciones de nuestras autoridades de este gobierno y los anteriores.

En ese contexto comparto con ustedes el contenido de mi columna de opinión de hoy domingo y los invito a reflexionar sobre lo que tendríamos que hacer para superar esta crisis y alcanzar el desarrollo sostenible con justicia y equidad.

Alcanzar el desarrollo sostenible: condiciones indispensables para comenzar.

Para comenzar, será fundamental que este gobierno, en el tiempo que le queda, le proporcione a la ciudadanía una señal de arrepentimiento que sirva como propósito de la enmienda para los que vendrán.

En ese sentido, para poder avanzar en el proceso de alcanzar el desarrollo sostenible, lo primero es que nuestro presidente aparezca, porque la silla está vacía desde que comenzó este desmadre. Una vez aparecido, debe terminar su gestión reconociendo sus errores, pidiendo disculpas, y aplicándole todo el peso de la ley a todos los que violaron y violan nuestra Constitución, lo cual implica que los ministros y autoridades que -ignorando el fallo previo de inconstitucionalidad- impulsaron el contrato entre el Estado y Minera Panamá, S.A., que adoptó la Ley 406, renuncien inmediatamente y que sean investigados de forma exhaustiva. Así mismo deberán buscarse los mecanismos legales que permitan el enjuiciamiento de los 45 diputados que votaron a favor de la nefasta ley.

No menos importante, es que el gobierno asuma su responsabilidad de garantizar el derecho de la ciudadanía a circular libremente por el territorio nacional -como ordena el artículo 27 de nuestra Carta Magna- y acabe con la anarquía que promueve un pequeño grupo que no representa a los panameños.

Alcanzar el desarrollo sostenible: tareas inmediatas

Superada esta etapa el gobierno tendrá dos tareas para los seis meses que les quedan, y que heredarán quienes comiencen en el 2024. Lo primero es comenzar el proceso de cierre planificado y adecuado de la mina, el cual puede llevarnos varios años para la implementación exitosa de las medidas de rehabilitación necesarias antes del cierre definitivo. No será un proceso rápido y para que funcione sin otra crisis, debe ser liderado en forma transparente por una autoridad nacional que asuma esta compleja transición y mantenga informada a la ciudadanía de forma transparente y continua.

Igual peso tendrán los preparativos para enfrentar con éxito el posible arbitraje internacional que con seguridad solicitará la compañía minera para obtener los miles de millones de dólares por los activos y la inversión ya hecha de la empresa, más una cantidad importante, en concepto de lucro cesante, considerando la ganancia posible que hubiese recibido la minera durante un periodo de explotación minera de veinte años.

Para enfrentar este arbitraje deberemos contratar abogados especializados en arbitraje internacional; conseguir los recursos financieros para los costos asociados; desarrollar una estrategia sólida, presentando pruebas, argumentos legales y tácticas, y; considerar la posibilidad de negociaciones previas al arbitraje para resolver la disputa de manera amistosa, lo cual puede ahorrar tiempo y recursos.

Los políticos que necesitamos

Mientras esto se lleva a cabo, los panameños debemos prepararnos para no equivocarnos y elegir en mayo de 2024 a aquellos políticos que necesitamos para alcanzar el desarrollo sostenible. Ellos y ellas deben poseer los tres elementos obligados de la ética pública: probidad en el uso de los recursos públicos, equidad en sus modalidades de operación y eficiencia en su manejo, de manera que se logre el mayor impacto posible en el bienestar social, finalidad última del Estado. Por ende, es obligatorio comenzar nuestro ejercicio preguntándonos: ¿Han estado presentes la probidad, equidad y eficiencia en las administraciones de los últimos quinquenios? La respuesta no es fácil. No basta con afirmar cómodamente que “todo ha estado y está mal”. No es cierto, hay en el presente y hubo en el pasado, muchos ejemplos del buen gobierno que queremos.

En todo caso, los políticos que necesitamos y queremos, deben ser hombres y mujeres de bien, íntegros y honrados. Caracterizados por un actuar apegado siempre a los principios y valores de probidad. Fundamental es que su gestión se caracterice por la búsqueda de la equidad en la distribución de la riqueza nacional, lo cual no es nada fácil en un país reconocido como uno de los países con mayor desigualdad en el planeta. Finalmente, y no por eso menos importante, el desempeño de ese político que ocupa cargos públicos o es un diputado electo, debe ser eficiente y eficaz en la administración de los billones de dólares que están a disposición de nuestros gobernantes para alcanzar ese necesario bien común.

Si somos capaces de poner en el Palacio de las Garzas a un político que, además de dichas cualidades, sea humilde, transparente, sensible y comprometido con el bienestar de la patria, entonces él o ella se rodeará de un equipo con similares virtudes y enfrentará, con nuestro apoyo y vigilancia, los grandes retos que tendremos a partir del 2024 para alcanzar el desarrollo sostenible.

La tarea pendiente

Ese grupo deberá reinventar nuestro pacto social y avanzar hacia un nuevo sistema económico y social inclusivo y sostenible para enfrentar los viejos problemas que no logró superar la actual administración. Por ejemplo: el rescate del fondo de pensiones de la CSS, el desarrollo de una educación excelente para todos en todos los lugares, el fortalecimiento de la capacidad de nuestro Canal, la transformación del sistema de salud, la renovación de la industria del turismo desarrollando infraestructuras en el atlántico y el pacífico, y otros que se me escapan.

Y deberá enfrentar estos asuntos en medio de una posible recesión económica, una contracción importante del PIB, un hundimiento de los bonos de Panamá, la pérdida del grado de inversión, disminuyendo nuestra capacidad para pagar obligaciones. Como si fuera poco, tendremos que pagar los costes de un arbitraje internacional, sin los supuestos millones que recibiríamos por la minería, sufriendo una reducción de los millones que ACP aporta al tesoro nacional, y sin seguir aumentando la deuda externa que ya ronda los 50 mil millones de dólares.

Podremos lograrlo!

A lo largo de nuestra historia los panameños hemos enfrentado con éxito grandes desafíos y esta no va a ser la excepción. Para enfrentar este desafío, y alcanzar el desarrollo sostenible que necesitamos, los panameños hemos alcanzado una serie de Acuerdos -desde la Concertación Nacional para el desarrollo hasta el – en los cuales definimos “el Panamá que queremos y podemos tener”, y solo esperan ser llevados a la práctica para hacer prevalecer los intereses de la población. Hagámoslos valer. Siempre con el efectivo control social, reconociendo que el verdadero gobernante es el pueblo soberano y las autoridades nuestros servidores.