Complemento este artículo sobre la seguridad alimentaria y nutricional sostenible en Panamá, invitándolos a la lectura de la reciente publicación del Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, elaborado elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/ OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP).

Mantengo la invitación a la lectura del Informe Especial conjunto (CEPAL, FAO y PMA) titulado Hacia una seguridad alimentaria y nutricional sostenible en América Latina y el Caribe en respuesta a la crisis alimentaria mundial, en el cual las tres agencias presentaron llaman a fortalecer la producción agrícola y los sistemas de protección social y extender su alcance en el área rural para responder al triple desafío de combatir la inseguridad alimentaria y el aumento de la pobreza extrema, y apoyar la producción de alimentos en la región.

En ese contexto, subrayo la necesidad de robustecer las estrategias para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional sostenible en nuestro país, así como  fortalecer las estrategias para superar la injusta desigualdad, alcanzar el desarrollo para todos en todos los lugares, acabar con la inseguridad alimentaria y nutricional, mitigar en serio la pobreza multidimensional y erradicar el hambre en todos los hogares panameños.

Seguridad alimentaria y nutricional sostenible

Una mirada a los dos informes de las NNUU

Comparto los mesajes centrales del Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional – América Latina y el Caribe y los invito a la lectura completa del documento.

• En 2021, 56.5 millones de personas en la región se vieron afectadas por el hambre. La cifra creció en 13.2 millones desde el estallido de la pandemia de la COVID-19 en 2019.
• Entre 2019 y 2021, el hambre aumentó más en Sudamérica (11 millones de personas adicionales), alcanzando una prevalencia del 7.9%. En Mesoamérica la prevalencia fue del 8.4% (1.6 millones de personas adicionales), y en el Caribe del 16.4% (0.6 millones de personas adicionales).
• La prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave es mayor en América Latina y el Caribe comparado con el promedio mundial. En 2021, el 40.6% de la población de la región se enfrentaba a una inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que el 29.3% de la población mundial estaba afectada por la inseguridad alimentaria moderada o grave.
• El aumento de la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave entre 2019 y 2021 fue mayor en América Latina y el Caribe que en el mundo, lo que podría explicarse por los efectos de la pandemia en las economías de los países y porque la región tiene el mayor nivel de desigualdad de ingresos en comparación a otras regiones.
• El número de personas que experimentan inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina y el Caribe aumentó de 205.2 millones en 2019 a 267.7 millones en 2021. Esto se debe principalmente al aumento en Sudamérica, y proporciona evidencia adicional de una situación en deterioro, especialmente para las personas que ya se enfrentan a graves adversidades. La inseguridad alimentaria moderada o grave en 2021 afectó a 177.7 millones de personas en Sudamérica, 61.9 millones en Mesoamérica y 28 millones en el Caribe.
• En 2021, 93.5 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria grave en América Latina y el Caribe, un aumento de 29.5 millones en comparación con 2019. La inseguridad alimentaria grave ha aumentado a un ritmo más rápido en Sudamérica, donde se ha triplicado desde 2014, pasando de 22 millones a 65.6 millones de personas.
• En el mundo, la inseguridad alimentaria afecta más a las mujeres que a los hombres. La disparidad en la región es de 11.3 puntos porcentuales y es mayor a la del mundo, donde la brecha es de 4.3 puntos porcentuales.

Por su parte, la CEPAL, junto con la FAO y el PMA, presentaron un nuevo Informe Especial conjunto titulado Hacia una seguridad alimentaria y nutricional sostenible en América Latina y el Caribe en respuesta a la crisis alimentaria mundial. El informe analiza el contexto internacional y cómo las crisis sucesivas, junto con la guerra en Ucrania, están afectando el acceso de América Latina y el Caribe a los alimentos y a insumos claves para la agricultura regional, lo que hace peligrar la seguridad alimentaria de los habitantes de la región, especialmente de la población más vulnerable. En ese contexto llaman a fortalecer la producción agrícola y los sistemas de protección social y extender su alcance en el área rural para responder al triple desafío de combatir la inseguridad alimentaria y el aumento de la pobreza extrema, y apoyar la producción de alimentos en la región. Comparto los principales argumentos de la propuesta que se hace para un plan de seguridad alimentaria, subrayando la disponibilidad asistencia técnica a nuestro país en la elaboración de respuestas de política a la crisis de los alimentos y los fertilizantes y, en general, la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas agroalimentarios, y los invito a la lectura completa del documento.

• En la articulación de las respuestas a la actual crisis es importante utilizar las instancias de coordinación existentes con el objetivo de reducir costos y aprovechar los avances ya logrados. Iniciativas regionales en curso, como el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y las coaliciones formadas a partir de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, llevada a cabo en septiembre de 2021, son importantes espacios de discusión y coordinación.
• Al mismo tiempo que se afirma en la institucionalidad regional, la agenda de políticas para enfrentar la crisis debe actualizarse sobre la base de nueva información y la experiencia reciente de los Gobiernos de la regió Los organismos públicos han acumulado un importante bagaje operativo como resultado de su experiencia frente a temas emergentes como la pandemia, la fragilidad de las cadenas de suministro, la volatilidad de los precios de las materias primas o el incremento de las restricciones fiscales.
• Teniendo en cuenta esos avances, se propone que un grupo de trabajo regional liderado por la CELAC y coordinado técnicamente por la CEPAL, la FAO y el PMA, en articulación con las hojas de ruta y las coaliciones de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, apoye a los países para implementar, considerando la crisis actual, el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la CELAC, incluidas medidas basadas en la información empírica disponible para mejorar la situación alimentaria a 2030.
• Una de las tareas del grupo de trabajo sería brindar asistencia técnica a los países que lo requieran en la elaboración de respuestas de política a la crisis de los alimentos y los fertilizantes y, en general, la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas agroalimentarios. El grupo de trabajo también buscará potenciar las sinergias y complementariedades entre los programas de trabajo de las instituciones coordinadoras (CEPAL, FAO y PMA) y el plan de seguridad alimentaria regional.
• Las carteras de los Gobiernos que desarrollan políticas de seguridad alimentaria y nutricional (ministerios sectoriales de áreas como agricultura, economía, desarrollo social, medio ambiente y salud) enfrentan restricciones presupuestarias que se han intensificado en los últimos años y tienen la urgente necesidad de elevar la calidad y la eficacia de los programas. Reconociendo esos requerimientos, el grupo de trabajo deberá buscar la inclusión de la inversión privada en la implementación del plan, así como la aplicación de un enfoque que combine créditos blandos con innovaciones tecnológicas e institucionales de bajo costo y máxima utilización de recursos locales.

Importancia para Panamá

A primera vista, muchos panameños podríamos pensar que, “esto no es con nosotros”, pues _ según el Ministerio de economía y finanzas _ mantenemos muy buenos indicadores de crecimiento económico, así como un aumento sostenido de la ocupación y una tendencia a la baja de la inflación.

Aunque reconozco la veracidad de lo manifestado arriba, y felicito nuestro esfuerzo público, privado y social; no podemos dejarnos encandilar por el brillo de los macro indicadores que mantenemos, y perder de vista que son promedios nacionales que ocultan la injusta desigualdad que nos caracteriza, y causa que aquí también enfrentemos al triple desafío de combatir la inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza extrema, y apoyar la producción de alimentos en todo el territorio.

Lo anterior no es una declaración sin fundamento. En nuestro país la pobreza multidimensional afecta a cerca de un millón de panameños. Es de esperar que los ingresos monetarios de esas familias no llegan a cubrir la mitad del costo calórico de la canasta básica familiar por mes. Por lo tanto, no parecen estar en capacidad de protegerse contra el hambre y, muy probablemente, la están padeciendo de forma ocasional o permanente. De hecho, según cifras oficiales, cerca de 250 mil panameños se acuestan con hambre cada noche.

Además esa pobreza multidimensional se incrementa por el contexto de sucesivas crisis internacionales, incluida la guerra en Ucrania y por la amenaza a la salud pública y a la economía que plantea la sexta ola de COVID-19, ocasionada ahora por nuevas cepas del letal microbio, más contagiosas y capaces _ según algunos estudios _ de evadir nuestras defensas y causar más enfermedad grave, hospitalizaciones y muertes.

En ese contexto es obligatorio subrayar la necesidad de fortalecer las estrategias para superar la injusta desigualdad, alcanzar el desarrollo para todos en todos los lugares, promover la seguridad alimentaria y nutricional sostenible, mitigar en serio la pobreza multidimensional arriba mencionada y erradicar el hambre en todos los hogares panameños. La publicación mencionada al inicio nos ofrece argumentos que debemos considerar, veamos algunos de ellos.

Para comenzar, señala NNUU, en un escenario regional donde la pobreza multidimensional está cada vez más vinculada a la inseguridad alimentaria y nutricional y donde diferentes crisis se están sumando a inequidades estructurales profundas, los sistemas de protección social, incluyendo los programas nacionales de alimentación escolar, juegan un papel fundamental en mitigar la vulnerabilidad de las personas antes, durante y después de las crisis.

En ese sentido, las agencias citadas en los dos informes hacen un llamado a fortalecer los sistemas de protección social en las zonas rurales, particularmente orientados a agricultores familiares; y eliminar las restricciones al comercio internacional de alimentos y fertilizantes. Este fortalecimiento de los sistemas de protección social contribuirá al fortalecimiento de la producción agrícola para enfrentar con éxito el desafío de promover seguridad alimentaria y nutricional sostenible y, por ende la pobreza y el hambre.

No será tarea fácil, pues a pesar de contar con un importante superávit comercial agropecuario, América Latina y el Caribe _ y por ende Panamá _ está expuesta a los problemas de producción y comercialización y a las alzas de precios derivados de la guerra en Ucrania.

Por ello, recomiendan garantizar también el acceso de los pequeños productores a los fertilizantes y biofertilizantes. Es una medida necesaria y válida si se focaliza en los productores que más lo necesitan y se condiciona a la mejora de la eficiencia en el uso de estos insumos y de la sostenibilidad de la actividad agropecuaria. El financiamiento de esas iniciativas debe incluir no solo los presupuestos públicos, sino también a los bancos de desarrollo, la banca privada (con la creación de mecanismos de garantía) y otras alternativas de financiamiento internacional como los bonos verdes y sociales.

Finalmente, se enfatiza que la complejidad y la magnitud de las políticas que se requieren para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional sostenible, conciliar las respuestas de emergencia con la reducción de problemas estructurales y fiscales demandan la coordinación en diversas áreas —macroeconómica, social y productiva— y la articulación de las respuestas a nivel regional.