La Defensoría del Pueblo fue concebida como un puente entre la ciudadanía y el Estado. Su función es proteger a las personas frente a abusos o negligencias de las autoridades públicas, investigando denuncias, emitiendo recomendaciones y promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos. Sin poder sancionador, su fortaleza descansa en la autoridad moral, la legitimidad y su capacidad de incidir en la opinión pública.
Comparto a continuación una versión adaptada para el blog _con algunos enlaces necesarios _de mi artículo publicado originalmente en La Estrella de Panamá. A casi tres décadas de su creación, el balance revela una realidad compleja: una institución necesaria, con logros importantes, pero también marcada por limitaciones estructurales, cuestionamientos y momentos de debilidad.