Antes de entrar en materia, recordemos que el sistema de pesos y contrapesos está constituido por los mecanismos constitucionales que aseguran la separación de poderes, evitando que una sola rama del Estado concentre todo el poder.

Sin embargo, vale subrayar que la separación de poderes nunca fue concebida para obstaculizar la acción del gobierno. Su propósito es mucho más profundo: evitar la concentración del poder, garantizar la rendición de cuentas y proteger el interés público mediante instituciones capaces de actuar con autonomía dentro de las competencias que la Constitución les asigna.

Comparto, con algunas ampliaciones para este blog, las reflexiones publicadas originalmente en mi columna de Destino Panamá sobre la capacidad de nuestras instituciones para ejercer, con independencia y responsabilidad, las funciones que la Constitución les ha confiado y, con ello, fortalecer nuestra democracia.

Una nueva Junta Directiva

La elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional confirmó una mayoría legislativa que facilita al Ejecutivo la aprobación de su agenda política y legislativa. Desde la perspectiva de la gobernabilidad, ello puede representar una ventaja importante. Un gobierno necesita capacidad para impulsar las reformas que el país demanda, una confrontación permanente entre los órganos del Estado pocas veces produce buenos resultados.

Sin embargo, la gobernabilidad no puede confundirse con la desaparición de los pesos y contrapesos que caracterizan a toda democracia constitucional.

Por ello, la pregunta que hoy debemos hacernos no es si el Ejecutivo cuenta o no con mayoría en la Asamblea. La verdadera pregunta es si esa mayoría ejercerá plenamente las responsabilidades que corresponden al Órgano Legislativo o si terminará limitándose a respaldar las iniciativas del Ejecutivo sin el debate, el análisis y la fiscalización que exige una democracia madura.

Las comisiones permanentes: donde realmente funcionan el sistema de pesos y contrapesos

En este contexto conviene recordar que el verdadero trabajo legislativo, evidenciando el necesario equilibrio de poderes, comienza en las comisiones permanentes de la Asamblea. Es allí donde se analizan los proyectos de ley, se introducen modificaciones, se escucha a especialistas y sectores sociales, se fiscaliza la gestión pública, se citan ministros y directores de entidades y se evalúan los nombramientos del Ejecutivo. Es allí, también, donde el equilibrio de poderes deja de ser un principio abstracto para convertirse en una práctica institucional.

No es casualidad que algunas de las comisiones más relevantes sean precisamente aquellas encargadas del presupuesto, los nombramientos, la legislación constitucional o la supervisión de las principales políticas públicas. En ellas se ejerce buena parte del control democrático que la Constitución asigna al Órgano Legislativo.

La Comisión de Presupuesto administra uno de los mayores instrumentos de control político y financiero del Estado al examinar el Presupuesto General y los traslados de partidas. La Comisión de Credenciales tiene la responsabilidad de evaluar nombramientos para altas posiciones del Estado y velar por la idoneidad e independencia de quienes ejercerán funciones de enorme trascendencia institucional. Otras comisiones, como Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales; Trabajo, Salud y Desarrollo Social; Infraestructura Pública; Economía y Finanzas o Relaciones Exteriores, participan directamente en decisiones que afectan la vida cotidiana de millones de panameños.

En consecuencia, el verdadero examen de esta nueva Asamblea comenzará cuando las comisiones deban decidir si ejercen con rigor sus facultades constitucionales o si renuncian a ellas en nombre de la disciplina política.

“El sistema de pesos y contrapesos no existe para debilitar al gobierno; existe para fortalecer la democracia”

Equilibrio necesario entre el Legislativo y el Ejecutivo

Una democracia sólida no necesita un Órgano Legislativo enfrentado permanentemente con el Ejecutivo. Tampoco necesita una Asamblea subordinada. Necesita un Legislativo capaz de colaborar cuando las propuestas benefician al país, pero igualmente dispuesto a corregir, cuestionar o rechazar aquellas iniciativas que no respondan al interés nacional.

Ese equilibrio fortalece al propio gobierno. Las leyes mejoran cuando son objeto de un debate serio. Los presupuestos se administran con mayor transparencia cuando existe supervisión efectiva. Los nombramientos adquieren mayor legitimidad cuando son evaluados con independencia. La fiscalización responsable no retrasa el desarrollo; por el contrario, reduce errores, previene abusos y fortalece la confianza ciudadana.

Si el Legislativo ejerce plenamente sus funciones constitucionales, contribuirá a producir mejores leyes, políticas públicas más sólidas y una mayor confianza en las instituciones democráticas. Si, por el contrario, limita su papel al acompañamiento automático del Ejecutivo, perderá una oportunidad histórica para fortalecer la democracia panameña.

Los panameños no elegimos diputados para aplaudir al gobierno ni para bloquear sistemáticamente sus iniciativas. Los elegimos para representar nuestros intereses, deliberar con responsabilidad, ejercer control político, aprobar leyes de calidad y administrar con transparencia una de las funciones esenciales de la República.

La nueva Asamblea puede demostrar que una mayoría legislativa no significa obediencia automática, sino la capacidad de construir acuerdos sin renunciar a la independencia, aprobar las reformas que el país necesita sin abandonar la fiscalización y contribuir así a fortalecer la gobernabilidad democrática. Ese sería, probablemente, uno de los mayores aportes que podría hacer a la democracia panameña.

Una mayoría parlamentaria no tiene por qué significar el debilitamiento del equilibrio de poderes. Puede convertirse, por el contrario, en la demostración de que una mayoría es perfectamente compatible con una fiscalización rigurosa, un debate abierto y un compromiso permanente con el interés nacional.

La Asamblea que Panamá necesita

La fortaleza de una democracia no se mide por la facilidad con que un gobierno consigue los votos necesarios para aprobar sus proyectos. Se mide por la capacidad de sus instituciones para ejercer, con independencia y responsabilidad, las funciones que la Constitución les ha confiado.

Porque, al final, los gobiernos pasan; las instituciones permanecen. Y cuando las instituciones cumplen con independencia la misión que la Constitución les confía, es toda la República la que sale fortalecida. Esa es la Asamblea Nacional que los panameños esperamos.