Cada año, a partir del Domingo de Resurrección los panameños hacemos un propósito de la enmienda. Nos comprometemos con celebrar la vida, la esperanza y la posibilidad de empezar de nuevo.

No es solo un acto litúrgico: es una interpelación profunda. La Resurrección no tendría sentido si no hiciéramos este propósito de la enmienda para cambiar, para corregir el rumbo, y reconstruir lo que hemos dejado deteriorar.

Hoy, más que nunca, ese llamado trasciende lo individual. Panamá atraviesa un momento en el que la palabra “enmienda” no puede quedarse en lo personal; debe convertirse en un compromiso colectivo.

En ese contexto, comparto con ustedes las ideas principales del contenido de mi artículo de opinión en a Estrella de Panamá en el que reflexiono sobre el país que queremos y debemos reconstruir.

Una ruta de desarrollo que no sea solo crecimiento económico, sino bienestar compartido

Durante años hemos escuchado —y repetido— diagnósticos sobre desigualdad, deterioro institucional, crisis de confianza y debilitamiento de valores cívicos. Sin embargo, seguimos atrapados en una penosa contradicción: reconocemos los problemas, pero postergamos las soluciones que dependen de nosotros mismos.

El propósito de la enmienda que hacemos debe comenzar reconociendo que no basta con registrar el error; hay que actuar para corregirlo. Y ese principio aplica tanto al ciudadano como al Estado.

El papel del Estado

A nivel nacional, el país necesita retomar con seriedad una ruta de desarrollo que no sea solo crecimiento económico, sino bienestar compartido. En ese sentido, vale recordar que estamos solo a cuatro años de la fecha que nos propusimos para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y estamos muy lejos de lograrlo. No obstante, los ODS siguen siendo una hoja de ruta vigente y urgente: no como un listado aspiracional, sino como un compromiso concreto con metas medibles que Panamá aún está lejos de cumplir plenamente.

Reducir la pobreza y la desigualdad, garantizar servicios de salud dignos, mejorar la calidad educativa, proteger nuestros recursos naturales y fortalecer la institucionalidad democrática no son aspiraciones nuevas. Son, en esencia, los pilares de esa agenda global que hemos suscrito y que exige, más que discursos, resultados.

¿Dónde está la ética pública?

Lo que falta es coherencia entre lo que se promete y lo que se hace. Y esa coherencia empieza por la ética pública.

No hay transformación posible si el uso de los recursos públicos no está guiado por la probidad, la equidad y la eficiencia. Cada decisión mal tomada, cada recurso mal administrado, no es solo un error técnico: es una oportunidad perdida para mejorar la vida de miles de panameños.

Pero sería un error —y una excusa— pensar que la responsabilidad recae únicamente en el gobierno.

Papel del sector privado

El sector privado también está llamado a una renovación de su compromiso con el país. No basta con generar crecimiento; ese crecimiento debe ser inclusivo, traducirse en empleos de calidad y alinearse con los ODS, contribuyendo de manera efectiva a reducir brechas sociales y territoriales. Cumplir con sus obligaciones fiscales y actuar con responsabilidad social no es opcional: es parte esencial del contrato social.

¿Cuál es el propósito de la enmienda del ciudadano?

Sin embargo, el punto más crítico —y menos atendido— sigue siendo el rol del ciudadano.

Durante demasiado tiempo hemos normalizado la apatía. Nos quejamos de la política, pero evitamos involucrarnos. Exigimos transparencia, pero no ejercemos vigilancia. Criticamos la falta de valores, pero toleramos pequeñas transgresiones cotidianas que, acumuladas, erosionan la convivencia. La Resurrección nos plantea una pregunta incómoda: ¿qué estamos dispuestos a cambiar nosotros?

Recuperar una ética cívica no es un concepto abstracto. Significa practicar el respeto en lo cotidiano, asumir la responsabilidad por lo público, rechazar la corrupción en todas sus formas —grandes y pequeñas— y participar activamente en la vida democrática. Significa también aceptar que la diversidad de ideas no es una amenaza, sino una condición necesaria para construir acuerdos duraderos. En un país cada vez más polarizado, el diálogo honesto y el respeto mutuo no son debilidades: son fortalezas.

El papa Francisco lo expresó hace algunos años con claridad al señalar que la participación en la vida política es una obligación moral. No se trata solo de votar, sino de involucrarse, de informarse, de exigir y de proponer. Convertirse en sociedad —en verdadero “pueblo”— es un proceso continuo que requiere esfuerzo, paciencia y voluntad de encuentro.

Panamá no necesita más diagnósticos. Necesita decisiones. Necesita ciudadanos activos, instituciones responsables y liderazgos coherentes. Depende de nosotros. La ausencia de acción hoy no es neutral: es la antesala del deterioro de mañana. Y porque, al final, la verdadera transformación no empieza en los discursos, sino en la conducta.

Pero hay algo más que no podemos seguir ignorando: el tiempo se está agotando para corregir inercias que ya muestran sus consecuencias. La pérdida de confianza en las instituciones, el desencanto ciudadano y la fragmentación social no son fenómenos abstractos; son señales de alerta que, si no se atienden, pueden erosionar los cimientos mismos de nuestra convivencia democrática.

Conclusión

Reconstruir el país que queremos, entonces, no es solo un acto de voluntad individual, sino una urgencia colectiva. Implica asumir costos, abandonar privilegios indebidos y romper con prácticas que durante años hemos tolerado por comodidad o resignación.

También implica algo más exigente: sostener en el tiempo ese compromiso. Porque el verdadero cambio no se mide en momentos de entusiasmo, sino en la capacidad de perseverar cuando los resultados no son inmediatos. La Resurrección no es un evento aislado en el calendario. Es una invitación permanente. Tenemos, otra vez, la oportunidad de hacer un propósito de la enmienda y cumplirlo. La pregunta es si esta vez estaremos a la altura.