El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Su cumplimiento representa uno de los grandes desafíos para América Latina y el Caribe y, particularmente, para Panamá, donde la urbanización desordenada, las dificultades de movilidad, las desigualdades en el acceso a la vivienda y los servicios básicos, la vulnerabilidad frente a los desastres y las deficiencias en la gestión de residuos afectan directamente la calidad de vida de la población.
La transformación urbana y territorial que necesitamos
El documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Implementación en América Latina y el Caribe a 2026, ofrece indicadores, experiencias y recomendaciones que permiten comprender los avances regionales y reconocer las transformaciones que Panamá necesita impulsar.
La conclusión fundamental es que no basta con que nuestras ciudades crezcan: necesitamos que ese crecimiento se traduzca en bienestar, equidad, seguridad y sostenibilidad ambiental.
Urbanización, vivienda y desigualdad
América Latina y el Caribe es una de las regiones más urbanizadas del mundo. En 2025, el 54 % de su población vivía en ciudades, frente al promedio mundial del 44,8 %. Esta concentración ofrece oportunidades para el desarrollo económico y la prestación de servicios, pero también genera desafíos relacionados con el encarecimiento de la vivienda, la persistencia de los asentamientos informales y las dificultades de acceso a servicios básicos.
La proporción de población regional que vive en asentamientos informales permanece prácticamente estancada desde 2016.
Para Panamá, esto significa que la política de vivienda debe superar la construcción de unidades habitacionales y garantizar que estas se encuentren en lugares seguros, conectados con el empleo, el transporte, la educación y los servicios de salud. También requiere mejorar los barrios existentes, aprovechar eficientemente el suelo urbano, controlar la expansión periférica desordenada y proteger a las comunidades expuestas a inundaciones y otros peligros.
La meta 11.1 del Objetivo de Desarrollo 11 exige garantizar viviendas y servicios básicos adecuados mediante políticas sostenidas de ordenamiento territorial, vivienda social, infraestructura y mejoramiento integral de los asentamientos humanos.
Movilidad urbana, equidad y productividad
La movilidad es otro indicador fundamental de la calidad de nuestras ciudades. La CEPAL documenta avances regionales importantes: entre 2010 y 2023, la extensión de los sistemas de metro aumentó de 745 a 1.080 kilómetros; los sistemas de transporte rápido por autobús funcionan en 64 ciudades y abarcan 2.199 kilómetros; y en noviembre de 2025 circulaban 7.273 autobuses eléctricos en la región.
Sin embargo, estos avances no han eliminado las desigualdades. En Buenos Aires, Montevideo y São Paulo, los desplazamientos al trabajo en transporte público superan, en promedio, una hora y duplican el tiempo requerido en automóvil privado. Las mayores demoras afectan especialmente a las personas de menores ingresos.
En Panamá, la congestión y los largos desplazamientos reducen el tiempo disponible para la familia, el descanso y la recreación, además de generar costos económicos y ambientales.
La respuesta exige integrar la planificación del transporte con el uso del suelo, fortalecer el transporte público masivo e intermodal y recuperar los espacios urbanos para peatones y ciclistas. El éxito de la movilidad debe medirse por el tiempo, el costo y la seguridad de los desplazamientos, no solamente por los kilómetros de infraestructura construidos.
Salud ambiental y espacios públicos
Las ciudades sostenibles deben proteger la salud de sus habitantes. Aunque la contaminación atmosférica disminuyó entre 2010 y 2019 en Centroamérica y América del Sur, ningún país de la región cumple con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de mantener la concentración media anual de partículas finas PM2,5 en cinco microgramos por metro cúbico o menos.
Esto exige fortalecer el monitoreo de la calidad del aire, reducir las emisiones vehiculares e industriales, mejorar los combustibles y avanzar hacia tecnologías menos contaminantes.
Para Panamá, estas acciones deben integrarse con las políticas de salud pública, transporte, energía y protección ambiental. También es indispensable mejorar la gestión de residuos sólidos y aguas residuales, así como proteger los ríos, las cuencas y los ecosistemas urbanos.
La CEPAL señala que, en 2020, el 57,6 % de la población urbana regional tenía acceso conveniente a espacios públicos abiertos, aunque con importantes diferencias entre ciudades. Los parques y las áreas verdes contribuyen a la salud física y mental, la convivencia y la calidad de vida. Su distribución debe responder a criterios de equidad territorial.
Ciudades resilientes frente a los desastres
La sostenibilidad urbana también depende de la capacidad de prevenir, enfrentar y recuperarse de los desastres, protegiendo a la población y garantizando la continuidad de los servicios esenciales.
Hasta 2025, 22 países de América Latina y el Caribe habían adoptado y aplicado estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres, en consonancia con el Marco de Sendái. En 2023, 5.601 gobiernos locales habían adoptado estrategias alineadas con las nacionales.
Sin embargo, disponer de planes no garantiza contar con capacidades efectivas para ejecutarlos.
En Panamá, la gestión del riesgo debe incorporarse sistemáticamente al ordenamiento territorial, los permisos de construcción, las inversiones públicas y la protección de infraestructuras críticas. Esto implica reducir los riesgos existentes, evitar nuevas construcciones en áreas peligrosas, mejorar los drenajes, proteger cuencas y manglares, fortalecer las alertas tempranas y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
La prevención debe ser una prioridad permanente y no una reacción después de cada emergencia.
Gobernanza urbana y planificación territorial
La fragmentación de las decisiones públicas constituye uno de los principales obstáculos para alcanzar el Objetivo de Desarrollo 11. La CEPAL señala que, entre 2020 y 2023, los países y territorios de la región con políticas urbanas nacionales o planes de desarrollo regionales aumentaron de 18 a 19.
Para Panamá, el desafío consiste en fortalecer la gobernanza urbana, articular la planificación nacional con la gestión municipal y asegurar que los planes territoriales sean vinculantes, cuenten con financiamiento y respondan a las necesidades de las comunidades.
Los municipios necesitan capacidades técnicas, recursos financieros e información confiable para ordenar el crecimiento, gestionar los servicios y promover la participación ciudadana. La planificación debe convertirse en una herramienta efectiva de gestión pública, evaluación y rendición de cuentas.
La necesidad de medir los avances de Panamá
Un problema importante es la dificultad para encontrar información nacional reciente, integrada y accesible que permita evaluar sistemáticamente los avances y las brechas del país frente a las metas del Objetivo de Desarrollo 11.
Esta limitación dificulta conocer con precisión los resultados en vivienda, asentamientos informales, movilidad sostenible, calidad del aire, espacios públicos, gestión de residuos y reducción del riesgo de desastres.
Esto no significa necesariamente que las instituciones carezcan de estadísticas, sino que los datos deben estar actualizados, ser comparables y encontrarse disponibles para evaluar los compromisos nacionales e internacionales.
Se propone fortalecer un sistema público de seguimiento del Objetivo de Desarrollo 11, articulado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) con las instituciones responsables de vivienda, ordenamiento territorial, transporte, ambiente y gestión del riesgo, además de los municipios y otros actores relevantes.
También se necesita establecer una línea de base nacional e indicadores desagregados territorialmente y, cuando sea posible, por sexo, edad, discapacidad y nivel socioeconómico. Esto permitirá identificar desigualdades entre provincias, distritos, corregimientos y grupos de población.
Lo que no se mide con información confiable difícilmente puede evaluarse, corregirse y mejorarse de manera sistemática.
Seis prioridades para alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo sostenible 11 en Panamá
A partir del diagnóstico regional y de los desafíos nacionales, se proponen seis prioridades:
- Fortalecer el ordenamiento territorial, articulando las políticas de vivienda, transporte, infraestructura y protección ambiental.
- Garantizar viviendas y servicios básicos adecuados, mediante el mejoramiento integral de los barrios y el acceso al agua potable y al saneamiento.
- Transformar la movilidad urbana, integrando el transporte público con la planificación territorial y promoviendo alternativas accesibles y menos contaminantes.
- Incorporar la resiliencia en la inversión pública, evaluando los riesgos y protegiendo los ecosistemas y los servicios esenciales.
- Mejorar la gobernanza y la rendición de cuentas, con responsabilidades institucionales claras, financiamiento suficiente, indicadores verificables y participación ciudadana.
- Fortalecer la información estadística, coordinando a las instituciones productoras de datos y publicando periódicamente indicadores sobre avances y brechas territoriales.
Estas prioridades requieren metas medibles, plazos definidos y resultados públicos, así como coordinación entre instituciones nacionales, municipios, sector privado, universidades y organizaciones comunitarias.
Conclusión
La evaluación de la CEPAL confirma que América Latina y el Caribe ha avanzado en transporte sostenible, planificación urbana y gestión del riesgo, pero mantiene profundas desigualdades y desafíos ambientales.
Para Panamá, la lección es que no podemos aspirar al desarrollo sostenible si permitimos que el crecimiento urbano reproduzca la pobreza, la exclusión, la inseguridad y la degradación ambiental.
Necesitamos ciudades planificadas para las personas, con viviendas dignas, transporte accesible, espacios públicos seguros, servicios básicos de calidad e instituciones capaces de prevenir riesgos y responder a las necesidades de la población.
El Objetivo de Desarrollo sostenible 11 debe convertirse en una agenda concreta de transformación urbana y territorial, respaldada por decisiones políticas, recursos y responsabilidades claramente definidos. Panamá debe comprometerse también a medir sus avances, publicar los resultados y corregir el rumbo cuando la evidencia lo exija.
La pregunta no es si Panamá puede permitirse construir ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. La verdadera pregunta es si puede permitirse seguir postergando esa transformación.