El desarrollo urbano sostenible suele presentarse como un objetivo técnico, pero en realidad es una prueba de gobernanza. En mi más reciente artículo publicado en La Estrella de Panamá, “Ciudades que crecen, Estados que no alcanzan”, planteo una idea incómoda: el problema no es que nuestras ciudades crezcan, sino que el Estado no está logrando alcanzarlas. En un país como Panamá, donde la urbanización avanza más rápido que la planificación, la pregunta ya no es si debemos actuar, sino por qué seguimos llegando tarde.

Y es que el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe vuelve a encender una alarma que ya no admite lecturas complacientes: América Latina y el Caribe avanzan hacia la Agenda 2030 con el freno puesto. Solo el 19% de las metas de desarrollo sostenible se cumplirían al ritmo actual; casi el 40% está estancado o en retroceso. No es solo una mala noticia regional. Es una advertencia directa para Panamá.

Veamos a continuación un resumen del informe de la CEPAL y unas reflexiones sobre la ciudad de Panamá.

Datos relevantes del informe de la CEPAL

El informe más reciente de la CEPAL sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 —centrado en lograr ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles— confirma que el desafío urbano en América Latina y el Caribe no es menor: es estructural. Y, más importante aún, está profundamente vinculado con el cumplimiento de los derechos humanos.

La Agenda 2030 coloca en el centro el principio de “no dejar a nadie atrás”, y en el caso del ODS 11 esto se traduce en derechos concretos: acceso a vivienda adecuada, transporte público, servicios básicos, participación en la vida urbana y protección frente a desastres. Sin embargo, la realidad regional muestra una brecha persistente entre estos compromisos y su implementación efectiva.

América Latina y el Caribe es una de las regiones más urbanizadas del mundo, lo que convierte a sus ciudades en motores clave del crecimiento económico. Pero esa misma urbanización concentra también los mayores riesgos: desigualdad, contaminación y vulnerabilidad climática. El informe señala que la expansión urbana ha sido relativamente estable, pero con crecimientos acelerados en ciertas ciudades, muchas veces sin planificación adecuada.

Uno de los datos más reveladores es que la proporción de personas que viven en asentamientos informales prácticamente no ha disminuido en los últimos años. Esto ocurre en un contexto de aumento sostenido en los costos de la vivienda y del suelo urbano, lo que limita el acceso a soluciones habitacionales formales. En otras palabras, la ciudad sigue creciendo… pero no necesariamente integrando.

En materia de movilidad, se observan avances importantes, aunque insuficientes. La red de sistemas de metro en la región creció significativamente —de 745 km en 2010 a más de 1.000 km en 2023— y los sistemas de transporte rápido por autobús (BRT) se han expandido a decenas de ciudades, concentrando una proporción relevante de la demanda mundial. Sin embargo, estos avances conviven con tiempos de traslado excesivos, especialmente para los sectores de menores ingresos, que pueden duplicar los tiempos de quienes usan transporte privado.

En el frente ambiental, el panorama es mixto. Si bien se han registrado reducciones en los niveles de contaminación del aire en algunas subregiones, ningún país cumple aún con las recomendaciones más estrictas de la Organización Mundial de la Salud. A esto se suma una cobertura desigual de espacios públicos y una exposición significativa a desastres naturales, lo que refuerza la vulnerabilidad urbana.

También hay avances institucionales. Más de veinte países de la región han adoptado estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres, y miles de gobiernos locales han comenzado a implementar planes en esa línea. Sin embargo, persisten limitaciones en financiamiento, marcos regulatorios y capacidad de ejecución, lo que ralentiza el impacto de estas políticas.

La CEPAL es clara en sus recomendaciones: es necesario controlar la expansión urbana informal, fortalecer los sistemas de transporte público, mejorar la calidad del aire y avanzar hacia una planificación territorial más efectiva. Pero, sobre todo, se requiere algo más profundo: capacidad estatal para convertir estas recomendaciones en realidad.

Porque, como muestra el propio informe, el desafío no es solo técnico. Es, fundamentalmente, un problema de gobernanza.

Reflexiones sobre el desarrollo urbano sostenible en la ciudad en Panamá

Panamá tiene una ventaja que muchos países de la región no poseen: recursos, conectividad y una posición estratégica privilegiada. Sin embargo, en materia urbana, los síntomas son sorprendentemente similares: expansión desordenada, problemas crónicos de movilidad, déficit de vivienda adecuada, desigualdades territoriales persistentes y creciente presión sobre el agua y el ambiente. Basta mirar la expansión periférica de la ciudad o la presión sobre las cuencas que sostienen su funcionamiento para entender que el crecimiento no está siendo acompañado por planificación efectiva. No es falta de conocimiento, es falta de articulación. Las políticas urbanas siguen fragmentadas entre instituciones, niveles de gobierno y visiones de corto plazo. Cada actor resuelve su parte, pero nadie ordena el conjunto. Y las ciudades, como sistemas complejos, no perdonan esa fragmentación.

Aquí está la idea incómoda que deberíamos empezar a discutir con mayor seriedad: el Estado panameño —como muchos en la región— está llegando tarde al fenómeno urbano. Reacciona más de lo que anticipa, corrige más de lo que planifica, responde a crisis más de lo que construye futuro. Y eso tiene consecuencias concretas: infraestructura que se vuelve insuficiente rápidamente, inversiones que no resuelven problemas estructurales y políticas públicas que persiguen los síntomas en lugar de las causas. Mientras tanto, la ciudad sigue creciendo, muchas veces guiada más por la lógica del mercado que por una visión de desarrollo.

La discusión sobre ciudades en Panamá sigue atrapada en lo operativo: más carreteras, más viviendas, más obras. Pero el desafío es más profundo. Se trata de definir qué tipo de ciudad queremos construir y, sobre todo, qué tipo de Estado necesitamos para hacerlo posible. Porque si el Estado no logra alcanzar a la ciudad que ya cambió, el riesgo no es solo urbano: es que terminemos institucionalizando un modelo de desarrollo que sabemos que no funciona.

Conclusión

El informe no es fatalista. De hecho, deja abierta una ventana importante: las ciudades pueden ser motores de productividad, inclusión y sostenibilidad, pero solo si se gobiernan como tales. Eso implica decisiones que Panamá no puede seguir postergando: planificación territorial que realmente oriente el crecimiento, una gobernanza metropolitana capaz de coordinar lo que hoy está disperso y una integración efectiva entre desarrollo urbano y gestión de los recursos naturales, especialmente el agua, que en nuestro país es mucho más que un servicio: es un activo estratégico.

El informe no trae una sorpresa, trae una confirmación. Las ciudades seguirán creciendo. Eso no está en discusión. La pregunta es si el Estado crecerá con ellas. Si no lo hace, el problema no será que las ciudades sean insostenibles, sino que habremos normalizado vivir en sistemas que sabemos que no funcionan… y aun así no cambiamos. Y eso, más que un problema urbano, es un problema de gobernanza.

El debate no está cerrado. De hecho, apenas comienza. En el blog encontrarás otras reflexiones para seguir empujando el desarrollo urbano sostenible.