La reforma constitucional que necesitamos, debe ir mucho más allá de cambios cosméticos o ajustes coyunturales. Tiene que apuntar a resolver los problemas estructurales que debilitan la institucionalidad democrática.

En ese sentido, manteniendo la línea con mis artículos anteriores sobre la urgente necesidad de fortalecer nuestra democracia, comparto mi columna de opinión de La Estrella de Panamá, donde reflexiono sobre la reforma constitucional que realmente precisamos. Con la Carta Magna vigente, mejorar la gobernabilidad y restaurar la confianza ciudadana resulta difícil, si no imposible.

La reforma constitucional que necesitamos: introducción

Antes de entrar en materia, es obligatorio tener presente que los repetidos fracasos en reformar la Constitución panameña reflejan una profunda desconexión entre el poder político y la ciudadanía. Las reformas propuestas en el pasado, fueron impulsadas de manera vertical, sin transparencia, sin consulta real y muchas veces con intereses políticos o personales. El resultado fue un profundo rechazo social, protestas masivas y el descrédito de todo el proceso.

Esos intentos fallidos nos dejan al menos cinco lecciones clave para no repetir los errores y evitar que dentro de cinco años sigamos con la misma promesa electorera de reformar la Constitución. Lo primero y más importante es que, no puede haber reforma constitucional legítima sin participación ciudadana efectiva. Por esa misma razón, el método importa tanto como el contenido. Imponer reformas desde el poder mina la confianza. Una reforma creíble debe ser impulsada con pedagogía, debate público y vigilancia ciudadana. Por ende, no puede hacerse a espaldas del pueblo, ni con la clase política como único actor. El camino más viable es una constituyente paralela, convocada por la ciudadanía, con reglas claras, límites definidos y representación plural.

Ocho aspectos clave para una reforma constitucional panameña.

Dicho lo anterior, subrayo de entrada que, la reforma constitucional que necesitamos, debe ir mucho más allá de cambios cosméticos o ajustes coyunturales. Tiene que apuntar a resolver los problemas estructurales que debilitan la institucionalidad democrática. En ese sentido _sin pretender ser exhaustivo, pues para eso están nuestros constitucionalistas, pero ejerciendo mi derecho y deber de ciudadano_ les presento ocho aspectos _que considero clave_ para una reforma constitucional panameña.

Reforzar la separación y el equilibrio de poderes

Para ello se necesitan al menos tres cambios: revisión del sistema presidencialista, limitando la concentración excesiva de poder en el Ejecutivo; establecimiento de mecanismos de control efectivo sobre decretos ejecutivos, especialmente en estados de emergencia; clarificar las funciones y atribuciones del Consejo de Gabinete y otros órganos auxiliares del Ejecutivo.

Garantizar la independencia del Órgano Judicial

Necesitamos al menos: una reforma profunda al proceso de designación de magistrados y jueces, incluyendo participación ciudadana, concursos públicos y estándares de idoneidad; el establecimiento de una carrera judicial con méritos y estabilidad; la creación de un Consejo de la Judicatura independiente, que no dependa del Ejecutivo; garantías constitucionales de autonomía presupuestaria para el Órgano Judicial.

Reforma de nuestra Asamblea Nacional

Requiere cambiar el sistema de elección de diputados para mejorar la representación proporcional y reducir el clientelismo; eliminar el transfuguismo y limitar la reelección indefinida, y; reformar el reglamento interno para garantizar transparencia, rendición de cuentas y participación efectiva de minorías.

Garantía de fortalecimiento de la participación ciudadana y la democracia directa

En ese sentido necesitamos: establecer figuras como el referéndum vinculante, la revocatoria de mandato, las iniciativas legislativas ciudadanas y los presupuestos participativos; el reconocimiento del control ciudadano como derecho y deber constitucional; y garantizar mecanismos efectivos para la consulta previa en pueblos originarios y decisiones que afecten derechos colectivos.

Consolidar derechos y libertades fundamentales

Mediante: la ampliación y blindaje de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como justiciables; la garantía del acceso igualitario a la justicia, la salud, la educación y la protección social; y reforzar constitucionalmente el principio de no discriminación, incluyendo protección a grupos históricamente excluidos.

Reformas al Sistema electoral y el Tribunal Electoral

Necesitamos: introducir el balotaje (segunda vuelta electoral) para garantizar legitimidad presidencial aprobada por más del 50% de los panameños; reforzar el papel del Tribunal Electoral como garante de la democracia, dotándolo de mayor independencia; así como regular con mayor claridad y firmeza el financiamiento político y las sanciones por violaciones electorales.

Fortalecer el control y fiscalización del uso de los recursos públicos

Para ello se prioritario: dar autonomía real a la Contraloría General de la República, desvinculándola del Ejecutivo; reforzar los órganos de control y control cruzado (Tribunal de Cuentas, Procuraduría, Superintendencia); y establecer la rendición de cuentas constitucional como obligación de los altos cargos del Estado.

Garantizar la descentralización y equidad territorial

En ese sentido, tres elementos son clave: el reconocimiento constitucional de la autonomía de los gobiernos locales; la transferencia de competencias y recursos de manera real y efectiva; y la creación de mecanismos de planificación regional vinculante.

Conclusión

En resumen, una verdadera reforma constitucional en Panamá debe tener como norte la democratización del poder, la equidad, la transparencia y la participación ciudadana. No se trata solo de cambiar artículos, sino de refundar nuestro pacto democrático con legitimidad social y visión de futuro.

El momento es ahora. Panamá merece una Constitución nacida del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.