Cerrar la brecha educativa se refiere a erradicar las desigualdades en el acceso, la calidad y los resultados de la educación entre diferentes grupos de estudiantes, a menudo influenciadas por factores socioeconómicos, geográficos o culturales. Estas desigualdades pueden manifestarse en varios aspectos, como el acceso a recursos educativos, la calidad de la enseñanza, el rendimiento académico y las oportunidades de aprendizaje.

La lucha contra la brecha educativa es, por lo tanto, un desafío complejo que requiere la colaboración de diversos actores, incluyendo gobiernos, instituciones educativas, familias y comunidades, para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad y oportunidades equitativas.

En ese sentido, ofrezco a continuación argumentos para superar las diferencias entre el sistema educativo público y salvar el año escolar.

Cerrar la brecha educativa: un compromiso nacional urgente

Comparto el contenido de mi columna de opinión en La Estrella de Panama, invitándolos a reflexionar sobre la urgencia de fortalecer nuestro sistema educativo para erradicar las desigualdades en el acceso, la calidad y los resultados de la educación entre diferentes grupos de estudiantes en todo el territorio nacional.

Una que se mida por nuestra capacidad de reducir desigualdades, erradicar injusticias y superar las barreras que impiden una vida digna. De lo contrario, un elevado porcentaje de nuestra población quedarán reducidos a simples ejecutores de tareas impuestas por la clase dominante. La educación es, por tanto, la mejor vacuna contra la desigualdad, la corrupción y la exclusión.

Dicho lo anterior, le dedico el resto de esta glosa _sin pretender ser exhaustivo_ a dos asuntos que considero fundamentales para cerrar la brecha educativa y garantizar esa educación que nos permita a alcanzar la libertad y el desarrollo para todos, a saber: diferencias entre el sector educativo público y privado en Panamá, y ¿cómo reducir la brecha educativa y salvar el año escolar?

Los invito además a revisar todos mis artículos sobre el tema aquí.

Diferencias entre el sistema educativo público y el privado

En Panamá, la brecha educativa entre el sistema público y el privado es una de las expresiones más visibles de la desigualdad estructural que afecta al país. Mientras algunas escuelas privadas ofrecen una educación de primer nivel, bilingüe, con tecnología de punta y programas internacionales, muchas escuelas públicas _afectadas además por las huelgas de los educadores_ aún enfrentan carencias básicas: desde infraestructura deteriorada hasta falta de docentes o materiales didácticos. Esta situación no solo quebranta el derecho a una educación de calidad, sino que perpetúa un ciclo de exclusión y pobreza que afecta principalmente a los sectores más vulnerables.

Reducir esta brecha no es solo un imperativo moral y social; es también una condición para el desarrollo sostenible, la equidad y la cohesión nacional. Aunque no hay soluciones mágicas para lograrlo, existe una ruta clara que debe ser impulsada con voluntad política, articulación institucional y participación ciudadana.

• Primero, es urgente una inversión sostenida y estratégica en el sistema público. Esto implica asignar recursos suficientes para mejorar la infraestructura escolar, garantizar conectividad, dotar a las escuelas de tecnología educativa y asegurar el acceso a materiales actualizados. Pero no se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor, con mecanismos de seguimiento, rendición de cuentas y participación comunitaria.
• Segundo, se debe apostar por la formación, evaluación y acompañamiento permanente del cuerpo docente. La calidad de la educación está directamente relacionada con la calidad del profesorado. Por eso es necesario fortalecer la formación inicial de los futuros maestros, promover procesos de capacitación continua basados en evidencias pedagógicas y establecer criterios de mérito y desempeño para los nombramientos, respetando la estabilidad laboral pero apostando por la excelencia.
• Tercero, se requiere una modernización curricular que permita a los estudiantes del sector público desarrollar competencias para el siglo XXI, incluyendo pensamiento crítico, habilidades digitales, ciudadanía global y educación ambiental. Esto debe ir de la mano con una transformación pedagógica centrada en el estudiante y en el aprendizaje significativo.
• Cuarto, la descentralización educativa debe avanzar con responsabilidad. Los gobiernos locales, en coordinación con el Ministerio de Educación, pueden jugar un rol clave en la mejora de las escuelas, siempre que cuenten con capacidades técnicas y recursos suficientes. La participación de las comunidades educativas también es esencial para asegurar pertinencia y sostenibilidad.
• Quinto, es necesario promover una mayor integración y colaboración entre los sectores público y privado. Panamá puede avanzar hacia un sistema más equitativo si se impulsan alianzas público-privadas para la formación docente, la creación de centros de excelencia, el intercambio de buenas prácticas y el apoyo a las escuelas más vulnerables. La persistente inequidad entre sectores educativos no solo afecta el aprendizaje, sino que también alimenta el malestar de quienes trabajan en condiciones desiguales, como muchos docentes del sector público

La educación no puede seguir siendo un factor de división social. Si queremos una nación con igualdad de oportunidades, justicia y progreso, debemos cerrar la brecha entre la educación pública y privada. El momento de actuar es ahora. Porque la calidad educativa que recibe un niño no debe depender de la capacidad económica de sus padres, sino del compromiso que tengamos como país con su futuro.

Sobre la huelga de los educadores

En relación con el asunto de la huelga de los educadores, recalco la necesidad de diferenciar entre una protesta legítima y la violencia inaceptable. Aunque toda sociedad democrática debe proteger el derecho a manifestarse; ninguna debe tolerar que esa protesta derive en agresiones, destrucción o secuestro del espacio público. En este sentido, las fuerzas de seguridad tienen un rol legítimo, pero deben actuar con proporcionalidad, profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos humanos. La criminalización generalizada de la protesta es injusta y solo alimenta la espiral de violencia.

Entonces, para reducir la brecha educativa y salvar el año escolar, es urgente poner fin a la huelga de los educadores mediante el diálogo franco, la voluntad política y compromisos verificables. El gobierno debe garantizar condiciones dignas de trabajo, cumplir acuerdos previos y abrir canales efectivos de negociación, mientras los docentes deben priorizar el derecho a la educación de los estudiantes, especialmente los más vulnerables. La mediación de actores imparciales —como universidades, iglesias o Naciones Unidas— puede facilitar consensos duraderos. Solo así lograremos devolver la normalidad a las aulas y encaminar al país hacia una educación más justa y equitativa.

“Educar no es solo instruir. Es liberar, empoderar y construir ciudadanía. No podemos permitir que el conflicto actual sacrifique el futuro de nuestros niños y jóvenes. Es hora de ponernos del lado del país y cerrar la brecha educativa.”