El financiamiento de las pensiones de los jubilados está en el imaginario colectivo de todos los asegurados y nos obliga a hacernos, por lo menos dos preguntas obligatorias: ¿de dónde va a salir la plata para el financiamiento sostenible de las pensiones?, y ¿ debe el Estado asignar recursos adicionales _a las cuotas que le corresponden_ para complementar el financiamiento?

En este sentido complemento esta entrega compartiendo recientes noticias sobre la reforma propuesta a la CSS, y las recientes declaraciones del “senior director sovereigns” de la agencia calificadora Fitch Ratings, en las que  advirtió que las reformas de la Caja de Seguro Social (CSS) no serán un alivio para las arcas públicas del gobierno panameño, por lo que Panamá mantendrá la pérdida del grado de inversión. Pero, vayamos a las preguntas iniciales.

¿Debe el Estado destinar recursos adicionales para financiar las pensiones?

El año pasado las autoridades del MEF, CSS y Minsa, informaron en conferencia de prensa que, el Estado panameño hará un aporte extra a la CSS por B/.1,187 millones anuales a fin de estabilizar la situación financiera de la institución a lo largo de los años. Hoy sabemos que ese será el caso.

Aunque esta es una buena noticia para los asegurados, yo me pregunto si el Estado debe destinar recursos adicionales para financiar las pensiones de los 328,367 jubilados y pensionados que reportó la CSS, lo cual representa tan solo el 7.3% de los panameños.

En este contexto, aunque los asegurados activos, que _según cifras oficiales de la CSS_ eran 1,137,055 en el 2021, es obligatorio hacernos la pregunta inicial porque, al fin y al cabo, es evidente que la mayoría de los panameños no son ni asegurados activos ni jubilados y; los fondos “extra” que propone asignar el Estado para financiar las pensiones, bien podrían utilizarse para atender las necesidades de todos los panameños, por ejemplo en materia de educación, salud, dotación de agua, infraestructura, agro, etc.

Desde esta perspectiva, subrayo que tengo grandes reservas sobre la asignación de recursos adicionales del Estado _que son de todos los panameños_ para financiar las pensiones de los asegurados. Aunque puede servir como un paliativo temporal, no es una solución sostenible a largo plazo.  Además implica una mayor presión fiscal sobre los contribuyentes, lo que podría desincentivar la inversión y el crecimiento económico.

Financiamiento de las pensiones de los jubilados

Para asegurar el futuro de las pensiones en Panamá, es crucial explorar otras opciones de financiamiento. Propongo _sin ser exhaustivo_ algunas para vuestra consideración. Eso sí, será condición indispensable para el éxito, el blindaje de la institución contra todo tipo clientelismo, ineficiencia y corrupción; asegurando que nuestros recursos sean administrados de forma efectiva y transparente para el beneficio de todos nosotros.

• Lo primero y más importante es que tanto el gobierno como la empresa privada cumplan con sus obligaciones de pago de las cuotas que les corresponden. La CCS debe fortalecer los procesos para la recuperación de la morosidad (estimada en más de B/.300 millones) buscando un equilibrio entre la firmeza en el cobro de la morosidad y la flexibilidad para facilitar que los empleadores regularicen su situación. Es importante destacar que la recuperación de la deuda es un proceso a largo plazo que requiere un compromiso firme por parte de la CSS, el gobierno y la empresa privada.
• No menos importante es aumentar la edad de jubilación. Tiene la ventaja de que permite que las personas contribuyan al sistema por más tiempo, aumenta los ingresos de la CSS y reduce el número de años en los que se paga la pensión. Así mismo, es necesario aumentar la cobertura del sistema de seguridad social para incluir a los trabajadores informales. Esto requiere la implementación de políticas que incentiven la formalización laboral.
• También es importante considerar los sistemas (públicos no privados) de capitalización individual. En este caso, cada trabajador tendría una cuenta individual donde se acumulan sus aportes y los rendimientos generados por las inversiones. Al jubilarse, la pensión se calcula con base en el saldo acumulado en la cuenta. Fomenta el ahorro individual, reduce la dependencia del Estado y permite a los trabajadores tener mayor control sobre sus fondos de pensiones. Requerirá de una regulación estricta y mucha transparencia para proteger los ahorros de los trabajadores.
• Igualmente crítica para aumentar los ingresos de la CSS es la inversión de los fondos de pensiones, permitiendo a la CSS invertir los fondos de pensiones en activos rentables, como bonos, acciones o bienes raíces, para generar mayores rendimientos y aumentar los recursos disponibles para el pago de las pensiones. Lógicamente que implica riesgos financieros, ya que las inversiones pueden generar pérdidas, y requiere una gestión profesional y transparente de los fondos.
• Finalmente, y no menos importante, es el hecho de que la CSS es una empresa dual, lo que puede tener serias implicaciones en la gestión de los recursos financieros para las pensiones. Por un lado, recolecta, administra, gestiona y paga pensiones y; por el otro, es una empresa que brinda servicios de salud, lo cual facilitaría la posible utilización de los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte para atender las necesidades financieras del programa de Enfermedad y Maternidad. Es, por lo tanto, imperativo analizar el peso real de esta erogación y buscar una solución que permita a la CSS concentrar sus esfuerzos en la gestión eficiente de los recursos, para la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Tres noticias sobre el financiamiento de las pensiones de los jubilados en la reforma a la ley de la CSS 

Aprueban en tercer debate reformas a la CSS

Presidente Mulino sanciona nueva ley de la CSS

El Presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este martes la Ley No. 462, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. Luego, en un mensaje al país, anunció un plan de reactivación de obras a nivel nacional y nuevas inversiones, que generarán más de 10.000 empleos, y fortalecerán la base cotizante de la CSS. Con la firma de la Ley No. 462, el presidente Mulino cumple una de sus principales promesas de campaña. Es la culminación de una iniciativa que comenzó con consultas a todos los sectores del país, y un debate que se extendió por 128 días en el Órgano Legislativo. En su mensaje al país, el mandatario agradeció a los panameños “por su paciencia y por comprender la importancia de fortalecer nuestro sistema de Seguridad Social”.

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Fitch Ratings: Reformas de la CSS no serán un alivio para las arcas públicas del gobierno panameño

De acuerdo con publicación de La Estrella de Panamá, “la agencia calificadora Fitch Ratings _refiriéndose al financiamiento de las pensiones de los jubilados_ advirtió este 13 de marzo que las reformas de la Caja de Seguro Social (CSS) no serán un alivio para las arcas públicas del gobierno panameño. Para Fitch, toda se debe porque el 90 % de las reformas de la CSS dependen del rescate qué debe hacer el Gobierno y sólo un 10% está relacionado al ajuste del sector privado. “El 90% del problema está migrando al déficit del Gobierno central. La única medida paramétrica relevante es el aumento del aporte patronal del 3%”, confesó Todd Martínez, senior director, sovereigns de Fitch Ratings, este jueves, durante un evento donde se analizó la coyuntura económica de Panamá. Si bien esta reforma va a resolver el tema financiero de la CSS por un tiempo, realmente no está reduciendo el problema, sino que lo está migrando al gobierno central…”. Leer noticia completa aquí.

Conclusión sobre el financiamiento de las pensiones de los jubilados

No hay una respuesta única a las preguntas iniciales sobre el financiamiento de las pensiones de los jubilados. La decisión depende de una serie de factores, como la situación demográfica del país, la salud del sistema de pensiones, la capacidad fiscal del gobierno y las prioridades de política social. Es fundamental mantener el debate informado y transparente para encontrar soluciones que garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones y la protección de los derechos de los asegurados.