La necesidad de los Comités de salud, fue reconocida hace cincuenta años, cuando siendo ministro de salud el Dr. José Renán Esquivel, el gobierno, basado en nuestra Constitución Política, promulgó el Decreto 401 de 1970, por medio del cual, se constituyeron los comités de salud de las comunidades, se definieron sus objetivos, y se ordenó coordinar e integrar su labor con las del Ministerio de Salud. Aquel Decreto subrayaba en su exposición de motivos que, “las comunidades en su necesidad de promover, proteger, recuperar y rehabilitar la salud de sus miembros deberán contar con un instrumento de organización popular con capacidad de plantear sus necesidades y participar en la planificación y ejecución de los programas del Ministerio de salud”.

A partir de la promulgación, los Comités de salud, participaron en todas las acciones asociadas a los programas de salud; aseguraron los medios necesarios para que los derechos en salud fueran ejercidos por todos los miembros de la comunidad y, lo más importante; velaron por el cumplimiento de programas orientados hacia la consecución del estado óptimo de salud en toda la población. Por cierto, el Decreto 401, no solo está vigente, sino que fue reglamentado mediante el Decreto 708 del 2002, en el que se declara de interés público la constitución legal de los Comités de Salud en las comunidades. Es decir, no tenemos excusa para no promover el desarrollo de Comités de salud en todo el territorio nacional.

Desde entonces, los panameños hemos declarado en diferentes discursos de campaña, políticas y planes; nuestro compromiso con incorporar a las comunidades como socios activos en la toma de decisiones sobre la asignación y el uso de los recursos, en la definición de las prioridades y en la garantía de la rendición de cuentas sobre las acciones públicas y privadas que repercuten en la sociedad. También hemos manifestado que, la intersectorialidad en materia de salud significa que el sector de la salud debe trabajar con diferentes sectores y actores para velar por que las políticas públicas se alineen con el fin de maximizar su potencial contribución a la salud y al desarrollo humano.

A pesar de esos antecedentes, el sustento legal y técnico, así como los compromisos internacionales, la participación social no ha pasado del discurso, y los Comités de Salud son un recuerdo del pasado para los que tenemos memoria y tuvimos el privilegio de trabajar “mano a mano” con la comunidad. Hoy, para, puede ser primera noticia esto del Decreto 401, y les sonará temerario aquello de que la comunidad organizada, tiene el derecho de actuar colectivamente con el fin de ejercer el control de los determinantes de la salud, contribuyendo a su desarrollo, de acuerdo a los problemas y necesidades percibidas.

¿Qué nos pasó?, ¿cuándo perdimos el rumbo? Pues lo que nos pasó es que promover el control social, implica devolver el derecho al verdadero dueño, y eso no es nada fácil. Ha faltado la decisión política genuina y efectiva de nuestros gobiernos, en especial del sector salud, que ha estado ocupado en el desarrollo y mantenimiento de un modelo de atención basado en la construcción de edificaciones para curar enfermedades, dejando de lado la promoción de la salud y anulando la participación social; tampoco ha sido una preocupación de los alcaldes y representantes de corregimiento; menos de muchas ONG y agrupaciones gremiales, con una agenda que responde a los intereses de un grupo. Pero también ha hecho falta que la población venza la inercia y la apatía, salga de su zona de confort y comience a ocuparse, en lugar de esperar que sea el gobierno o la empresa privada quien le haga todo.

La necesidad de los Comités de salud para enfrentar el COVID-19

Y de repente, cuando nadie lo esperaba, llega este enemigo feroz, nos plantea una guerra que nos obliga a escondernos en nuestras casas para defendernos de su ataque, mientras nuestros equipos de salud atienden a los enfermos en la primera línea de esta batalla. Esa medida defensiva, el confinamiento total, ha rendido sus frutos. La mayoría nos hemos quedado en nuestras casas y hemos logrado comenzar a controlar el avance del COVID-19, como lo evidencia que cada día tenemos menos nuevos enfermos, o que nuestros hospitales, en especial las salas de cuidados intensivos, tienen una buena capacidad de reserva.

Pero eso no es suficiente, ahora nos toca contraatacar, saliendo progresivamente de nuestro encierro, detectando oportunamente a cualquier ciudadano infectado por el virus, así como a todos sus contactos. Al igual que otros países que ya comenzaron a levantar sus cuarentenas, nosotros tampoco tenemos la epidemia bajo control total, como lo sugiere la presencia de transmisión comunitaria confirmada por los casos nuevos que tenemos cada día. Sin embargo, podemos esperar a tener cero casos para comenzar a recuperar la economía. Hacerlo provocaría una grave crisis social, más desempleo, incremento de la pobreza y el hambre, que causarán más sufrimiento que la propia pandemia.

No obstante, para mantener una respuesta positiva, no será suficiente con las acciones en los servicios de salud. Requerirá del fortalecimiento importante de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica para identificar tantos infectados como sea posible, y sus contactos, para aislarlos o ponerlos en cuarentena y controlar la reaparición de brotes en el territorio. Tampoco será posible sin la efectiva coordinación entre las instituciones públicas y privadas del país, bajo el liderazgo indiscutible del MINSA.

Además, reconozco que, el asunto de la masificación de las pruebas y el rastreo de casos y contactos, puede ser nuestro “talón de Aquiles”. Para lograrlo necesitaremos contratar, y capacitar de manera muy rápida, a mucha gente. Será necesario sumar a las demás instituciones del gobierno, las empresas privadas y, en especial a las comunidades. Debo admitir también que en los últimos años hemos ido perdiendo nuestra capacidad de organizarnos y participar desde las bases de las comunidades. Espero que la amenaza del COVID-19 sea la oportunidad para recuperar nuestro rol de actores relevantes en la respuesta nacional.

Finalmente, también es conocido que el gobierno ya ha definido la forma de proteger a los trabajadores en las empresas que están volviendo a sus actividades usuales. Está descrita en el recién anunciado Protocolo de Reapertura Económica de Panamá, el cual establece las etapas para la reapertura de las empresas e industrias cerradas durante el estado de emergencia nacional. Evidentemente que el cumplimiento de las medidas establecidas en este protocolo requerirá del compromiso de las empresas y, fundamentalmente, de la capacidad del MINSA para ejercer con eficacia sus funciones regulación, fiscalización y control del cumplimiento de las medidas.

Y esa gente que se necesita para esta crucial etapa en la lucha contra el virus, es la población organizada en Comités de Salud a lo largo y ancho de nuestro territorio. El gobierno y sus instituciones centrales, regionales y locales deben promover activamente la formación de estos comités, la capacitación y dotación de insumos adecuados para los miembros de los mismos, y la sociedad por su parte, debe estar dispuesta a participar activamente en las tareas de contención del virus en las comunidades, empresas, negocios y oficinas públicas.

Entonces, es claro que sabemos qué hacer y cómo hacerlo. Tenemos las herramientas epidemiológicas, los recursos financieros para contratar los recursos humanos necesarios y comprar los equipos que hagan falta; también contamos con las normativas, reglamentos, decretos y demás instrumentos legales. Aprovechemos la oportunidad para cerrarle la puerta a conductas nefastas y convertirnos en los panameños que nuestro país necesita.