Comparto mi artículo publicado en el periódico Digital Destino Panama en el que me pregunto y reflexiono sobre ¿quién pagará la factura del conflicto minero?

Cobra especial relevancia hora que el presidente de la República anunció este jueves en un mensaje al país que ha dado instrucción para conformar un equipo interinstitucional que elaborará un informe sobre la realidad técnica, económica y ambiental de la mina establecida en Donoso.

¿Quién pagará la factura del conflicto minero?

La discusión sobre la minería metálica en Panamá ha estado marcada por fuertes tensiones ambientales, jurídicas, políticas y sociales. Sin embargo, conforme el país avanza hacia una nueva etapa después de la declaración de inconstitucionalidad del contrato minero, comienza a emerger una pregunta inevitable y profundamente incómoda: ¿quién pagará la factura económica del conflicto? Es una pregunta legítima. Y también necesaria.

Durante años, el debate nacional se concentró —con razón— en aspectos relacionados con la constitucionalidad, la sostenibilidad ambiental, la protección del agua, la transparencia institucional y la legitimidad democrática de las decisiones públicas. Pero el país no puede ignorar que toda decisión soberana también tiene consecuencias económicas, fiscales y sociales que eventualmente deberán ser asumidas por alguien. Y probablemente terminarán siendo asumidas por toda la sociedad panameña.

Dimensiones de la discusión

La primera dimensión de esta discusión tiene que ver con los arbitrajes internacionales. Aunque la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato aprobado mediante la Ley 406 de 2023, ello no elimina automáticamente la posibilidad de reclamaciones internacionales multimillonarias contra el Estado panameño.

Precisamente ahí aparece una de las tensiones más complejas de todo este proceso: una decisión puede ser jurídicamente válida y constitucionalmente necesaria, pero al mismo tiempo generar enormes costos económicos para el país.

Esa realidad no debería interpretarse como una razón para sacrificar la soberanía constitucional o la protección ambiental. Pero sí obliga a discutir con seriedad cómo Panamá enfrentará las consecuencias financieras de este conflicto y qué impacto podrían tener sobre las finanzas públicas, la deuda, la inversión social y la estabilidad económica nacional.

Porque si eventualmente el país enfrenta pagos multimillonarios derivados de arbitrajes internacionales, la pregunta inevitable será: ¿de dónde saldrá ese dinero?

¿Se financiará con más deuda pública? ¿Con mayores impuestos? ¿Con reducción del gasto social? ¿Con menos inversión en salud, educación, agua potable o infraestructura?

Esas preguntas todavía no forman parte central del debate nacional, pero tarde o temprano tendrán que ser enfrentadas.

El empleo y la actividad económica asociada a la minería

A ello se suma otro aspecto igualmente importante: el empleo y la actividad económica asociada a la minería.

Aunque la minería no representaba la totalidad de la economía panameña, sí generaba miles de empleos directos e indirectos, actividad logística, contratos para proveedores, ingresos fiscales y dinamismo económico en determinadas regiones del país. La desaparición abrupta de esa actividad inevitablemente produce efectos económicos y sociales que tampoco pueden ser ignorados.

Por eso, una de las preguntas más importantes para Panamá no es únicamente si el país quiere o no minería metálica, sino qué estrategia económica tiene para reemplazar aquello que la minería aportaba y para manejar responsablemente los costos derivados de su salida. Ese es probablemente el punto más sensible de toda esta discusión.

Cómo sostendremos el desarrollo

Panamá tiene derecho soberano a decidir democráticamente su modelo de desarrollo y a establecer límites ambientales e institucionales sobre actividades económicas de alto impacto. Pero al mismo tiempo, también tiene la responsabilidad de planificar cómo sostendrá el crecimiento, el empleo, la inversión y las finanzas públicas después de esa decisión.

Y allí el país enfrenta una realidad incómoda: durante décadas, Panamá nunca construyó consensos nacionales sólidos alrededor de la minería, pero al mismo tiempo permitió que la economía desarrollara cierto nivel de dependencia respecto a los ingresos, exportaciones y empleos generados por esa actividad.

Tal vez esa sea una de las grandes lecciones del conflicto minero: los países no deberían depender estratégicamente de actividades sobre las cuales no existen acuerdos nacionales mínimos de legitimidad, sostenibilidad y gobernanza.

Por eso, el verdadero desafío no termina con el cierre de un contrato ni con un fallo judicial. Apenas comienza.

Panamá necesita ahora discutir seriamente cómo fortalecer otros motores de crecimiento económico: logística, agua, turismo sostenible, innovación, servicios internacionales, transición energética, economía digital y desarrollo territorial equilibrado. Pero esa transición no ocurrirá automáticamente ni de manera improvisada.

Requerirá visión estratégica, planificación nacional, fortalecimiento institucional y acuerdos políticos de largo plazo.

Conclusión

Al final, la discusión minera terminó revelando algo mucho más profundo que una disputa contractual o ambiental. Reveló la ausencia de una estrategia nacional suficientemente clara para decidir qué economía quiere construir Panamá y cómo piensa sostenerla en las próximas décadas.

El verdadero riesgo para Panamá no consiste únicamente en perder un arbitraje o enfrentar dificultades fiscales temporales. El mayor riesgo sería no aprender nada de esta crisis y continuar tomando decisiones estratégicas sin planificación de largo plazo, sin consensos nacionales y sin una visión clara de desarrollo sostenible. Porque, al final, los costos económicos pueden eventualmente recuperarse. Lo más difícil de reconstruir cuando una sociedad atraviesa conflictos de esta magnitud es la confianza institucional, la cohesión social y la capacidad colectiva de imaginar un futuro compartido.

Y mientras esa discusión siga pendiente, la pregunta continuará abierta: ¿quién pagará realmente la factura del conflicto minero?