Hablar de maternidad segura en las Américas es, para millones de mujeres, casi un oxímoron. Hay cifras que incomodan. Y hay cifras que deberían indignarnos. Que en la región cerca de 8.000 mujeres mueran cada año por causas relacionadas con el embarazo y el parto no es solo un dato sanitario: es una señal de alerta sobre nuestras prioridades como sociedad. Más aún cuando sabemos que la mayoría de estas muertes son evitables .
Ofrezco reflexiones sobre la entrevista realizada en el podcast Hablemos de Salud de la OPS, a la doctora Suzanne Serruya, jefa de la Unidad de Curso de Vida, Salud de la Mujer y los Niños en la OPS. Y complemento con una breve mirada a la situación en Panamá.
Cuando la equidad sigue siendo una deuda
Este es el punto de partida del episodio “Maternidad segura” del podcast Hablemos de Salud de la OPS, donde la doctora Suzanne Serruya no solo expone cifras, sino que desmonta una narrativa peligrosa: la de creer que este problema pertenece al pasado o a los países más rezagados. Nada más lejos de la realidad. La mortalidad materna persiste, incluso en contextos de relativo desarrollo, porque está profundamente ligada a la desigualdad.
Y aquí está el núcleo del problema: no mueren “las mujeres”, mueren las mujeres más vulnerables. Indígenas, rurales, afrodescendientes, adolescentes, pobres. Mujeres que viven lejos de los servicios de salud o que, aun teniéndolos cerca, no encuentran un sistema que las entienda, las respete o las atienda a tiempo .
La maternidad, que debería ser una experiencia de vida, sigue siendo para muchas una experiencia de riesgo. Como he señalado en publicaciones previas: no estamos haciendo lo suficiente.
Un problema conocido… que no resolvemos
Lo más desconcertante es que las causas de la mortalidad materna son bien conocidas. Preeclampsia, hemorragias, infecciones. Sabemos cómo prevenirlas, cómo detectarlas y cómo tratarlas. Existen protocolos, medicamentos, tecnología y conocimiento acumulado.
Entonces, la pregunta incómoda es inevitable: si sabemos qué hacer, ¿por qué no lo estamos haciendo bien?
La respuesta, como sugiere Serruya, no está únicamente en la medicina, sino en la organización social de la salud. No basta con tener hospitales; hay que garantizar acceso oportuno, atención de calidad y continuidad del cuidado. No basta con tener tecnología; hay que llevarla a donde más se necesita.
Aquí emerge una verdad que incomoda a los sistemas de salud: el problema no es solo de recursos, es de priorización y equidad.
La trampa de los promedios (y el espejo panameño)
La región ha avanzado. Eso es innegable. Más educación, más acceso a servicios, mejores protocolos. Pero los promedios esconden realidades dramáticas. En algunos grupos, el riesgo de morir durante el embarazo puede ser varias veces mayor que en otros.
El caso de Panamá ilustra con crudeza esta realidad. El mapa de razón de mortalidad materna para 2024 muestra un promedio nacional de 51.9 por cada 100 mil nacidos vivos, pero ese dato agregado oculta brechas territoriales alarmantes. Mientras provincias como Panamá (5.4), Herrera (0.0) o Los Santos (0.0) registran cifras bajas o incluso nulas, otras regiones enfrentan situaciones críticas. La Comarca Ngäbe Buglé alcanza 174.0, y la Comarca Guna Yala llega a 839.2, evidenciando que el lugar donde una mujer vive en Panamá puede determinar su probabilidad de sobrevivir al embarazo y al parto.
Estas diferencias no son casuales ni inevitables. Reflejan desigualdades estructurales en acceso a servicios de salud, infraestructura, personal capacitado y pertinencia cultural de la atención. En las comarcas indígenas y zonas rurales persisten barreras geográficas, económicas y culturales que retrasan o impiden el acceso oportuno a controles prenatales y atención de emergencias obstétricas. En este contexto, hablar de maternidad segura en Panamá exige ir más allá del promedio nacional y enfocarse en cerrar estas brechas. Porque mientras existan territorios con riesgos hasta más de diez veces superiores, la mortalidad materna seguirá siendo, ante todo, una expresión de inequidad.
Y esa es, quizás, la crítica más fuerte: no hay progreso real si no es equitativo.
Cultura, territorio y dignidad
Un aspecto particularmente revelador es el reconocimiento de la dimensión cultural. Durante años, los sistemas de salud han operado bajo una lógica homogénea, ignorando que no todas las mujeres viven, sienten o entienden el embarazo de la misma manera.
La apuesta por un parto culturalmente adaptado no es un gesto simbólico; es una estrategia de salud pública. Escuchar a las mujeres, respetar sus tradiciones y construir confianza puede marcar la diferencia entre acudir o no a un servicio de salud.
Porque, al final, la equidad no es tratar a todos igual, sino responder a las diferencias de manera justa.
Innovación sin equidad: una promesa incompleta
El episodio también deja claro que estamos en un momento de oportunidades. Telemedicina, nuevos medicamentos, dispositivos más accesibles, capacitación del personal, iniciativas como Cero Muertes Maternas Evitables. Hay herramientas. Hay conocimiento. Hay voluntad declarada.
Pero aquí surge otra tensión: la innovación avanza más rápido que su distribución.
Las soluciones existen, pero no llegan con la misma velocidad a todos los territorios. Y, como suele ocurrir, quienes más las necesitan son quienes menos acceso tienen.
Si no corregimos esto, corremos el riesgo de construir sistemas de salud más sofisticados… pero también más desiguales.
El primer nivel: donde se juega todo
Hay un mensaje que atraviesa toda la conversación: el control prenatal temprano y continuo salva vidas. No es una consigna técnica, es una verdad contundente.
Detectar a tiempo una hipertensión, una hemorragia o una complicación puede cambiar el desenlace de un embarazo. Pero para eso se requiere algo básico: que la mujer esté dentro del sistema de salud.
Y aquí volvemos al punto inicial: acceso, confianza, información.
La salud materna no empieza en el hospital, empieza en la comunidad.
Autonomía y decisión
El cierre del episodio introduce un elemento clave que a veces se evita en el debate público: la autonomía reproductiva. El acceso a métodos anticonceptivos modernos no solo es un derecho, es una de las intervenciones más efectivas para reducir la mortalidad materna.
Decidir cuándo y cómo tener hijos es, en sí mismo, un factor de protección.
Ignorar esto es ignorar una de las herramientas más poderosas de política pública en salud.
Una deuda que no admite excusas
La mortalidad materna en las Américas no es un misterio médico. Es, sobre todo, un problema de justicia social.
Cada muerte evitable es un fallo del sistema. No de una institución en particular, sino de un entramado de decisiones —o indecisiones— que van desde la política pública hasta la organización de los servicios y la asignación de recursos.
La buena noticia es que sabemos qué hacer. La mala es que no lo estamos haciendo con la urgencia ni con la equidad que se requiere.
Si realmente queremos hablar de desarrollo, de derechos y de cohesión social, la maternidad segura debería estar en el centro de la agenda.
Porque, al final, la pregunta no es técnica, es ética: ¿cuánto vale la vida de una mujer en nuestras sociedades?
Y, más aún, ¿estamos dispuestos a actuar en consecuencia?