Comparto resumen del contenido y los invito a la lectura completa de la publicación de la CEPAL titulada Institucionalidad social en América Latina y el Caribe: eje central para avanzar hacia un desarrollo social inclusivo.
Tiene gran importancia para nosotros, pues, aunque nuestro país se ha adherido, ha firmado y ratificado pactos, convenciones y convenios relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, la percepción de la ciudadanía expresada en diferentes foros y concertaciones es que necesitamos fortalecer la institucionalidad democrática _ condición indispensable para la institucionalidad social _ en el país, a fin de desarrollar y robustecer los cambios y la modernización de las instituciones, implantar la transparencia y rendición de cuentas en todo el aparato estatal; recuperar la confianza nacional y el prestigio internacional y; avanzar hacia el desarrollo con justicia y equidad.
Institucionalidad social en América Latina y el Caribe
Contenido del documento de la CEPAL
“Teniendo en cuenta los logros alcanzados y los desafíos existentes en los países la región para retomar la senda hacia el logro de los objetivos sociales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el documento hace un análisis de la situación de la institucionalidad social en los países de la región, se examinan las experiencias comparadas y se intenta definir algunos caminos a seguir para fortalecer las capacidades y, con ello, mejorar la calidad de las políticas de desarrollo social”.
- “En el primer capítulo se hace un repaso de los principales avances que ha tenido la institucionalidad social en la región, con énfasis en la experiencia de los ministerios de desarrollo social y entidades equivalentes, como autoridades a cargo de las políticas de protección social no contributiva. Para ello, se analizan elementos de las cuatro dimensiones de la institucionalidad social. En la dimensión jurídico-normativa, se estudian los avances en la incorporación del enfoque de derechos en la legislación vigente sobre las políticas sociales. En particular, se actualiza la adscripción de la región a tratados internacionales sobre derechos humanos y laborales, se analiza su presencia a nivel constitucional y en la legislación nacional, y se consigna el espacio que ocupan en las leyes y mandatos de los ministerios de desarrollo social. En la dimensión organizacional se examina la correspondencia entre los mandatos legales y la estructura organizacional de los ministerios de desarrollo social, además se estudia la estabilidad de estos ministerios y se destacan los desafíos de coordinación horizontal y vertical para avanzar en una mayor integralidad de la política social, así como la importancia de los recursos humanos en la organización. El análisis de la dimensión técnico-operativa se centra en la importancia de la transformación tecnológica y de los sistemas de información para el diseño e identificación de la población vulnerable, lo que ofrece un panorama de sus características en la región. Asimismo, se examina la existencia de unidades de monitoreo y evaluación en la estructura organizativa de los ministerios de desarrollo social en la región. En la dimensión financiera, se destaca un conjunto de datos como antecedentes que permitan dar cuenta de los recursos que administran los ministerios de desarrollo social e instituciones equivalentes, y se presenta un ejercicio exploratorio de lo que costaría lograr los objetivos de erradicación de pobreza extrema, pobreza y reducción de vulnerabilidad”.
- “En el segundo capítulo se presenta un análisis comparativo de la institucionalidad social con una mirada sobre la experiencia de países de la Unión Europea, centrada en la respuesta a los impactos de la pandemia, y se observa cómo la institucionalidad social en Europa hizo posible la aplicación de políticas que expresan diferencias con respecto a América Latina y el Caribe en términos de suficiencia y de capacidades institucionales instaladas en los sistemas de protección social. Con este fin, se presentan hechos estilizados y dimensiones seleccionadas de las respuestas de la protección social no contributiva, con el fin de relevar aprendizajes y desafíos compartidos entre las regiones”.
- “En el tercer capítulo se examina el rol de la gobernanza a través del ciclo de la política social y se analiza cómo ella puede moldear la calidad de la política social a la luz de los factores, actores y estrategias empleadas. Para ello, se examinan las diferentes etapas en el ciclo de política, desde la formulación hasta la evaluación de las políticas de desarrollo social y se ilustra a través de experiencias concretas la importancia de la gobernanza en cada una de estas etapas, considerando la interacción de los actores, los factores y las estrategias”.
- “En el capítulo IV se finaliza con reflexiones y propuestas para fortalecer la institucionalidad social. Entre otros, se destaca que una institucionalidad social sólida con una gobernanza transparente del proceso de toma de decisiones es, a su vez, un requisito para que el enfoque de derechos pueda materializarse de manera activa y verificable, posibilitando el logro de los objetivos sociales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para ello se plantea, entre otras cosas, que es necesario avanzar hacia una mayor coherencia entre los mandatos y la capacidad institucional de los ministerios de desarrollo social, considerando las capacidades profesionales y técnicas centrales para mejorar la gestión pública. Se enfatiza, además, el desafío de avanzar en materia de coordinación, descentralización y participación como motores de eficiencia y sostenibilidad de la política social. Asimismo, en el ámbito de la gestión se enfatiza la importancia estratégica que han adquirido los sistemas de información social para la toma de decisiones. Considerando las capacidades y desafíos existentes en cada país, se propone avanzar progresivamente en la consecución de metas en materia de pobreza y bienestar aumentando las erogaciones en transferencias de la protección social no contributiva de los ministerios de desarrollo social, de manera de cubrir al menos las brechas promedio de ingresos que necesita cada hogar para alcanzar la línea de pobreza extrema. Finalmente, se destaca la necesidad de propiciar cambios que lleven a un nuevo pacto social, político y fiscal, para así enfrentar y reducir la desigualdad en la región”.