Complementando mis publicaciones previas sobre el tema, comparto con ustedes un breve extracto de las conclusiones y recomendaciones del informe actuarial de la OIT titulado “Valuación actuarial del sistema panameño de pensiones al 31 de diciembre de 2019” y los invito a la lectura completa del documento.

Aunque tiene casi tres años de desfase, el informe ratifica lo que ya sabíamos. A partir de la definición clara de tres aspectos relevantes de contexto nacional, describe con bastante claridad los problemas de los dos regímenes de pensiones que tenemos, y ofrece, sin entrar en mayores detalles una serie de recomendaciones que me parecen todas necesarias, dejando el terreno abonado para que los panameños decidamos juntos, cuál es el sistema de pensiones que queremos. Garantizando  cobertura adecuada, suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad financiera.

Ya no tenemos la excusa la supuesta falta de información. ¡Qué no nos falte la voluntad política!

Resumen de conclusiones del Informe actuarial de la OIT

Aspectos generales y de contexto

1. El favorable desempeño de la economía panameña, a excepción del periodo de crisis COVID-19, no parece traducirse en mejoras en los indicadores de formalización laboral, ni de la cobertura contributiva de la CSS, limitando las opciones para consolidar el acceso a la seguridad social para una proporción importante de la fuerza de trabajo.
2. El indicador tasa de informalidad del empleo muestra una tendencia al alza, muy preocupante en términos de su correlación con el deterioro de la base de financiamiento del Régimen de IVM. De no tomarse medidas de intervención de política para revertir esta tendencia, el país corre con el riesgo de una profunda afectación de la sostenibilidad económica del Régimen, que podría alcanzar niveles críticos, con alto costo social.
3. Panamá integra la lista de países de América Latina y el Caribe que no han ratificado el Convenio 102 de la OIT, el cual establece parámetros y disposiciones mínimas en materia de seguridad social

Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD)

• El SEBD sigue un esquema de “población cerrada” y producto del envejecimiento natural de su población afiliada, su cobertura caerá hasta extinguirse en el largo plazo. En los próximos años, la edad promedio de los cotizantes se incrementará progresivamente hasta que prácticamente en el año 2060 ya no existan cotizantes activos en el Subsistema.
• El gasto anual del SEBD es de aproximadamente un 2% del PIB; alcanzará un pico máximo de 3.9 % en la década de 2030, a partir de allí el indicador empezará a descender hasta el cierre del Subsistema, es decir, cuando se realice el último pago de pensión.
• La reducción progresiva de los cotizantes activos, y por tanto de los ingresos por contribuciones, junto con el agotamiento en el 2024 de la reserva total del SEBD y el incremento acelerado esperado en la cantidad de nuevas pensiones, creará una fuerte presión en el financiamiento del creciente gasto del Subsistema. Por lo tanto, el déficit operativo anual proyectado del SEBD en términos nominales crecerá y alcanzará un tope máximo anual en 2050 cercano a los B/. 7,5 mil millones.
• Como resultado directo de lo anterior, el Estado deberá identificar nuevas fuentes de financiamiento para cubrir el déficit creciente, ya sea mediante la redefinición del fideicomiso actual, o el incremento de las transferencias o a través de otro instrumento alternativo que se defina. Hay que tomar en cuenta que el Subsistema requerirá financiamiento estatal hasta su total extinción, que solo ocurrirá aproximadamente en la década de 2090. El desafío fiscal asociado es de gran magnitud y requiere intervenciones urgentes de corto plazo, y soluciones duraderas y contundentes para el largo plazo.
• Una conclusión fundamental es que las difíciles condiciones de financiamiento del SEBD crearían una presión fiscal que condiciona de la sostenibilidad del sistema panameño de pensiones en su conjunto. Las reformas implementadas que apunten a garantizar la sostenibilidad de las pensiones del SEBD deberán contemplar una solución integral para el sistema en su conjunto.

Subsistema mixto

• El Subsistema Mixto inició su funcionamiento partiendo de una población joven, cuyo proceso natural de envejecimiento implicará que progresivamente el Subsistema madure en el mediano y largo plazo, con consecuencias directas sobre la evolución de los gastos.
• A partir de la década de 2050 el SMCBD comenzará a registrar ingresos por aportes contributivos que no serán suficientes para cubrir las prestaciones contributivas del propio Componente de Beneficio Definido.
• El diseño actual del SM presenta implicaciones preocupantes en términos del tamaño y papel que desempeña el componente de beneficio definido en comparación con el de ahorro individual, en cuanto a su acción protectora de las personas afiliadas.
• El SMCBD es un régimen que nace con una base “achatada” en su financiamiento y acción protectora, situación que tenderá a agravarse cada vez más a lo largo del tiempo. Por un lado, el tope de cotización de B/ 500 en el SMCDB es relativamente bajo, abarcando una proporción bastante limitada de la masa salarial cotizante total, dejando por tanto este componente solidario con un financiamiento achatado y débil, en comparación con el componente de cuenta individual cuyo financiamiento sí crecerá.
• Como resultado de este diseño, y en particular por el hecho de que el tope de B/ 500 no está indexado sino fijado en términos absolutos a lo largo del tiempo, la masa salarial sujeta a cotización al SMCBD caerá inexorablemente en el futuro.
• Como la masa salarial es la base de financiamiento de este componente solidario, el resultado directo es que la función solidaria dentro del Subsistema tenderá a minimizarse conforme el sistema madure. Este es un hallazgo crítico del presente estudio actuarial, que invita a responder a la pregunta clave de si ese era un efecto buscado en su diseño en el 2005.
• Otra implicación clave de dicho diseño se refiere a la falta de suficiencia del nivel de las prestaciones del SMCBD. Este estudio ha documentado que el nivel inicial de la tasa de reemplazo del SMCBD es relativamente baja y que de entrada no se alinea con los parámetros mínimos del Convenio núm. 102 de OIT. Esta situación se agravará con el tiempo, debido a que las proyecciones indican que habrá una caída sostenida de la tasa de reemplazo del componente SMCBD, hasta niveles tan bajos que a todas luces serán insuficientes para cumplir su misión de proveer una protección económica adecuada ante los riesgos de vejez, invalidez y muerte.
• El diseño del Subsistema, al igual que el SEBD, no incorpora elementos de compensación antes las inequidades de género en las condiciones de adquisición de derechos y montos de beneficios de las mujeres. Esto plantea desafíos, que podrían agudizarse en el futuro, en particular porque el componente de ahorro personal del Sistema Mixto tampoco contempla en su diseño mecanismos de solidaridad por sexo.

Resumen de recomendaciones del Informe actuarial de la OIT

• En el marco del diálogo social tripartito, se recomienda avanzar en la discusión y definición de las opciones de reforma del sistema de pensiones, tomando en cuenta los cambios necesarios para su adaptación permanente e indispensable ante un entorno complejo y cambiante. Las reformas deberán de tener como norte los principios de la seguridad social, entre otros los de universalidad, solidaridad, suficiencia de las prestaciones y la sostenibilidad financiera y económica.
• La Oficina de la OIT está a disposición de los interlocutores sociales para informar sobre experiencias y buenas prácticas internacionales, discutir las implicaciones de los diferentes escenarios de reforma, y cuantificarlos haciendo uso del modelo actuarial que la Organización ha desarrollado para Panamá y que es la base de este informe.
• Los escenarios de reforma idealmente deben contemplar una visión que apunte hacia la garantía de la sostenibilidad del sistema panameño de pensiones en todo su conjunto (SEBD y SM), incluyendo una efectiva acción protectora de la población asegurada, y la consideración de un entorno para su funcionamiento cambiante y retador.
• Someter al diálogo social tripartito la discusión para avanzar hacia la ratificación del Convenio núm. 102 de la OIT, una norma internacional que proporciona puntos de referencia para garantizar sistemas de seguridad social eficaces, equitativos y sostenibles, anclados en una base de derechos y obligaciones claramente definida.
• Diseñar y poner en marcha, por parte de la CSS y otras instituciones del sector, una estrategia de extensión de la cobertura, sobre la base de estudios y evaluaciones técnicas. La estrategia debe contar al menos con estrategias y acciones puntuales para cubrir los principales grupos de difícil cobertura, incluyendo el trabajo independiente; reformas administrativas y reglamentarias para facilitar la afiliación, la recaudación, la inspección y la cobranza coactiva; evaluaciones de la normativa actual asociada con el control contributivo; transformaciones en el uso de las tecnologías de información y comunicación, entre otros aspectos. Esta estrategia debe, idealmente, contar con un plan de acción de corto y mediano plazo y con suficiente presupuesto institucional, por su carácter de inversión indispensable, para su efectiva implementación.
• Dotar a la CSS de un plan de modernización para la gestión del Régimen de IVM con una visión de largo plazo, con financiamiento para su implementación. El plan debe incluir procesos y actividades críticas, tales como la revisión y adecuación de la estructura orgánica y funcional del Régimen; el fortalecimiento de los sistemas de información, incluyendo la conclusión de los procesos de integración; la mejora de los sistemas contables atendiendo las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus procesos de auditoría y otras identificadas a lo nivel interno de la CSS; la mejora en el abordaje de las inversiones del Régimen, siguiendo las mejores prácticas internacionales; la automatización de los procesos de captura y validación de la información de afiliados y cotizantes activos; el fortalecimiento y automatización de los procesos de asignación de los ingresos por ramo de seguro o riesgo para cubrir las prestaciones; la actualización y depuración de la base de datos de cuenta individual; el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la vinculación entre la CSS y las personas aseguradas; la formación de recurso humano especializado permanente en la gestión del Régimen; y una estrategia de comunicación y educación en seguridad social, entre otras.