La separación de poderes no es una mera formalidad constitucional. Es un mecanismo esencial para evitar el abuso de poder, proteger los derechos ciudadanos y garantizar que ninguna autoridad actúe sin límites.
En una democracia sana, el Poder Legislativo debe fiscalizar al Ejecutivo, proponer leyes con independencia y representar los intereses de la ciudadanía. El Judicial, por su parte, debe actuar con autonomía para garantizar justicia, incluso frente a los actos del poder político.