Me refiero a la obligación imprescindible que tenemos de ejercer un rol activo en el control social de la ejecución presupuestaria, no como una opción, sino como un derecho y, más aún, como un deber democrático.
El control social de la ejecución presupuestaria es una herramienta de ciudadanía activa, que fortalece la democracia, mejora la gestión pública y garantiza que los recursos estatales respondan verdaderamente a las necesidades de la gente. No se trata de vigilar por desconfiar, sino de participar por responsabilidad.
Comparto el marco conceptual del proceso, su importancia, las herramientas disponibles y desafíos para su ejercicio efectivo.