La aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 19 en Panamá, que propone extender los horarios de atención en los centros de salud más allá de las 3:00 p.m. y establecer servicios de salud 24 horas en puntos estratégicos del país, ha reabierto el debate sobre el acceso, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema público de salud. Aunque la medida responde a una necesidad real de la población trabajadora y a la saturación crónica de los hospitales, la experiencia nacional e internacional demuestra que ampliar horarios no basta si no se acompaña de una reforma integral de la atención primaria, con financiamiento, personal y capacidad resolutiva adecuados.

Comparto un análisis que forma parte de una serie de reflexiones sobre políticas públicas, atención primaria y sostenibilidad del sistema de salud en Panamá.

Proyecto de Ley 19: una introducción necesaria

En un país donde millones de personas enfrentan barreras de acceso por razones de tiempo, transporte y costos indirectos, la idea de abrir más horas los centros de salud parece no solo razonable, sino necesaria. Sin embargo, extender horarios no es sinónimo automático de mejorar el acceso, la calidad ni la eficiencia del sistema de salud. La pregunta de fondo no es si los centros deben abrir más horas, sino cómo, dónde, con qué recursos y bajo qué modelo de atención.

El riesgo del “voluntarismo legislativo”

Panamá arrastra una debilidad estructural persistente: legislar políticas públicas sin resolver previamente su arquitectura operativa y financiera. El sector salud no es la excepción. Abrir centros más horas implica mucho más que mantener las luces encendidas. Requiere personal adicional, turnos diferenciados, seguridad, abastecimiento constante de medicamentos, servicios de laboratorio, sistemas de referencia funcionales y, sobre todo, presupuesto sostenible.

Si la extensión horaria que propone el Proyecto de Ley 19 se implementa sin estos elementos, el resultado puede ser perverso: centros abiertos, pero sin capacidad real de respuesta, personal agotado y una ciudadanía frustrada por expectativas que no se cumplen. Para entender mejor este riesgo, conviene mirar experiencias comparadas en la región.

Chile: horarios extendidos con financiamiento y funciones claras

Chile fortaleció su atención primaria a través de los Centros de Salud Familiar (CESFAM), muchos de los cuales operan con horarios extendidos y cuentan con Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), algunos disponibles las 24 horas. El éxito relativo del modelo chileno no radica solo en el horario, sino en tres decisiones estructurales.

Primero, un financiamiento per cápita ajustado, con incentivos adicionales para centros que extienden horarios o cumplen metas sanitarias. Segundo, una separación funcional clara: la atención primaria resuelve lo frecuente y previsible, mientras que los SAPU atienden urgencias de baja y mediana complejidad, evitando que los hospitales colapsen por casos que no les corresponden. Y tercero, equipos diferenciados por turno, lo que reduce el agotamiento del personal y mejora la continuidad del servicio.

La lección es clara: no se puede pedir más horas con los mismos recursos humanos y financieros.

Costa Rica: extensión horaria selectiva y basada en territorio

Costa Rica, a través de la Caja Costarricense de Seguro Social, adoptó una lógica distinta pero igualmente instructiva. Sus Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) atienden poblaciones adscritas y operan con horarios extendidos solo en zonas estratégicas, definidas por densidad poblacional, perfil epidemiológico y accesibilidad geográfica.

Aquí no existe la pretensión de que todos los centros sean 24/7. La extensión horaria es focalizada, planificada y articulada con clínicas y hospitales mediante un sistema de referencia funcional. Además, la estabilidad laboral y la carrera sanitaria permiten que los turnos extendidos no dependan de la buena voluntad del personal, sino de reglas claras e incentivos explícitos.

El mensaje para Panamá es contundente: la atención 24 horas debe ser una decisión técnica, no un mandato uniforme.

Panamá frente al espejo

El Proyecto de Ley 19 apunta correctamente al derecho al acceso, pero corre el riesgo de quedarse en la superficie si no se acompaña de decisiones estructurales. Panamá enfrenta realidades que no pueden ignorarse: déficit de personal de salud, brechas territoriales profundas, fragmentación entre el MINSA y la CSS, y limitaciones fiscales crecientes.

Extender horarios sin redefinir el modelo de atención puede convertir los centros de salud en “hospitales pequeños” sin los recursos necesarios para cumplir ese rol. Esto no solo es ineficiente, sino potencialmente peligroso desde el punto de vista sanitario.

Cinco lecciones aplicables de inmediato

1. No todos los centros deben ser 24/7. Panamá necesita una red integrada escalonada: centros diurnos fortalecidos, centros con horario extendido y un número limitado de instalaciones con atención continua, ubicadas estratégicamente.
2. La extensión horaria requiere presupuesto etiquetado por función, no promesas genéricas. Turnos nocturnos, seguridad, insumos, energía y mantenimiento deben tener financiamiento explícito en el Presupuesto General del Estado.
3. Se necesita personal adicional, no redistribuido. Cargar la extensión horaria sobre el mismo recurso humano es una receta segura para el agotamiento y el deterioro de la calidad.
4. La ley es una oportunidad para avanzar hacia una integración real entre el MINSA y la CSS, compartiendo servicios nocturnos y evitando duplicaciones absurdas en un país con recursos limitados.
5. Cualquier implementación debe incluir evaluación continua y transparencia, con indicadores claros: uso real de los horarios extendidos, reducción de urgencias hospitalarias, satisfacción de usuarios y condiciones laborales del personal.

Conclusión: una buena ley puede fallar

La experiencia comparada demuestra que el horario es un instrumento, no una política en sí misma. El Proyecto de Ley 19 puede convertirse en un punto de inflexión hacia una atención primaria más cercana, resolutiva y humana, o terminar como un mandato bien intencionado que debilite aún más centros ya frágiles.

La diferencia no la hará el texto legal, sino la capacidad del Estado panameño de pasar del anuncio político a la planificación técnica, del simbolismo al sistema, y del horario extendido a una verdadera reforma de la atención primaria.

En salud pública, abrir más horas solo vale la pena si detrás hay un sistema capaz de responder. De lo contrario, el reloj puede avanzar, pero la salud de la gente no.