En seguimiento a mi artículo previo me refiero a la necesidad de tener un sistema de protección social universal, integral y resiliente en nuestro país.
Se trata de un asunto clave para el desarrollo y la cohesión social, particularmente pertinente para Panamá. Como sabemos, las profundas disparidades regionales y las altas tasas de pobreza en las comarcas indígenas siguen siendo un desafío significativo. Esto hace evidente la necesidad de diseñar políticas públicas mejor articuladas, adaptadas a las condiciones locales, culturalmente pertinentes y territorialmente diferenciadas.
¿De qué hablamos cuando hablamos de protección social?
La protección social es el conjunto de políticas y programas que buscan prevenir, reducir y eliminar la vulnerabilidad de las personas a lo largo del ciclo de vida. Incluye, entre otros componentes:
- Seguridad social contributiva (pensiones, riesgos laborales, salud).
- Protección social no contributiva (transferencias monetarias, pensiones sociales, subsidios focalizados o universales).
- Servicios sociales (cuidado infantil, atención a personas mayores, discapacidad, salud y educación).
- Políticas del mercado laboral (empleo, capacitación, seguro de desempleo).
Cuando hablamos de ampliar estos sistemas, no nos referimos únicamente a gastar más, sino a garantizar derechos, cerrar brechas y fortalecer capacidades estatales. Invito a complementar esta reflexión con la lectura de mis publicaciones previas sobre el tema.
Sistema de protección social universal integral y resiliente
Universal: protección como derecho, no como favor
Un sistema universal asegura que todas las personas, independientemente de su condición laboral, nivel de ingresos, territorio o pertenencia étnica, tengan acceso a un piso mínimo de protección social. Esto implica:
- Superar la fragmentación entre trabajadores formales e informales.
- Reducir la exclusión histórica de poblaciones rurales, comarcas indígenas y trabajadores por cuenta propia.
- Avanzar hacia pisos de protección social que incluyan ingresos básicos, acceso efectivo a la salud y protección en la vejez, la maternidad y la discapacidad.
La evidencia regional es clara: los sistemas excesivamente focalizados dejan personas fuera, generan estigmatización y resultan frágiles frente a crisis.
Integral: responder a riesgos múltiples y acumulados
La integralidad supone que la protección social no se limita a un solo riesgo —como la pobreza extrema o la vejez—, sino que acompaña a las personas frente a riesgos interconectados:
- Enfermedad y gastos catastróficos en salud
- Desempleo o informalidad persistente
- Vejez sin ingresos suficientes
- Sobrecarga de cuidados no remunerados
- Choques económicos, climáticos o sanitarios
Un enfoque integral exige:
- Coordinación efectiva entre sectores (salud, trabajo, educación, vivienda).
- Articulación entre programas contributivos y no contributivos.
- Sistemas de información interoperables que eviten duplicidades y vacíos.
En países desiguales como Panamá, la falta de integralidad termina reproduciendo la pobreza multidimensional que he analizado en otros espacios.
Resiliente: preparada para crisis y transformaciones
La resiliencia es quizá la lección más dura que dejó la pandemia. Un sistema de protección social resiliente es aquel capaz de:
- Escalar rápidamente ante crisis (pandemias, desastres naturales o recesiones económicas).
- Adaptarse a cambios demográficos (envejecimiento) y laborales (informalidad, trabajo en plataformas).
- Mantener financiamiento y cobertura incluso en contextos fiscales restrictivos.
Esto requiere:
- Marcos legales sólidos que reconozcan la protección social como política de Estado.
- Financiamiento sostenible y progresivo, con mejor recaudación y menor evasión.
- Capacidad administrativa, digitalización y gestión con enfoque de derechos.
¿Qué significa esto para Panamá?
Para Panamá, tener un sistema de protección social universal, integral y resiliente no implica copiar modelos ajenos, sino ordenar, integrar y fortalecer lo que ya existe, con una visión de derechos y de largo plazo.
La pregunta clave no es si el país puede hacerlo, sino si está dispuesto a asumir el costo político de reducir desigualdades reales. Esto implica enfrentar al menos tres tensiones estructurales:
- Alta desigualdad con ingreso medio-alto: el país tiene recursos, pero estos no se traducen en protección efectiva para todos.
- Fragmentación institucional: múltiples programas, poca coordinación y débil evaluación de impacto.
- Transición demográfica y crisis de la seguridad social: sin una reforma integral, la protección en la vejez y ante la enfermedad seguirá deteriorándose.
La protección social no puede seguir siendo un conjunto de parches. Debe convertirse en un sistema coherente, alineado con la agenda de salud universal, pensiones dignas y reducción de la pobreza multidimensional.
Ideas para una propuesta concreta de sistema de protección social universal integral y resiliente para Panamá
Panamá necesita avanzar hacia un sistema de protección social universal, integral y resiliente como condición para reducir la desigualdad y fortalecer la cohesión social. Esto implica:
- Establecer por ley un piso de protección social universal que garantice acceso efectivo a la salud, ingresos mínimos, protección en la vejez y atención a la niñez, la maternidad y la discapacidad.
- Integrar y ordenar los programas sociales existentes mediante un registro social único y criterios homogéneos que eviten duplicidades y exclusiones.
- Extender la protección social a trabajadores informales e independientes, con esquemas de cotización flexibles y beneficios reales.
- Avanzar en una reforma del sistema de pensiones que asegure una pensión mínima universal y sostenibilidad a largo plazo.
- Desarrollar un sistema nacional de cuidados que reconozca el trabajo no remunerado y genere empleo formal.
- Fortalecer la resiliencia del sistema mediante financiamiento sostenible, mejor recaudación y capacidad de respuesta ante crisis económicas, sanitarias y climáticas.
Conclusión
Ampliar la protección social no es solo una decisión técnica: es una opción ética y política sobre el tipo de sociedad que queremos construir.
En un país marcado por brechas profundas, la protección social universal, integral y resiliente no es un lujo: es un requisito para la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible.