Reflexiono sobre el significado para Panamá de la Declaración política de la ONU en la cuarta reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (ENT) y la promoción de la salud mental y el bienestar.

Esta declaración no es un compromiso abstracto ni una agenda externa impuesta desde fuera. Es, en realidad, un espejo que refleja con nitidez las tensiones estructurales de nuestro modelo de desarrollo y las deudas acumuladas de su sistema de salud y de protección social. Las enfermedades no transmisibles (ENT) y los trastornos de salud mental no solo concentran la mayor carga de enfermedad y mortalidad del país, sino que están profundamente entrelazados con la desigualdad social, la informalidad laboral, la fragmentación institucional y la debilidad histórica de la atención primaria de salud. Veamos con más detalles.

Un contexto que nos interpela directamente

En Panamá, más del 70% de las muertes están asociadas a ENT como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas. Esta carga no se distribuye de manera equitativa. Golpea con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, a las poblaciones rurales y comarcales, y a quienes dependen de un sistema público segmentado entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS). En ese contexto, la declaración interpela directamente al país a pasar del discurso a una transformación real del modelo de atención y de las políticas públicas.

Siete mensajes clave para Panamá

El primer mensaje que nos entrega la declaración política de la ONU, es que la prevención de las ENT y la promoción de la salud mental no pueden recaer exclusivamente en el sector salud. La declaración refuerza el enfoque de “salud en todas las políticas”, una deuda pendiente en el país. Erradicar la pobreza multidimensional, mejorar la calidad educativa, garantizar empleos dignos, fortalecer la protección social y ordenar el crecimiento urbano no son políticas accesorias: son intervenciones sanitarias de alto impacto. En un país donde la urbanización acelerada ha reducido los espacios públicos, incrementado el sedentarismo y profundizado la segregación territorial, la planificación urbana saludable deja de ser un ideal y se convierte en una necesidad urgente.

En materia fiscal y regulatoria, la declaración también plantea definiciones incómodas pero necesarias. Panamá ha avanzado de forma desigual en el control del tabaco y muestra rezagos evidentes en la regulación del alcohol, los alimentos ultraprocesados y los nuevos productos de nicotina. El uso de impuestos selectivos con fines de salud pública, alineados con la evidencia internacional, representa una oportunidad no solo para reducir el consumo nocivo, sino para generar recursos sostenibles destinados a la prevención, la atención primaria y la salud mental. En un contexto de estrechez fiscal y presión sobre las finanzas públicas, esta discusión es ineludible.

La declaración cobra especial relevancia frente a la salud mental, un ámbito históricamente invisibilizado en Panamá. El aumento de la ansiedad, la depresión, el consumo nocivo de alcohol y las conductas suicidas, particularmente entre jóvenes, expone la fragilidad de la respuesta institucional. El énfasis en despenalizar el intento de suicidio, reducir el estigma, fortalecer los servicios comunitarios y regular los entornos digitales conecta con desafíos concretos del país, donde la atención sigue excesivamente hospitalocéntrica y con recursos humanos insuficientes en el primer nivel de atención.

Otro eje central del significado de esta declaración para Panamá es el fortalecimiento de la atención primaria de salud como fundamento de la cobertura sanitaria universal. Durante décadas, el país ha invertido más en infraestructura hospitalaria que en redes resolutivas de atención primaria. El resultado es un sistema costoso, fragmentado y poco eficaz para el manejo oportuno de las ENT. La declaración exige un cambio de paradigma: expandir el tamizaje, el diagnóstico precoz, el seguimiento continuo y la atención comunitaria de la hipertensión, la diabetes, el cáncer y los trastornos mentales, integrando servicios hoy dispersos entre MINSA y CSS. Esto conecta directamente con el debate nacional sobre la integración del sistema de salud y la capacidad de resolución del primer nivel de atención.

La atención a poblaciones históricamente excluidas es otro mensaje claro. En las comarcas indígenas y áreas rurales, las ENT conviven con barreras geográficas, culturales y económicas que limitan el acceso efectivo a los servicios. La declaración refuerza la necesidad de un enfoque intercultural, de equipos de salud comunitarios fortalecidos y de tecnologías apropiadas, como la telemedicina, que acerquen servicios esenciales sin sustituir la presencia territorial del Estado.

Desde la perspectiva financiera, la declaración interpela a Panamá a enfrentar uno de sus problemas más persistentes: el alto gasto de bolsillo en salud. Las ENT y los trastornos mentales empujan a muchas familias al empobrecimiento debido a la compra de medicamentos, pruebas diagnósticas y atención especializada. Avanzar hacia mecanismos de protección financiera más robustos, compras públicas eficientes y acceso a medicamentos esenciales no es solo una cuestión técnica, sino una decisión política vinculada a la equidad y la cohesión social.

En términos de gobernanza, el mensaje es igualmente contundente. Panamá necesita planes multisectoriales ambiciosos pero ejecutables, con responsabilidades claras, presupuestos definidos y mecanismos reales de rendición de cuentas. La fragmentación institucional, la rotación frecuente de autoridades y la débil coordinación intersectorial han limitado históricamente la implementación de políticas de largo plazo. La declaración plantea metas medibles al 2030 que obligan a fortalecer la capacidad del Estado para planificar, ejecutar y evaluar.

Conclusión sobre el significado para Panamá de la declaración política de la ONU

Finalmente, esta Declaración política de la ONU significa para Panamá una oportunidad estratégica. No solo para cumplir compromisos internacionales, sino para redefinir su contrato social en torno a la salud, el bienestar y la dignidad de las personas. En un país marcado por profundas desigualdades y crecientes demandas ciudadanas, invertir en la prevención de las ENT, la salud mental y la atención primaria no es un gasto, sino una apuesta por la sostenibilidad del desarrollo, la productividad y la paz social. El desafío no es menor: traducir una hoja de ruta global en decisiones nacionales valientes, coherentes y sostenidas en el tiempo.