La doble carga de la malnutrición, que combina problemas de desnutrición y exceso de peso, constituye un desafío central en América Latina y el Caribe. Afrontarlo exige un enfoque integral, intersectorial y de largo plazo, que articule distintos ámbitos vinculados a la seguridad alimentaria, nutricional y social, y que logre mitigar vulnerabilidades estructurales.
En ese sentido comparto un resumen de las alternativas políticas que nos ofrece la CEPAL en su publicación “El costo de la doble carga de la malnutrición: principales impactos sociales y económicos en ocho países de América Latina”.
El costo de la doble carga de la malnutrición: principales impactos sociales y económicos en ocho países de América Latina
En el documento de la CEPAL incluye una síntesis de los principales resultados de los estudios del Costo de la Doble Carga de la Malnutrición realizados en Chile, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, el Perú y la República Dominicana, entre los años 2014 y 2019. Esta información es precedida por una breve reseña del contexto económico y social actual en la región y se complementa con algunas de las principales propuestas de política pública en materia de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) para alcanzar las metas del ODS 2 para erradicar la malnutrición en todas sus formas.
El trabajo realizado en cada uno de los países se enfoca en estimar los impactos sociales y económicos que resultan de la desnutrición entre niños y niñas menores de 5 años y el sobrepeso y obesidad que afecta a la población de 20 años y más. Así, se analizan las estimaciones de la cantidad de población con malnutrición en cada país y sus efectos en la morbilidad y mortalidad, el desempeño educacional, el trabajo y la productividad.
Resumen de las alternativas de políticas públicas para enfrentar la doble carga de la malnutrición
Comparto resumen algunas de las propuestas presentadas, sistematizadas de manera conjunta con alternativas que se encuentran en la agenda de discusión a nivel internacional
Un abordaje integral y multicausal
Superar la malnutrición en todas sus formas requiere políticas de “doble propósito” capaces de atender simultáneamente la desnutrición y la obesidad. La transición nutricional de la región hace inviable cualquier mirada parcial. Se necesita reconocer la naturaleza multicausal del fenómeno, influida por factores alimentarios, sanitarios, económicos, educativos, culturales y ambientales, donde la desigualdad social se erige como detonante principal. Las políticas deben entonces articular los sistemas alimentarios con la protección social, la salud, la educación y la sostenibilidad ambiental, incluyendo la respuesta al cambio climático.
Políticas estructurales y de Estado
El acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía y atención primaria de salud son condiciones indispensables. Particular relevancia tiene la atención a los primeros 1,000 días de vida, con énfasis en la lactancia materna y el cuidado del binomio madre-hijo, así como la atención a los adultos mayores. Estas acciones deben enmarcarse en políticas de Estado alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el fin de la pobreza (ODS 1) y el hambre cero (ODS 2). Erradicar la malnutrición fortalece la resiliencia económica y social, además de constituir un derecho humano y una inversión estratégica para el desarrollo
Institucionalidad robusta y sostenibilidad
Las políticas de nutrición necesitan trascender ciclos de gobierno, ya que los cambios significativos requieren incluso una o dos generaciones. Para ello se demanda un andamiaje institucional fuerte, con bases legales, coordinación intersectorial, financiamiento estable y capacidad técnico-operativa. También es crucial mejorar los sistemas de información, monitoreo y evaluación para asegurar eficiencia, efectividad y sostenibilidad. La transparencia y rendición de cuentas deben acompañar este proceso, permitiendo la participación activa de la sociedad civil en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas.
Responsabilidad individual y social
Aunque la desigualdad limita la capacidad de amplios sectores para acceder a dietas saludables, las decisiones individuales en torno a la alimentación y los estilos de vida juegan un rol complementario. Se requiere, entonces, un entorno que facilite la opción por prácticas saludables y la incorporación de la sociedad civil como garante de legitimidad y vigilancia.
Políticas específicas para integrar sistemas
Se destacan una serie de políticas concretas orientadas a fortalecer la integración entre los sistemas alimentarios, de salud, educación y protección social:
- Agricultura sostenible y diversificada: Promoción de prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente, que aumenten la producción de alimentos variados y nutritivos. Esto incluye incentivos a agricultores familiares, capacitación técnica y apoyo a sistemas cortos de comercialización.
- Producción y distribución local de alimentos: Políticas de compras públicas, mercados locales y apoyo a pequeños productores, asegurando el acceso a alimentos nutritivos en zonas rurales y urbanas.
- Investigación e innovación alimentaria: Desarrollo de alimentos fortificados y culturalmente adecuados, así como promoción de procesos de producción más saludables.
- Educación nutricional: Integrar programas en escuelas y comunidades para promover dietas balanceadas y alertar sobre los riesgos del consumo de ultraprocesados.
- Regulación de publicidad y etiquetado: Normativas que limiten la promoción de productos poco saludables, con etiquetado claro y restricciones publicitarias.
- Entornos alimentarios saludables: Disponibilidad de opciones sanas en comedores, restaurantes y quioscos, junto con el acceso a agua potable y la promoción de la actividad física.
- Fortalecimiento del primer nivel de salud: Ampliar la capacidad resolutiva de los servicios, incluyendo prevención, detección y tratamiento de la malnutrición, con enfoque de ciclo de vida.
- Vigilancia nutricional: Sistemas regulares de monitoreo del estado nutricional que permitan identificar tendencias y riesgos.
- Seguridad alimentaria y programas sociales: Suplementación, fortificación de alimentos, comedores comunitarios y transferencias condicionadas adaptadas a diagnósticos locales, priorizando niños y adultos mayores.
- Protección social a lo largo del ciclo de vida: Transferencias monetarias ajustadas para garantizar ingresos suficientes que permitan el acceso a dietas nutritivas y variadas, con un enfoque preventivo y adaptativo frente a crisis y desastres.
Retos y oportunidades de implementación
Estas políticas no están exentas de dificultades. La industria alimentaria podría resistirse a regulaciones que afecten la publicidad o el etiquetado de ultraprocesados, y los programas de protección social requieren recursos que compiten en contextos fiscales limitados. Sin embargo, estas medidas ofrecen oportunidades para alianzas público-privadas orientadas a innovar en dietas saludables, especialmente desde pequeños y medianos productores.
Beneficios a largo plazo
La implementación integral de estas políticas conlleva beneficios más allá de la salud pública. Reduce costos sanitarios asociados a enfermedades relacionadas con la malnutrición, incrementa la productividad y contribuye al desarrollo económico. Para lograrlo, se necesita decisión política firme, coordinación interinstitucional y evidencia sólida sobre los resultados, sustentada en sistemas de monitoreo y evaluación confiables.
Conclusión
La doble carga de la malnutrición es un problema complejo, pero superable. Su abordaje exige políticas públicas coherentes, integrales y sostenibles, con apoyo ciudadano, institucionalidad robusta y voluntad política. Solo así será posible garantizar el derecho a una alimentación adecuada, mejorar la calidad de vida de la población y avanzar hacia sociedades más saludables, equitativas y resilientes.
Ver publicación completa de la CEPAL aquí