Una empresa minera estatal implica administrar la mina sin firmar un nuevo contrato con la empresa concesionaria actual. Es un escenario jurídicamente complejo, pero no imposible, y puede contemplarse bajo ciertas alternativas que Panamá debería analizar con rigor.
En ese sentido comparto algunas opciones y sus implicaciones, así como algunas experiencias internacionales y los invito a complementar con la lectura de las reflexiones finales y desafíos de gobernanza y políticas públicas que nos ofrece la CEPAL en su publicación “La gobernanza de las empresas estatales en la industria minera de los países andinos”, y mi publicación previa sobre la reapertura de la mina de cobre.
Empresa minera estatal: algunas opciones
Antes de entrar de lleno en materia, vale señalar que, Panamá podría explorar la opción de establecer una empresa minera pública, como sucede en los países que nos presenta la CEPAL en su publicación. Esto nos permitiría: operar la mina directamente bajo control estatal y, por lo tanto, captar de forma íntegra los beneficios de la explotación del recurso. Sin embargo, requiere de capacidades técnicas _que no tenemos actualmente_, capital de inversión y un marco de gobernanza sólido para evitar riesgos de ineficiencia y corrupción. Veamos más detalles sobre las opciones:
Reversión de la concesión
Si el contrato anterior fue declarado inconstitucional (como ocurrió en Panamá) y no existe uno vigente, el Estado podría asumir que la concesión minera quedó extinguida y que el área y los activos pasan nuevamente al dominio público. Esto permitiría:
- Administrar directamente la operación minera a través de una empresa estatal o un fideicomiso público.
- Abrir una nueva licitación internacional bajo un marco legal revisado, sin necesidad de un contrato-ley especial.
En este sentido, Panamá debe garantizar que la reversión esté debidamente sustentada por la ley, para evitar nuevos litigios internacionales por supuestos incumplimientos o expropiación indirecta.
Administración temporal estatal
El Estado podría tomar control de la mina de manera temporal, bajo figura de intervención administrativa, para:
- Garantizar el cierre ordenado o la transición.
- Evitar daños ambientales mientras se define el futuro legal de la operación.
Esto puede justificarse como una medida de interés público, sobre todo si hay riesgos ambientales graves.
Llamado a licitación pública
Sin necesidad de firmar un nuevo contrato con la minera actual, Panamá puede convocar un proceso de licitación internacional abierto, bajo un régimen concesionario ordinario (regido por el Código de Recursos Minerales) sin dar privilegios especiales. Así se garantizaría:
- Competencia entre potenciales operadores.
- Eliminación de cláusulas desequilibradas.
Riesgos clave a considerar
- La compañía actual podría alegar expropiación indirecta y llevar al Estado a nuevos arbitrajes internacionales si considera que sus derechos fueron vulnerados.
- El Estado debe asegurar transparencia, legalidad y sostenibilidad ambiental en cualquier paso que dé.
- La administración estatal directa podría enfrentar dificultades por falta de experiencia y tecnología para operar una mina de esta magnitud.
Empresa minera estatal: implicaciones y desafíos
Legales
- Habría que garantizar que el proceso cumpla con la Constitución y las leyes (Código de Recursos Minerales) para evitar arbitrajes internacionales o demandas por expropiación.
- La empresa podría alegar violación de tratados de inversión (aunque ya haya renunciado a arbitrajes pasados).
Técnicos
- El Estado necesitaría contratar o asociarse con expertos y técnicos con experiencia en gran minería de cobre.
- Se requeriría un plan inmediato para operar y mantener la producción sin deteriorar los activos.
Económicos
- Gran inversión inicial para operar: capital de trabajo, compra de insumos, pago de salarios y mantenimiento.
- Será necesario crear un modelo empresarial, no burocrático, con objetivos de rentabilidad, sostenibilidad y responsabilidad social.
- Asegurar transparencia absoluta desde el diseño hasta la operación.
- Crear un fondo soberano que reciba los ingresos y los destine a proyectos estratégicos.
- Posibilidad de mayores ingresos para el país si se gestiona bien, pero también grandes riesgos financieros si se administra mal.
- Inversores y gobiernos podrían ver con recelo un giro radical hacia la estatalización sin mecanismos claros de respeto a la ley.
Ambientales y sociales
- El Estado quedaría como responsable directo de mitigar impactos ambientales y cumplir con las obligaciones comunitarias.
- Habría que reforzar los mecanismos de monitoreo y control para no repetir malas prácticas.
Políticos
- Requiere un consenso amplio en la Asamblea y la sociedad, porque implica un giro importante en la política minera. Un proyecto de esta magnitud debe tener apoyo mayoritario de la ciudadanía y el Estado.
- Posible resistencia de sectores que desconfían de la capacidad del Estado para administrar una empresa de esta magnitud.
- Una mala gobernanza podría traducirse en ineficiencia, corrupción o captura política de la empresa.
Reflexiones finales sobre la creación de una empresa minera estatal
La creación de una empresa minera estatal sin nuevo contrato con la compañía actual es jurídicamente posible, pero exige una hoja de ruta clara, la cual implica: aprobación de un marco legal específico, recursos humanos y técnicos calificados, financiamiento adecuado, gobernanza robusta y libre de corrupción, y legitimidad social.
El 100% de las utilidades serían para el Estado y, bien gestionado, podría convertirse en una fuente clave de ingresos para desarrollo social.
Se alinea con un modelo de soberanía sobre los recursos naturales.
Permite mayor control sobre los estándares ambientales y sociales.
La gobernanza de las empresas mineras estatales en la industria minera de los países andinos
La publicación de la CEPAL, se estructura en cuatro secciones:
- En la primera se hace una caracterización de las empresas estatales mineras de los países andinos (Chile, Ecuador y Bolivia).
- A continuación, se analiza el marco normativo e institucional de las empresas estatales en la industria minera en los tres países estudiados.
- Luego, se identifica los principales problemas y brechas de gobernanza con énfasis en los estándares e indicadores de transparencia y desarrollo sostenible en las cadenas de producción y suministro.
- Más adelante, se examina el papel que desempeñan las empresas estatales en la industria minera para la creación de capacidades tecnológicas, la innovación, la agregación de valor y los encadenamientos productivos.
Subraya la publicación que, la conveniencia de la existencia de una empresa minera estatal debe ser analizada en el marco de las estrategias y políticas públicas de los sectores minero y productivo que se diseñen en cada uno de los países de la región.
En este proceso, se debe tener claro el objetivo final: “la gestión sostenible de los recursos mineros, minimizando los impactos ambientales y sociales, usando de forma eficiente las rentas, y fomentando la transformación de recursos y capital agotables en recursos infinitos y otras formas de capital perdurable: talento humano, innovación, capacidades tecnológicas e infraestructuras”.
Los invito a su lectura completa.