Comparto resumen de los principales hallazgos de la encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y el Caribe Resultados 2025 y los invito a la lectura completa del documento.
Como señalé antes, la desconfianza se ha convertido en uno de los principales pasivos de muchos países y el nuestro no es la excepción. Desconfianza en las instituciones, en la política, en la justicia y, en muchos casos, entre los propios ciudadanos. Lo peor es que este deterioro no es abstracto: se traduce en menor inversión, más informalidad, mayor conflictividad social y una peligrosa normalización del “sálvese quien pueda”.
Resumen de los principales hallazgos
De acuerdo con la encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas en América Latina y el Caribe (ALC), los niveles de confianza en las instituciones públicas siguen siendo un desafío estructural para la gobernabilidad democrática. Solo un 35% de las personas encuestadas expresa un nivel alto o moderadamente alto de confianza en el gobierno nacional, mientras que casi la mitad (48%) manifiesta baja o nula confianza. Este resultado coloca a la región por debajo del promedio de los países de la OCDE, donde el 39% reporta confianza alta o moderadamente alta en sus gobiernos nacionales. La brecha de confianza no es menor y refleja tensiones persistentes entre ciudadanía, instituciones y procesos de toma de decisiones.
Al igual que en la OCDE, las instituciones policiales y de seguridad son las que concentran los niveles más altos de confianza en ALC, mientras que las legislaturas y los partidos políticos se ubican sistemáticamente en los últimos lugares. Un dato relevante es que los gobiernos locales inspiran más confianza que los gobiernos nacionales, tanto en ALC (37%) como en la OCDE (45%), lo que sugiere que la proximidad territorial y la interacción directa con la ciudadanía juegan un papel clave en la percepción institucional. Sin embargo, a diferencia de la OCDE, en ALC la confianza en la administración pública (32%) es incluso menor que la confianza promedio en el gobierno nacional, lo que apunta a debilidades en la gestión cotidiana del Estado.
Las brechas de confianza están menos asociadas a variables socioeconómicas o demográficas —como edad o género— y mucho más vinculadas a factores políticos y perceptuales. En particular, la percepción de “voz política” resulta determinante: el 66% de quienes creen que personas como ellas tienen influencia en las decisiones públicas confía en el gobierno nacional, frente a apenas un 21% entre quienes sienten que no tienen voz. A esto se suman las percepciones de inseguridad financiera y física, que también erosionan la confianza ciudadana.
El informe destaca la importancia de las interacciones cotidianas con las instituciones públicas. Aunque los servicios administrativos reciben valoraciones relativamente positivas (55%), persisten dudas significativas en sectores clave como educación (50%) y salud (40%). Más preocupante aún es la percepción de falta de equidad e integridad: solo el 36% cree que sus solicitudes de beneficios públicos serían tratadas de manera justa, y apenas el 31% confía en que los funcionarios rechacen sobornos. La percepción de capacidad de respuesta es algo mejor, ya que el 43% considera probable que los servicios mejoren tras reclamos ciudadanos.
Estas experiencias cotidianas influyen directamente en la confianza. La satisfacción con los servicios administrativos es el principal determinante de la confianza en la administración pública nacional y uno de los factores más importantes para la confianza en los gobiernos locales y el gobierno nacional. A ello se suma la posibilidad de expresar opiniones sobre decisiones que afectan a las comunidades.
En cuanto a la gestión de políticas complejas, los ciudadanos de ALC muestran más optimismo que los de la OCDE en temas como el equilibrio entre intereses intergeneracionales (46%), pero mayor escepticismo respecto a la preparación ante emergencias, el uso de evidencia en la toma de decisiones y la capacidad de respuesta a los aportes ciudadanos. Finalmente, la información y la comunicación también moldean la confianza: en ALC, la ciudadanía confía más en los medios de comunicación (42%) que en sus gobiernos, y valora mejor la comunicación sobre asuntos cotidianos que aquella relacionada con reformas estructurales o complejas.
En conjunto, el informe evidencia que la confianza en ALC se construye —o se erosiona— en la experiencia diaria con el Estado, en la calidad de la toma de decisiones y, sobre todo, en la percepción de inclusión, equidad y voz ciudadana.
¿Cómo mejorar la confianza en las instituciones públicas en América Latina y el Caribe?
De acuerdo con la encuesta de la OCDE, mejorar la confianza en las instituciones públicas en América Latina y el Caribe, requiere actuar simultáneamente sobre la calidad de los servicios cotidianos y la forma en que los gobiernos toman decisiones frente a desafíos complejos. El fortalecimiento de la confianza no depende solo de grandes reformas, sino de la experiencia diaria de las personas con las instituciones públicas y de la percepción de que el Estado actúa con equidad, eficacia y transparencia.
En primer lugar, resulta clave mejorar las interacciones cotidianas con las instituciones. La Encuesta sobre Confianza muestra que en ALC existe un amplio margen para elevar la satisfacción con los servicios públicos, especialmente en la administración pública y los gobiernos locales. Avances visibles en igualdad de trato, capacidad de respuesta, rapidez y adaptación a distintas necesidades, así como un uso confiable y legítimo de los datos personales, pueden contribuir de manera significativa a fortalecer la confianza.
Asimismo, los gobiernos deben reforzar su preparación ante emergencias y su capacidad para gestionar políticas complejas con base en evidencia, priorizando la equidad entre generaciones, territorios y grupos sociales. Estas percepciones influyen directamente en la confianza en el gobierno nacional y en la administración pública.
La rendición de cuentas efectiva, una gobernanza abierta y receptiva, el fortalecimiento de la integridad pública y la lucha contra la corrupción son igualmente esenciales. Finalmente, promover un entorno de medios saludable y una comunicación clara y transparente permite que la ciudadanía comprenda las decisiones públicas y sus impactos, consolidando así una base más sólida y resiliente de confianza en las instituciones.