Comparto con ustedes las ideas centrales de mi artículo sobre “los políticos que necesitamos”, publicado hoy en mi columna de opinión en La Estrella de Panamá. Advierto que no me mueve ningún interés oculto. Lo hago preocupado por el complejo panorama político que vivimos en los últimos tiempos, en el cual parece clara la lucha por el poder entre los representantes de los tres poderes del Estado, y dejaron de ser infrecuentes las denuncias sobre clientelismo y posible corrupción; lo cual opaca el buen quehacer de la mayoría de nuestras instituciones, en especial, y lo subrayo, el excelente desempeño de nuestro sector salud en la lucha por controlar la epidemia de COVID-19 que padecemos desde hace más de un año.
De entrada, tengamos claro que quienes ocupan los cargos públicos, ya sea por un nombramiento o por elección popular, son políticos, por lo que es obligado preguntarnos si son los políticos que necesitamos.
También tengamos presente que, la mayoría de ellos están afiliados a un partido político, en este caso el partido en el gobierno y, principalmente por esa razón ostentan algún cargo público, o fueron electos en las pasadas elecciones. Lo cual, en ninguno de los dos casos significa que el 100% de los panameños los escogimos, pero lo aceptamos y lo apoyamos porque es la esencia de la Democracia que respetamos, y confiamos en que los procesos de selección garanticen que los nombrados posean la idoneidad para el cargo.
Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico considera a los políticos elegidos o nombrados, como representantes de todos los ciudadanos, y responsables por el mantenimiento, la gestión, y la administración de los recursos públicos. Lo más importante es que, los políticos que necesitamos, ya sea ocupando un puesto en el Gabinete, o electo para ser diputado a la Asamblea Nacional, posean las competencias y velen por el interés general de los ciudadanos, el bien común, y se mantengan dentro de una ética profesional de servicio al pueblo y no hacia sí mismo.
En ese contexto, los políticos que necesitamos deben poseer los tres elementos obligados de la ética pública: probidad en el uso de los recursos públicos, equidad en sus modalidades de operación y eficiencia en su manejo, de manera que se logre el mayor impacto posible en el bienestar social, finalidad última del Estado. Por ende, es obligatorio comenzar nuestro ejercicio preguntándonos: ¿Han estado presentes la probidad, equidad y eficiencia en las administraciones de los últimos quinquenios? La respuesta no es fácil. No basta con afirmar cómodamente que “todo ha estado y está mal”. No es cierto, hay en el presente y hubo en el pasado, muchos ejemplos del buen gobierno que queremos.
En todo caso, los políticos que necesitamos y queremos, deben ser hombres y mujeres de bien, íntegros y honrados. Caracterizados por un actuar apegado siempre a los principios y valores de probidad. Fundamental es que su gestión se caracterice por la búsqueda de la equidad en la distribución de la riqueza nacional, lo cual no es nada fácil en un país reconocido como uno de los países con mayor desigualdad en el planeta. Finalmente, y no por eso menos importante, el desempeño de ese político que ocupa cargos públicos o es un diputado electo, debe ser eficiente y eficaz en la administración de los billones de dólares que están a disposición de nuestros gobernantes para alcanzar ese necesario bien común.
Entones, ¿qué tenemos que hacer? El objetivo para garantizar la formación y existencia de esos políticos que necesitamos, debe ser recuperar la ética de servicio público en sus dos dimensiones interdependientes: probidad y privilegiar el interés público, sobre el interés corporativo y el patrimonialismo. Para eso será necesario, entre otras cosas, la creación de un servicio civil sólido para todas las instituciones del Estado; la integración de juntas directivas con miembros no corporativos, que aporten competencias afines a cada institución; la creación de estándares de gestión, para asegurar la eficiencia de las instituciones públicas y privadas. En esencia, se trata de inducir comportamientos responsables por parte del funcionario público, y sistemas que privilegien la equidad con su complemento, la eficiencia transparente.
El quehacer de los políticos que necesitamos está claramente delineado en el actual Plan Estratégico de Gobierno, cuando incorpora como compromiso “actuar uniendo fuerzas, convocando a los panameños y lograr consensos para avanzar en esta compleja etapa de la vida nacional. Nuestro gobierno tendrá una conducta vertical contra la corrupción. Se caracterizará por la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, devolviéndole a los panameños la confianza en las instituciones”, y agrega con claridad meridiana que, “el Buen gobierno aspira a mejorar los servicios públicos con eficiencia, calidad y que la población sea atendida adecuadamente. El gobierno tiene que ser útil a todos los panameños. Las instituciones volverán a funcionar. La justicia tiene que actuar y no ocultar. No puede haber intocables, privilegiados ni impunes. La ética y la moral son los valores que guiarán la gestión pública de todos los funcionarios de nuestro gobierno”.
Nos toca a los panameños, porque ese sea el norte que oriente de manera permanente la gestión pública y que no se pierda el rumbo trazado al inicio de la gestión. Para ello deberemos superar las barreras ideológicas que nos impiden ponernos de acuerdo y desarrollar la participación inclusiva necesaria para el efectivo control social de la gestión de los políticos.
No puedes imaginar como eso és un problema serio en Brasil, estimado Jorge!
A propósito de “El quehacer de los políticos que necesitamos… ” y “…la participación inclusiva necesaria para el efectivo control social de la gestión de los políticos.” me permito transcribir un par de párrafos del artículo “Sócrates odiaba la democracia” publicado en Le Monde Diplomatique 14/02/18
https://www.eldiplo.info/portal/index.php/1851/item/1365-s%C3%B3crates-odiaba-la-democracia
“…el libro VI de la República, en diálogo con Adamantio, en donde Sócrates cuestiona el sistema electoral de la democracia griega. Hacer que las personas voten sin brindarles una educación suficiente es totalmente irresponsable y carece de cualquier justificación. Hoy en día, el sistema electoral pasa por y se funda en el marketing político en toda la acepción de la palabra, cuyo epítome es la eficacia. Esto es, entre otras prácticas, la construcción de la imagen del partido y del político consistente en el diseño y construcción de todas las estrategias necesarias para obtener votos y disminuir la imagen de los oponentes.”
“El marketing político forma parte esencial de la sociedad del espectáculo y del mundo de la opinión. Se supone que el político debe ser altamente idóneo en retórica, facilidad de palabra, de suerte que llevan a que la sociedad erróneamente crea, que si alguien que tiene facilidad de palabra es inteligente. Sócrates se revela contra esta clase de afirmaciones. Sus consecuencias son totalmente indeseables. El resultado es la demagogia, la politiquería, los populismos de todo tipo, en fin, las dictaduras de las mayorías. Al fin y al cabo las muchedumbres siempre han sido manipuladas por palabrería y todo tipo de íconos.”
En el libro VIII de la República, Platón analiza la democracia, régimen político que surge como degeneración de la oligarquía y que dará lugar, a su vez, a la tiranía.
En las “democracias” de nuestros países el crónico distanciamiento entre los intereses de la ciudadanía y los de sus representantes se ha multiplicado como consecuencia de la actual pandemia. Urge iniciar las reformas constitucionales que permitan transformar el sistema actual por una democracia representativa federalista, de tipo europeo, gobernada según los principios del parlamentarismo, con un ejecutivo ejercido por el Gabinete o Consejo de Estado y liderado por el Primer Ministro o Jefe de Gobierno. El sistema indirecto para la elección del Jefe de Gobierno garantiza el equilibrio en contra de las aspiraciones hegemónicas y el centralismo económico y de privilegio, evitando el acúmulo abusivo de la riqueza y del poder político.
Las elecciones, en fase de madurez cívica, deberían plantear a una ciudadanía bien formada e informada la opción de seleccionar entre los mejores programas de gobierno presentados por grupos políticos responsables.
Distorsiones como el proselitismo electoral centrado en personas, los aportes de grupos de interés a las campañas y la retórica tendenciosa de los líderes de opinión deberían ser proscritos y sancionados como delitos políticos.
A propósito de “El objetivo para garantizar la formación y existencia de esos políticos que necesitamos…” y del asunto “…desarrollar la participación inclusiva necesaria para el efectivo control social de la gestión de los políticos”, ambos relacionados con la profunda disfuncionalidad del sistema democrático vigente; me permito transcribir un par de párrafos del artículo “Sócrates odiaba la democracia” publicado en Le Monde Diplomatique, 14/02/18.
“…el libro VI de la República, en diálogo con Adamantio, en donde Sócrates cuestiona el sistema electoral de la democracia griega. Hacer que las personas voten sin brindarles una educación suficiente es totalmente irresponsable y carece de cualquier justificación. Hoy en día, el sistema electoral pasa por y se funda en el marketing político en toda la acepción de la palabra, cuyo epítome es la eficacia. Esto es, entre otras prácticas, la construcción de la imagen del partido y del político consistente en el diseño y construcción de todas las estrategias necesarias para obtener votos y disminuir la imagen de los oponentes.”
El marketing político forma parte esencial de la sociedad del espectáculo y del mundo de la opinión. Se supone que el político debe ser altamente idóneo en retórica, facilidad de palabra, de suerte que llevan a que la sociedad erróneamente crea, que si alguien que tiene facilidad de palabra es inteligente. Sócrates se revela contra esta clase de afirmaciones. Sus consecuencias son totalmente indeseables. El resultado es la demagogia, la politiquería, los populismos de todo tipo, en fin, las dictaduras de las mayorías. Al fin y al cabo las muchedumbres siempre han sido manipuladas por palabrería y todo tipo de íconos.”
En el libro VIII de la República, Platón analiza la democracia, régimen político que surge como degeneración de la oligarquía y que dará lugar, a su vez, a la tiranía.
En nuestra “democracia” el crónico distanciamiento entre las aspiraciones de la ciudadanía y los intereses de sus representantes se ha multiplicado como consecuencia de la pandemia.
Es un imperativo categórico aprobar reformas constitucionales que permitan transformar la “democracia” actual por un modelo democrático representativo federalista, de tipo europeo, gobernado según los principios del parlamentarismo, con un ejecutivo ejercido por el Gabinete o Consejo de Estado y liderado por el Primer Ministro o Jefe de Gobierno. El sistema indirecto para la elección del Jefe de Gobierno garantiza el equilibrio en contra de las aspiraciones hegemónicas y el centralismo económico y de privilegio, evitando el acúmulo abusivo de la riqueza y del poder político.
Las elecciones deberían convocar a una ciudadanía bien formada e informada a seleccionar la mejor opción lógica entre los programas de gobierno presentados por grupos políticos calificados.
En condiciones de pobreza creciente y con enormes rezagos sociales, la información que los partidos políticos y sus candidatos les hacen llegar a los electores para que éstos valoren su oferta de gobierno o legislativa no puede darse el lujo de complicarles la identificación del verdadero emisor de los mensajes (golpes de efecto protagonizados por dirigentes de nuevo cuño).
Distorsiones políticas como el proselitismo electoral centrado en personalidades (insignificantes y patéticas), los aportes millonarios de grupos de interés corporativo a las campañas, las ofertas partidarias populistas irresponsables, la opacidad en los debates de ideas con formato deficiente y engañoso, la venta de entrevistas y menciones de comunicadores comercializados y la retórica sectaria de “líderes” de opinión deberían ser proscritas y sancionadas como delitos electorales graves, porque dan espacio a la tiranía de mayorías incultas y desinformadas.
Podría parecer algo utópico e idealista, pero éstas, creo, son algunas de las verdaderas y trascendentes prioridades intelectuales que debe asumir la responsabilidad ciudadana para la proposición de soluciones eficaces a largo plazo.
Al diseñar el plan de acción debemos tener en cuenta que “cada pueblo tiene los gobernantes que se merece” (en nuestro caso, los peores posibles)
Gracias por tu aporte José. Hagamos pues el esfuerzo por merecernos mejores gobernantes.