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Panameños con discapacidad: hagamos que cuentenEste año el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (IDPD) es «Participación y el liderazgo de las personas con discapacidad: Agenda de Desarrollo 2030«. Se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se pedía en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se compromete a «no dejar a nadie atrás» y considera la discapacidad como una cuestión transversal en la implementación de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En los Objetivos se hace referencia a la discapacidad, específicamente en las partes relacionadas con la educación, el crecimiento económico y el empleo, la desigualdad y la accesibilidad de los asentamientos humanos, así como en la recopilación de datos y el seguimiento de los ODS.

En ese contexto, renuevo el reclamo que enuncié hace dos años en esta bitácora, pues, hasta ahora, nuestros gobiernos no han demostrado voluntad política de atender las necesidades de más de medio millón de panameños con discapacidad, limitándose a dejarlos atrás, como lo demuestra la ausencia de información actualizada sobre la situación de la discapacidad en el país, haciendo por tanto invisibles a las personas que padecen alguna discapacidad. Será la segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS 2), programada para 2020, el instrumento que brinde los datos reales de las personas con discapacidad.

Antecedentes nacionales

Recordemos que la encuesta anterior data de hace 14 años y en ese entonces se identificaron cerca de 400,000 panameños con discapacidad. A pesar de esa realidad, los voceros de la Secretaría Nacional de Discapacidad manifiestaron hace dos años que “se ha avanzado en el proceso metodológico para aplicar la medición, pero no se ha podido llevarla a cabo porque carecen del presupuesto y serán las próximas autoridades las que hagan el estudio”. ¿Cómo es posible? Por su parte la Fundación Inclusión Panamá denunció que “el estudio no se hace por falta de voluntad política, como lo refleja el hecho de que el Presidente de la República solo ha asistido a un Consejo Nacional de Discapacidad, el cual fue celebrado en 2015, y eso fue por insistencia de varios sectores…” Y eso a pesar de que en Panamá tenemos leyes y decretos vinculados a la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias, siendo la más reciente la Ley 15 del 31 de mayo de 2016. Pero en muchos casos el cumplimiento de la Ley no ha sido la norma.

Información Internacional

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 15% de la población, alrededor de mil millones de personas en todo el mundo, vive con una discapacidad. Si aplicamos estos porcentajes a Panamá estimamos que tenemos cerca de 600,000 panameños con discapacidad y es muy probable que esos panameños y panameñas sean objeto de estigma y discriminación, enfrenten barreras para la inclusión en todos los aspectos de la vida: educación, empleo, vida social y política y salud.

Por su parte Naciones Unidas nos recuerda que las personas con discapacidad son la «minoría más amplia del mundo», suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a la información o al transporte) y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados. Agrega Naciones Unidas que está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas discapacitadas, estas pueden participar activa y productivamente a la vida social y económica de sus comunidades. Por ello es necesario eliminar las barreras de la asimilación de los discapacitados a la sociedad.

Este año además, el Secretario General ha subrayado que, «a medida que el mundo se recupera de la pandemia, debemos asegurarnos de que las aspiraciones y los derechos de las personas con discapacidad se incluyan y se tengan en cuenta en un mundo pos-COVID-19 que sea inclusivo, accesible y sostenible. Esta visión solo se logrará si se consulta activamente a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan»

Tres antecedentes de cumplimiento obligatorio para ayudar a los panameños con discapacidad

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por las Naciones Unidas en 2006, pretende “promover, proteger y ase­gurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. La CDPD se hace eco de un cambio impor­tante en la comprensión de la discapacidad y en las respuestas mundiales a este problema.

El Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021, ratificado por los ministros de salud de todo el mundo, entre ellos el de Panamá, durante la 67ª Asamblea Mundial de la Salud. El Plan de acción dará un impulso considerable a los esfuerzos de los gobiernos por mejorar la calidad de vida de mil millones de personas con discapacidad de todo el mundo. Tiene tres objetivos:

  • mejorar la obtención de datos pertinentes e internacionalmente comparables sobre discapacidad y potenciar la investigación sobre la discapacidad y los servicios conexos.
  • eliminar obstáculos y mejorar el acceso a los servicios y programas de salud;
  • reforzar y ampliar los servicios de rehabilitación, habilitación, tecnología auxiliar, asistencia y apoyo, así como la rehabilitación de ámbito comunitario;

El Informe mundial sobre la discapacidad reúne la mejor información dis­ponible sobre la discapacidad con el fin de mejorar la vida de las personas con discapacidad y facilitar la aplicación de la CDPD. Su propósito es:

  • ofrecer a los gobiernos y la sociedad civil un análisis exhaustivo de la impor­tancia de la discapacidad y de las respuestas proporcionadas, basado en las mejores pruebas disponibles, y
  • recomendar la adopción de medidas de alcance nacional e internacional.

El Informe Mundial identifica como uno de los principales obstáculos para atender las necesidades de las personas con discapacidad es la “falta de datos rigurosos y comparables sobre la discapacidad y la falta de pruebas objetivas sobre los programas que fun­cionan, dificultan la comprensión e impiden que se adopten medidas” En ese sentido recomienda fuertemente “conocer el número de personas con discapacidad y sus circunstancias mejora los esfuerzos para eliminar obstáculos discapacitantes y proporcio­nar servicios que permitan la participación de las personas con discapacidad”. Sobre las encuestas, que es el tema que nos convoca, el informe dice así: “Las encuestas específicas sobre discapacidad ayudan a obte­ner información más exhaustiva sobre las características de la discapacidad, como la prevalencia, los problemas de salud asociados a la discapacidad, el uso y necesidad de servicios, la calidad de vida, las oportunidades y las necesidades de rehabilitación.

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