El Ministerio de Salud de Ecuador presentó recientemente la “Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2025”. La política es el producto del trabajo interinstitucional de los ministerios de Salud Pública, Educación, Inclusión Económica y Social; Justicia, Derechos Humanos y Cultos; con el apoyo técnico de los organismos de cooperación internacional, la sociedad civil y la academia. Busca contribuir a la prevención y reducción del embarazo en niñas y adolescentes, respetando el derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia, reconociendo la obligación del Estado de proteger a este grupo contra toda forma de violencia basada en género, incluida la violencia sexual. En ese sentido, al felicitar el compromiso y el trabajo de los ecuatorianos, comparto con ustedes la información que nos presenta la página Web del Ministerio de Salud Pública del hermano país y les invito a reflexionar sobre nuestra necesidad de aprehender esta experiencia para el beneficio de nuestras niñas y adolescentes.
La política, que es una muestra clara de la coordinación intersectorial y la participación social para la prevención del embarazo en niñas y adolescentes (que nos hace mucha falta aquí); reconoce que el embarazo en niñas y adolescentes es un grave problema de desigualdad social, salud pública y de vulneración de derechos humanos; especialmente el embarazo en niñas menores de 14 años está directamente vinculado con violencia sexual. Promueve que los adolescentes desarrollaren su pleno potencial, accedan de manera universal a servicios integrales y amigables de salud que incluyan salud sexual y salud reproductiva, asesoría e información basada en evidencia científica, así como a educación integral para la sexualidad y protección especial. La Política fortalecerá la coordinación intersectorial, la participación social y la gestión del conocimiento para la prevención del embarazo en niñas y adolescentes, así como la asignación de recursos económicos para salud, educación y protección en la niñez y adolescencia.
Al presentar la política, la Ministra de Salud ecuatoriana destacó que sus objetivos son contribuir a que los adolescentes accedan a información sobre todo en relación con sus derechos sexuales y reproductivos para que puedan tomar decisiones libres. Destacó que: “Es obligación de un gobierno responsable eliminar las barreras en el acceso a servicios de salud integrales y amigables que incluyan salud sexual y reproductiva. Es obligación del estado brindar las oportunidades para cumplir los sueños y darles herramientas para que los alcancen”.
¿Qué hacemos en el país para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes?
Mientras tanto en Panamá seguimos sin hacer lo suficiente para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes, que pone en riesgo a miles de jovencitas cada año. No ha sido suficiente con invocar valores como la familia, el amor, la educación, la fidelidad y la paternidad responsable, en los cuales, dicho sea de paso, todos creemos. Preguntémonos: ¿por qué nuestros adolescentes no se cuidan?, ¿acaso no saben que el sexo sin protección tiene consecuencias negativas?, ¿serán las presiones grupales?, ¿estarán confundidos por tantos mensajes?, ¿cómo estará su autoestima?, ¿estamos fallando los padres?, ¿Qué tenemos que hacer?, Esto no puede continuar pues cada día que pasa aumentan las posibilidades de embarazo y sufrimiento para nuestras adolescentes.
Aunque la página del MINSA de Panamá, no ofrece información actualizada sobre este grave problema de salud pública, lo cual es lamentable y preocupante; de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, los nacimientos vivos de madres menores de 19 años, llegaron a más de 116,000 embarazos en los últimos ocho años. De estos 5,000 correspondieron a niñas menores de 15 años. No menos importante es destacar que durante 2016 (informe más reciente del INEC) el 45% de los hombres que embarazaron a las niñas y adolescentes eran mayores de edad, lo que supone una violación que debe ser penalizada. Por otro lado, en el 40% de los casos no se especifica la edad, lo que puede estar ocultando una mayoría de edad. En todo caso, solo el 15% fueron hombres adolescentes, lo cual tampoco debió ocurrir.
Además, también sabemos que en Panamá, como consecuencia del inicio sexual sin protección ni conocimientos suficientes, los casos de VIH y SIDA en la población adolescente se incrementan cada año, acercándose al 8% de la totalidad. Y algunas, aunque muy pocas, es posible que fallezcan por causas del embarazo y el parto, pues como informa el Estado Mundial de la Población “las probabilidades de que las adolescentes de entre 15 y 19 años mueran debido al embarazo o el parto son dos veces superiores que aquellas mayores de 20 años”. De hecho, en nuestro país, alrededor del 20% de las muertes maternas, ocurren en madres menores de 19 años. Como si esto fuera poco, también sabemos que el embarazo adolescente es una causa recurrente en la reproducción y feminización del círculo de la pobreza.
Conclusión
Como he señalado en varias publicaciones, nuestra sociedad no supera el debate sobre la “educación sexual” versus “la educación en sexualidad” que necesitamos. Unos afirman que “no se necesita una ley” para abordar el tema, apoyándose muchos en la religión. Otros señalan la urgencia de la educación sexual apoyada en un marco legal renovado. Ambos grupos se mantienen “atrincherados en sus posiciones”, sin lograr el consenso necesario. Olvidamos que de lo que se trata es de ofrecer a nuestras adolescentes la información y el apoyo necesario para que sepan cuidarse, defenderse y tomar las mejores decisiones…
Para que esto sea posible, hay que estar dispuestos a abrirnos al debate respetuoso, superando las murallas ideológicas, religiosas, políticas y “ponernos en los zapatos” de los adolescentes. No debemos optar por suprimir libertades, esgrimiendo cada uno sus argumentos personales. “Nuestra sociedad debe ofrecer herramientas a la población adolescente y juvenil para que sepa manejarse con éxito en este mundo de libertades”.
