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Desde los Acuerdos de la Concertación hasta Panamá 2030, construyendo la institucionalidad para nuestro desarrollo.Comparto con ustedes artículo que publiqué en La Prensa, en el cual llego a la conclusión que probablemente hayamos llegado todos, de que “tenemos suficientes elementos para fortalecer los cambios y la modernización de las instituciones, implantar la transparencia y rendición de cuentas en todo el aparato estatal”. Nos está faltando vencer la apatía y velar por el fortalecimiento de nuestra institucionalidad para el desarrollo con equidad de nuestro país. Pero vayamos sin más preámbulos al artículo.

Antecedentes

Ya en el año 2008 el PNUD subrayó en su III Informe Nacional de Desarrollo Humano Panamá 2007-2008 que: “Panamá tiene la singular oportunidad de dar un salto cualitativo al crecimiento económico con equidad y de enrumbarse hacia el desarrollo humano sostenible. No obstante, debe reconocerse, actuar frente a desafíos existentes y romper con una dependencia en la senda que ha estado vigente desde la época colonial y que, además, está probando ser insostenible”. Esas afirmaciones cobran especial vigencia en estos tiempos en los que gracias al Canal Ampliado y a la reciente relación con China para la promoción del comercio y las inversiones, nuestro crecimiento económico parece ir “viento en popa”. Pero, como destacaba el mismo Informe: “¿de qué vale el crecimiento económico si el mismo no va de la mano de la equidad, la participación, la ampliación de capacidades de la población y un mayor bienestar en la calidad de vida de los panameños y panameñas?

Casi diez años después, el doctor Carlos Guevara Mann en su excelente publicación, “Panamá: Luces y sombras en torno a la institucionalidad democrática”, nos recuerda la gran tarea pendiente al manifestar que “La expansión económica, a partir de las actividades de servicios, ha creado una bonanza para algunos pero no ha logrado un mejoramiento significativo en las condiciones sociales del país. Bajo la apariencia de prosperidad se esconden situaciones de consideración que pudiesen minar la estabilidad política que ha disfrutado el país durante dos décadas de democracia. En particular, el clientelismo y la corrupción, rasgos perdurables del sistema político, menoscaban el derecho de la ciudadanía a una buena representación, coartan las aspiraciones de justicia e impiden la selección de personal idóneo para enfrentar los importantes retos que se le presentan al país”.

Sin duda, como ya señalaba aquel informe de 2008, “en la base de nuestros desafíos está la institucionalidad del Estado como tal. La pobreza, la desigualdad y la exclusión social son consecuencia de un cierto tipo de instituciones y de una cierta manera de hacer las cosas”. Y agregaba que “Por sobre los intereses particulares, debe prevalecer la visión de Estado-Nación sin la cual es impensable una auténtica democracia. Pareciera entonces claro que “superar la desigualdad, es sin duda, un gran desafío para el país” y que para ello será menester modificar el contrato social panameño que nos mantiene atados a un pasado “cuyo velo debemos romper si realmente aspiramos al desarrollo humano del país…

Acuerdos nacidos en el seno de la Concertación

Para ayudarnos a enfrentar este desafío los panameños hemos producido al menos cuatro documentos que solo esperan ser llevados a la práctica para hacer prevalecer los intereses de la población:

Los “Acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo (2007)”, en los cuales definimos “el Panamá que queremos y podemos tener”; el documento “Apoyo al Mecanismo de Verificación y Seguimiento de los Acuerdos y Metas de la CND de Panamá”, donde se pone en evidencia el lento proceso de cumplimiento de las metas, y en particular un claro retroceso en materia de: Institucionalidad, Fortalecimiento de la democracia, Transparencia, Rendición de cuentas, Eficiencia en el servicio público, Participación ciudadana. Y reitera que “persisten todavía graves debilidades estructurales que han excluido de los beneficios del crecimiento económico a un sector importante de la población”; la “Estrategia Panamá 2027”,que es el resultado final del Proceso de Revisión, Actualización y Priorización de los Acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo que se empezó en el año 2012.

Finalmente este desafío es abordado nuevamente en el “Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado “Panamá 2030”, cuando nos recuerda que la institucionalidad es un “sistema de reglas formales y no formales, que caracterizan la interacción entre las personas mediante diversos incentivos y restricciones decisivas para el desarrollo económico, social y político que alcance una nación en aras de ampliar las oportunidades y las opciones de las actuales y futuras generaciones. Es decir, la institucionalidad opera como un sistema cuyas partes interactúan y se afectan mutuamente en lo relativo a su organización, funcionamiento y resultados”. Y propone establecer criterios precisos para la asignación de recursos y la evaluación de la gestión. Subraya el documento que “cualquier proceso de cambio institucional, centrado en el incremento de la equidad y el desarrollo, requiere que funcionen las normas y que el Estado vele por el bien común, controlando las inequidades y asimetrías. Entre ellas se encuentran: representatividad (reformas electorales); profundización de la democracia (participación ciudadana); y gestión pública (servicio civil por mérito y descentralización)

Entonces, ¿qué esperamos?, ¿otro documento? Opino que tenemos suficientes elementos para fortalecer los cambios y la modernización de las instituciones, implantar la transparencia y rendición de cuentas en todo el aparato estatal. ¡Hagámoslo!

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