¿Alcanzaremos la Justicia en Panamá?

Representación gráfica de la Corte Suprema de JusticiaA partir de este lunes nuestra Asamblea tendrá por delante la patriótica tarea de ratificar o no, a dos magistradas para la Corte Suprema de Justicia, las cuales fueron propuestas por el Ejecutivo. En ese contexto consideré pertinente y necesario reiterar los contenidos del artículo que publiqué en La Prensa hace dos meses, en el cual planteaba que nos hace falta garantizar que los puestos de fiscales, jueces y magistrados sean ocupados por personas de reconocida solvencia profesional, ética y moral, y comprometidas con realizar el bien que le impone la virtud de la justicia. No tengo elementos de juicio para analizar la solvencia de las candidatas, por lo que no haré aquí juicios de valor sobre sus competencias. Solo espero que los diputados tomen en cuenta todo el contexto que rodea estos nombramientos, escuchen a la población, que es la cual se deben y cumplan con su deber de manera objetiva y desinteresada. Dicho eso, los invito a la lectura del artículo.

Antecedentes históricos en la aplicación de Justicia

Desde tiempos muy remotos los primeros filósofos observaron que muchas personas y funcionarios, son propensas a la corrupción y el irrespeto a los bienes de los demás. Por ello establecieron diferencias entre lo justo y lo legal, orientado esto último por el Derecho, el cual está expuesto a errores e inequidades, en tanto que lo justo tiene como norte lo bueno y recto. Para ellos la Justicia era un valor universal y concebían al Estado como obligado a ser justo y moral en todas sus intervenciones. En ese sentido ya Santo Tomas de Aquino concebía la Justicia como “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo’. La justicia, conjuntamente la templanza, la prudencia y la fortaleza son las virtudes cardinales, la justicia implica una cierta igualdad, como lo demuestra su propio nombre, porque se ajustan las cosas que se igualan y la igualdad es con otro”.

¿Y la Justicia en Panamá?

En el Panamá de los últimos quinquenios lo legal sí que ha estado expuesto a errores e inequidades y en pocas ocasiones ha mostrado la “perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo”, careciendo muchos de nuestros funcionarios de las virtudes cardinales que señalaba Santo Tomas. Han abundado las denuncias sobre corrupción y la incapacidad de nuestros Poderes para hacer Justicia, llegándose a afirmar que ésta, además de ciega, es altamente selectiva, dependiendo sus acciones de los intereses del mandatario de turno y el partido político en el poder; lo que ha dado origen a intervenciones apuradas y erráticas, así como acoso y abusos por parte de fiscales, jueces y magistrados, que son objeto de variopintos argumentos a favor y en contra, siempre fundamentados en los principios del Derecho, pasando por alto los defensores y detractores que la raíz de la crisis de nuestro sistema judicial está en la carencia de principios y valores éticos y morales de muchos de los funcionarios públicos tristemente notorios en este torbellino del cual no salimos y nos hunde en el desprestigio internacional.

Nuestra respuesta a lo largo del tiempo

Como esta crisis no es nueva, los panameños hemos elaborado a lo largo de los últimos quince años distintas propuestas de solución. Aunque ninguna tocó lo suficiente el incómodo asunto de la necesidad de fortalecer nuestras virtudes cardinales como necesarias para llevar una vida conforme al buen juicio a obrar correctamente, vale la pena recordar al menos tres de ellas y reflexionar sobre el potencial de éstas para ayudarnos salir de esta crisis. Los invito a revisar sus contenidos completos y comparto a continuación lo que considero medular de las recomendaciones de cada una para abordar el espinoso asunto de la Justicia. Eso sí, teniendo bien presente que la justicia como virtud es superior al Derecho y que estamos obligados a garantizar que los puestos de fiscales, jueces y magistrados sean ocupados por personas de reconocida solvencia ética y moral, comprometidas con realizar el bien que le impone la virtud de la justicia.

Desde el Pacto de Estado por la Justicia hasta el PEN Panamá 2030

Comienzo subrayando que de acuerdo la última propuesta, el PEN 2030, las dificultades para estructurar una reforma del sector justicia en el país, se deben en gran medida a la falta de consolidación de la Agenda concertada en el marco del Pacto de Estado por la Justicia, en el cual se encuentran integrados todos los sectores sociales que operan e interactúan en dicha área. Es decir, el sector justicia, en tanto pilar de la democracia y eje de la institucionalidad democrática, puede ser sometido a estudio, debate y cuestionamiento, pero ese proceso de diálogo institucional, político o académico no termina materializándose en una agenda de trabajo que permita una reforma rápida efectiva y sobre todo que sea capaz de devolverle la confianza de los asociados a la justicia.

El Pacto de Estado por la Justicia es el compromiso nacional asumido en el año 2005, por los titulares de los tres órganos del Estado, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil, con el propósito firme de reestructurar y modernizar el sistema judicial panameño, a fin de que el mismo sea independiente, transparente y eficiente. La visión de la reforma judicial planteada por el Pacto de Estado por la Justicia es tener un sistema de administración de justicia transparente, independiente y eficiente, con funcionarios judiciales idóneos e imparciales que rindan cuenta de su gestión, mediante una evaluación eficaz que permita determinar que se cumple con el debido proceso legal, mediante una tutela judicial efectiva, expedita e igualitaria que transmita confianza ciudadana en la Justicia.

En su informe final la Comisión concluyó que necesitamos para sellar un compromiso nacional de alcanzar un “Sistema de Administración de Justicia transparente, independiente y eficiente, con funcionarios judiciales idóneos e imparciales que rindan cuenta de su gestión, mediante una evaluación eficaz que permita identificar que se cumple con el debido proceso legal, sin excesivo formalismo, y con las garantías del Estado de derecho, mediante una tutela judicial efectiva, expedita e igualitaria que trasmita confianza ciudadana en la Justicia” . Para ello definieron “Áreas Prioritarias de la Reforma Judicial” y elaboraron propuestas de Resoluciones para reformar cada área a fin de alcanzar los resultados que necesita el sistema de administración de justicia. Lamentablemente este formidable documento, como muchos otros en nuestro terruño, duerme el “sueño de los justos”.

Por su parte los “Acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo” reiteraron en 2007 la necesidad de “cumplir el Pacto de Estado por la Justicia con voluntad política y responsabilidad de todos los actores comprometidos con su ejecución”. Especial importancia tiene la estrategia propuesta para recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia. “nombrar a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración y sus respectivos suplentes mediante un sistema de pre-selección que garantice participación ciudadana, excelencia e independencia del servicio de justicia”. No menos importante es el señalamiento la necesidad de una cultura ética que impregne todo el funcionamiento de la sociedad panameña como eje transversal que garantice el fortalecimiento de la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

Finalmente el “Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030”, particularmente su “Eje Estratégico Democracia, institucionalidad y gobernanza”, tomando como referencia los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, subraya los cambios más sustantivos que se plantearon sobre el sistema de justicia en el “Pacto de Estado” y propone la estrategia “Acceso a la justicia para todos”, la cual tiene como objetivo “Fortalecer la justicia expedita, transparente y acorde con la realización democrática y equitativa de los derechos ciudadanos de la población asegurando la convivencia social” y postula para la transformación del sector Justicia “la construcción de consensos y sinergias para estructurar una reforma del sector justicia en el país, mediante la consolidación de la Agenda concertada en el marco del Pacto de Estado por la Justicia”.

Entonces conciudadanos, parece que todo está escrito, busquemos en serio esos hombres y mujeres justos, poseedores de las virtudes cardinales, y alcancemos la Justicia que necesitamos.

Acerca de jorgeprosperi

Hola amigos: Tengo 67 años, soy de nacionalidad panameña, casado, con cuatro hijos. Recibí mi título de doctor en Medicina en la Universidad Nacional de Panamá, me especialicé en Pediatría en el Hospital del Niño de Panamá, luego obtuve una Maestría en Salud Pública con especialización en organización, planificación y administración de servicios de salud en la Universidad Nacional de Panamá. Realicé estudios de postgrado en gestión de sistemas y servicios de salud en la Escuela Andaluza de Salud Pública. De 1979 al 1991 desempeñé diversos cargos de dirección y coordinación en el sistema nacional de salud de Panamá, entre ellos la Dirección Médica del Hospital del Niño y la Dirección General de Salud. A partir de agosto del 1992 inicié mi carrera en la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en el Área de Políticas, Sistemas y Servicios de Salud, brindando cooperación técnica en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Venezuela y Ecuador. Posteriormente fui Representante de la OPS/OMS en Ecuador, en Nicaragua y me jubilé el 30 de noviembre de 2014, siendo el Representante de OPS en Costa Rica. Al terminar mi carrera profesional en la Organización Panamericana de la Salud, vuelvo a Panamá con la obligación personal, ética y moral de compartir conocimientos y experiencias atesoradas en estos años. Espero no defraudarlos y que mis aportes tengan valor agregado...
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