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Agujero negro2A partir del análisis de los tres elementos de la ética pública, que constituyen el contexto de nuestra democracia, planteo, por  medio de fuentes verificables,  que los últimos gobiernos han colocado al país al borde del límite crítico que amenaza con destruir nuestra paz social, bienestar y la propia democracia. Pero todavía estamos a tiempo para recuperarnos. Los invito a leer la totalidad del artículo y rechazar unidos y organizados la corrupción, los abusos y la impunidad que limitan nuestro desarrollo. Recordemos que “la falta de nuestra acción colectiva ahora, es la causa de la crisis de valores que nos agobia y será la causa del retroceso de mañana

De acuerdo a Naciones Unidas, “la corrupción impide el crecimiento económico al elevar los costos y socava la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales. Así mismo, quebranta los derechos humanos fundamentales, agrava la pobreza e incrementa la desigualdad al desviar fondos de la atención de la salud, la educación y otros servicios esenciales”.

Y agrega que “existen suficientes pruebas de que una vez que se alcanza un límite crítico, los mayores niveles de corrupción resultan en mayores niveles de violencia, impunidad e inseguridad. Por lo tanto, no puede haber una paz sostenible en una sociedad plagada de corrupción e impunidad endémicas”. Tampoco puede haber una paz sostenible cuando los que están en el poder – sea político, económico o de justicia – pueden comprar su impunidad, y no puede haber ni paz ni justicia cuando grandes grupos de personas sufren discriminación porque no pueden sobreponerse a los muchos obstáculos ilegales que les impiden gozar de sus derechos”.

A pesar de ello, los panameños nos la hemos arreglado para soportar, sin llegar a la violencia colectiva, los abusos de cometidos por nuestros gobernantes, llevándonos a ese nivel crítico que señala la ONU. Supongo que el discurso del crecimiento económico, en medio de la construcción sostenida de grandes estructuras, han sido suficientes para mantenernos aletargados disfrutando apáticos de los pequeños placeres que nos permite endeudándonos con nuestras tarjetas de crédito. No nos detenemos a pensar en la inmensa deuda externa que tendrán que pagar nuestros hijos, ni en el desarrollo que pudiéramos tener, si los recursos de esa bonanza no fueran expoliados como lo son, beneficiando principalmente el gobierno de turno, conformado la mayoría de las veces, por los millonarios de nuestra sociedad y sus aliados.

Para poner en contexto nuestra democracia, es obligatorio preguntarnos por el estado de los elementos de la ética pública que favorecen la consolidación de la democracia y examinar ¿cómo estamos en Panamá en términos de probidad en uso de los recursos públicos; equidad en sus modalidades de operación; y, la eficiencia en su manejo, de tal manera que se pueda lograr el mayor impacto posible en el bienestar social, finalidad última del Estado? Y la respuesta, salvo muy honrosas excepciones, parece ser negativa. Pero analicemos en detalle el comportamiento de éstos en el quehacer de nuestros políticos.

¿Han sido nuestros gobernantes hombres y mujeres de bien, íntegros y honrados al actuar?, o por el contrario ¿han adoptado conductas dolosas, contrarias a los principios y valores de la probidad, para su beneficio propio y resultando en graves perjuicios a nuestro patrimonio nacional? Pues basta con echarles un vistazo a los titulares de nuestros medios, para comprobar que la falta de transparencia, corrupción, clientelismo e impunidad, han estado y están presentes en el quehacer de nuestras administraciones de los últimos tiempos.

¿Ha existido equidad en la distribución de la riqueza nacional? Es evidente que no es nuestro caso. Panamá es reconocido internacionalmente como uno de los países con mayor desigualdad en el planeta. El propio Ministerio de Economía y Finanzas nos dice que aunque nuestro crecimiento económico se mantiene robusto, “la pobreza se asocia a factores relacionados con la desigualdad social y los desequilibrios territoriales, es decir, un país dividido por una economía próspera de servicios y comercio, y otra con patrones productivos de subsistencia, a pesar que en algunos casos existe potencial económico, estas áreas más rezagadas están ubicadas principalmente en las áreas indígenas, y en algunas regiones del interior del país”. Así mismo, todos los organismos internacionales coinciden en que en Panamá existe un alto grado de desigualdad, y que el crecimiento de la economía contribuirá poco a la reducción de la pobreza si no se disminuyen los altos niveles de esta desigualdad. Es claro pues que en Panamá tenemos un “robusto” crecimiento económico que beneficia principalmente a un grupo de privilegiados, y una gran desigualdad que perjudica principalmente a los más pobres y marginados de nuestro país…

Finalmente ¿ha sido eficiente la administración de los billones de balboas que han estado a la disposición de nuestros gobernantes?, es decir, ¿ha sido positiva la relación entre los logros conseguidos con un proyecto y los recursos utilizados en el mismo? Pues la respuesta también es negativa. No nos dejemos engañar con los grandes edificios, las mega-obras, como la ampliación del canal, el metro, las autopistas, la cinta costera y la calzada de Amador. En este último decenio, la pérdida de pudor de nuestros políticos, supera con creces nuestros ya penosos antecedentes. Es probado y conocido el hilo conductor de la corrupción caracterizada, entre otras, por el pago de sobrecostos por las obras, la aceptación de coimas y la confección de contratos ilegítimos. Amén del nefasto clientelismo político, colocando en muchos altos cargos públicos a funcionarios inescrupulosos sin reparos a la hora de permitir y ser parte de la apropiación de los recursos pertenecientes al pueblo panameño. En este contexto es válido destacar que más del 50% de los panameños encuestados por la prestigiosa firma Dichter y Neira, consideran como mala o muy mala la gestión de los tres Poderes del estado en 2016, mientras más del 80% consideran que el gobierno, durante todo el año 2016, se manejó con poca o ninguna transparencia.

Nunca sabremos la cuantía de los recursos malversados y qué se pudo hacer con tanto dinero y no se hizo porque sencillamente fue desfalcado. ¿Cuánta hambre se pudo haber evitado?, ¿cuánta pobreza se pudo haber erradicado?, ¿cuántas, escuelas, hospitales, obras sociales no se construyeron dejando una deuda social que cada vez es más difícil de saldar? No obstante, una apreciación objetiva de lo que podemos llevar a cabo con nuestro excedente canalero, nos la ofrece el Centro de Estudios Estratégicos en la publicación “Otra sociedad es posible”, cuya lectura recomiendo.

Esta descomposición institucional ha trascendido las fronteras y nuestro país es visto en el escenario internacional, como un país propicio para los negocios ilegales y el enriquecimiento ilícito. Las grandes potencias agrupadas en diversos organismos internacionales nos han etiquetado como “paraíso fiscal”, figuramos para nuestro descrédito en listas negativas. Francia nos mantiene en su lista de paraísos fiscales. Las Naciones Unidas, en su reporte sobre el mercado de la droga 2016, señalan vínculos entre narcotráfico y blanqueo en los Papeles de Panamá. Y como si fuera poco esto, USA nos ha colocado en su “lista de principales lugares de blanqueo de dinero”.

Es claro que las acciones u omisiones de nuestros gobernantes: “han colocado el haber moral de la República en un saldo en rojo que pone en peligro la democracia y genera un desprestigio internacional sin precedentes”. Mientras tanto la población sigue esperando que la Justicia no sea selectiva, que la Ley alcance a los verdaderos responsables, se recuperen los miles de millones de balboas que nos han robado y Panamá tome el rumbo de los principios y valores que necesitamos.

Los panameños necesitamos con urgencia romper la cultura de corrupción e impunidad, desarrollando un enfoque de gobernanza total que incluya, entre otras cosas, la creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles; el fortalecimiento del Estado de derecho, garantizar el acceso equitativo a la justicia y el acceso público a la información. En nuestro caso además abundan las evidencias que sugieren fuertemente que la capacidad de nuestro sistema para hacer justicia se ha visto afectada, por lo que necesitaremos de la cooperación internacional para ayudarnos a restablecer la confianza en el funcionamiento de los poderes del Estado.

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